El abogado Jerónimo Guerrero Iraola dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y trazó un análisis sobre las transformaciones geopolíticas, económicas y sociales que atraviesa la Argentina. En ese marco, sostuvo que las discusiones sobre la soberanía, la reforma laboral, la educación pública y la extranjerización de las tierras forman parte de una misma disputa por el futuro del país. “Estamos viviendo una transición global”, afirmó.

Al explicar el contexto internacional, Guerrero Iraola señaló que Estados Unidos y China compiten por el control de las cadenas de suministro vinculadas con el desarrollo tecnológico. “La inteligencia artificial es hoy el proyecto Manhattan del siglo XXI”, sostuvo, y agregó: “Quien domine la inteligencia artificial va a dominar el curso de este siglo”. En ese escenario, advirtió sobre el interés de las principales potencias por garantizar el acceso a minerales y recursos estratégicos.

El abogado vinculó esa disputa con las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y consideró que la Argentina ocupa un lugar dentro de una estrategia global. “Milei es un experimento global y lo que venía a hacer era a dinamitar las bases materiales y soberanas del Estado”, expresó. Según explicó, el debilitamiento de las regulaciones puede facilitar la llegada de grandes empresas extranjeras y permitirles explotar los recursos naturales sin asumir plenamente los costos sociales y ambientales.

En ese sentido, Guerrero Iraola introdujo los conceptos de dumping humano y dumping ecológico para explicar cómo las empresas pueden reducir sus costos mediante la precarización laboral y la degradación ambiental. Al respecto, cuestionó las consecuencias de una desregulación que favorezca a los grandes capitales en detrimento de las condiciones de vida de la población. “Cuando decimos desregulemos, desregulemos para qué y para quiénes”, planteó, al advertir sobre los intereses que pueden beneficiarse con esas medidas.

El entrevistado también relacionó la reforma laboral con el desarrollo de la inteligencia artificial y la instalación de centros tecnológicos en el país. Según explicó, detrás de estas actividades existe una importante cantidad de trabajo humano que puede quedar expuesto a condiciones precarias. “Vos hoy en Argentina con la reforma laboral que tenés, podés venir y montar un data center, podés venir y montar un espacio de entrenamiento de un algoritmo de inteligencia artificial, pagar chirolas a sus trabajadores”, advirtió.

En la misma línea, Guerrero Iraola defendió el papel estratégico de la universidad pública y cuestionó el desfinanciamiento del sistema educativo. Sostuvo que la formación profesional permite mejorar las capacidades productivas y las políticas públicas, además de ampliar las oportunidades de desarrollo social. “Por eso es una inversión social y no es un gasto público en la universidad”, remarcó, al señalar que el debilitamiento educativo también puede favorecer la disponibilidad de mano de obra con menores posibilidades de acceder a mejores condiciones laborales.

El fallo de la Corte Suprema y la ley de Tierras

Al abordar la discusión judicial, el abogado se refirió al fallo de la Corte Suprema relacionado con la derogación de la ley de Tierras mediante el DNU 70/2023. Guerrero Iraola explicó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata impulsó una acción para cuestionar la constitucionalidad de esa medida. Además de sus consecuencias concretas, manifestó su preocupación por la interpretación de la soberanía como un bien jurídico colectivo y por las dificultades para acceder a la Justicia en defensa de intereses comunes.

“Lo que me preocupa tanto como la derogación de la ley de tierras o como la discusión que se da en torno a la ley de tierras es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hoy esté diciendo que los bienes colectivos ameritan un examen demasiado exhaustivo para poder acceder en su defensa”, afirmó. En ese sentido, cuestionó que las exigencias judiciales puedan dificultar las demandas impulsadas por organizaciones y ciudadanos que buscan proteger bienes que consideran pertenecientes al conjunto de la sociedad.

Guerrero Iraola sostuvo que la defensa de la soberanía no puede separarse de la protección de los derechos sociales y de las instituciones públicas. Para el abogado, la salud, la educación y las condiciones laborales forman parte de una construcción colectiva que permite garantizar oportunidades más allá de la situación económica de cada persona. “La soberanía es el estado tomando decisiones estratégicas”, explicó, y advirtió que esas decisiones pueden generar condiciones para mejorar la vida de la población o profundizar su deterioro.

Finalmente, el entrevistado cuestionó la idea de que el esfuerzo individual sea suficiente para explicar las oportunidades de progreso y defendió la responsabilidad del Estado de reducir las desigualdades de origen. “El desafío del Estado no es igualar para abajo, es igualar para arriba, es eliminar las barreras que impiden a una gran parte de la población la posibilidad de ejercer los derechos igual que la de los hijos de Galperín”, expresó. Y concluyó con una definición sobre el rumbo que, a su entender, debería orientar la vida social y política: “Siempre la salvación es soberana y sobre todo colectiva”.(www.REALPOLITIK.com.ar)