Durante más de una década, Marcelo D’Agostino ocupó la subsecretaría de Justicia de Mendoza, un puesto estratégico en la relación del gobierno provincial con los tribunales. Su permanencia en el poder terminó en abril de 2026, cuando su expareja lo denunció por abuso sexual, agresiones y amenazas. Ahora, una secuencia vinculada con su arma de fuego y la renovación de su credencial incorpora un nuevo frente a la investigación.

La víctima presentó la denuncia el 10 de abril. Describió hechos de violencia física, psicológica y sexual durante una relación que ubicó entre 2021 y 2024, con hostigamientos posteriores. También sostuvo que el entonces funcionario utilizaba su posición y sus vínculos políticos y judiciales para intimidarla y desalentar cualquier presentación en su contra.

D’Agostino, que había llegado al cargo en 2015 durante la primera gobernación de Alfredo Cornejo, renunció tras conocerse la denuncia y rechazó las acusaciones. La causa quedó en manos de la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. En las actuaciones se formalizó una imputación por coacciones y tenencia de arma de uso civil condicional sin la debida autorización, diferenciada de los demás hechos denunciados.

El mismo día de la denuncia fue secuestrada una pistola Bersa Mini Thunder calibre 9 milímetros. Cinco días después, D’Agostino obtuvo la renovación de su Credencial de Legítimo Usuario de armas, conocida como CLU. La querella impulsó el pedido de la documentación que permitiría reconstruir cómo se aprobó ese trámite. La fiscalía cursó seis requerimientos y, según la última presentación, el legajo completo seguía sin aparecer en las actuaciones visibles para esa parte.

La credencial y los horarios del trámite

El informe remitido por el registro nacional consigna que la credencial fue otorgada el 15 de abril de 2026 a las 10.42. Sin embargo, en ese mismo cuadro, las validaciones física y psíquica figuran a las 11.59, mientras que la de idoneidad de tiro aparece a las 12.02.

Las dos primeras están registradas a nombre de Gustavo Daniel Pérez y la tercera, a nombre de Adrián Ramón Navarro. Es decir, el otorgamiento tiene un horario anterior al de las tres validaciones.

“Le dan a él la credencial previo a que rinda los exámenes”, cuestionó una fuente judicial, que consideró que esa secuencia evidencia una irregularidad reclamando acceder a los antecedentes de la renovación.

El informe acredita la diferencia de horarios. Para establecer si corresponden a la realización de los exámenes, a su carga en el sistema o a otra instancia administrativa resulta necesario revisar los certificados y registros originales. Precisamente, esa es la documentación que la fiscalía viene solicitando.

Al declarar el 23 de abril, D’Agostino reconoció que su credencial estaba vencida y manifestó que la había renovado inmediatamente, según recoge una presentación de la querella. El trámite informado por el organismo quedó fechado cinco días después del secuestro de la pistola.

La abogada María Elena Quintero, que lleva adelante la denuncia, pidió obtener la copia íntegra y certificada del legajo, incluidos los certificados médicos, psicológicos y de idoneidad de tiro, junto con los comprobantes de ingresos presentados.

Los requerimientos fiscales fueron cursados el 8 y 21 de mayo, 12 y 18 de junio, 1 de julio y 1 de septiembre. Los dos últimos incluyeron un emplazamiento de cuarenta y ocho horas.

Una respuesta del organismo consistió en el cuadro de una página que contiene los horarios. La fiscalía dejó expresamente asentado que esa contestación no cumplía con lo requerido y volvió a reclamar los antecedentes completos.

El 2 de septiembre, el Registro Nacional de Armas (RENAR) que dirige Juan Pablo Allan pidió una prórroga: explicó que debía solicitar el legajo al Registro General, que tenía sectores de guarda fuera de su sede central. Un mes después, la querella insistió en que la documentación no aparecía incorporada en el material al que tenía acceso.

Ante esa situación, Quintero solicitó que un ayudante fiscal se presentara en la delegación Mendoza del organismo y obtuviera los antecedentes en el acto. También pidió que se requirieran directamente a los responsables de las validaciones los documentos de respaldo, con indicación del lugar, día y hora de los exámenes.

Un arma secuestrada y una habilitación vigente

El reclamo alcanza además a las comunicaciones entre la Justicia mendocina y la autoridad nacional de armas. La resolución 480/2024 de la Procuración General provincial establece medidas específicas para las investigaciones por violencia de género en las que el presunto agresor tiene armas a su disposición.

La norma ordena procurar su secuestro aunque no hayan sido utilizadas en el hecho denunciado y su poseedor sea legítimo usuario. También dispone informar esa medida a la autoridad nacional, identificada en la resolución como ANMaC —actual RENAR—, atendiendo a la situación procesal del imputado.

Juan Pablo Allan y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. 

Sin embargo, una consulta registral del 17 de septiembre de 2026 consignó que D’Agostino tenía la CLU vigente hasta el 14 de abril de 2031, sin inhabilitaciones y sin autorización de portación. Otra comunicación incorporada a la causa indicó que no registraba pedido de secuestro de arma de fuego en la base consultada.

Las autoridades intervinientes omitieron informar lo ocurrido, lo que generó reclamos para que se investiguen responsabilidades. La respuesta registral confirma que el pedido no aparecía asentado en esa consulta. Para determinar si hubo una omisión de comunicación o de registración, es necesario verificar qué información se envió, cuándo fue recibida y si se incorporó al sistema.

La querella también puso el foco en los tres cartuchos de punta hueca calibre 9 milímetros secuestrados junto con la pistola. Su abogada solicitó informes al Tiro Federal de Mendoza para establecer si D’Agostino era socio, si ingresó al polígono y qué prácticas realizó. La institución está presidida por Rafael Escot, quien renunció a su cargo de juez en septiembre, tras quedar involucrado en la filtración de chats que fueron utilizados por la defensa del exfuncionario.

La condición de socio o usuario del polígono no está acreditada mediante registros de la institución. La referencia a sus prácticas surge de la declaración de su exesposa, la jueza Silvina Anabel Molina, quien fue nombrada en el cargo mientras D'Agostino formaba parte del Consejo de la Magistratura. La querella reclama precisar las fechas de concurrencia: señala que la credencial venció en 2010 y que la pareja se separó en 2012. Busca determinar si hubo prácticas o traslados del arma sin habilitación vigente y si esas conductas podrían configurar otro delito.

La querella también busca establecer si la munición secuestrada podía vincularse con una actividad deportiva autorizada.

Tiro Federal de Mendoza.

La fiscalía rechazó la medida. En un decreto del 11 de mayo consideró que la tenencia de los tres cartuchos no configuraría un ilícito, sin perjuicio de comunicarlo a la autoridad administrativa. La discusión involucra las restricciones sobre la munición expansiva y sus excepciones para caza o tiro deportivo.

Además, de la investigación surge un aporte de la subsecretaría de Deportes provincial al Tiro Federal que hace necesario investigar las relaciones de la institución con funcionarios mendocinos. 

La documentación pendiente corresponde a un trámite realizado inmediatamente después de una denuncia contra quien había conducido durante años el área de Justicia del gobierno mendocino. Seis requerimientos fiscales no habían alcanzado, según la última presentación de la querella, para obtener el legajo completo de una credencial que el registro seguía informando como vigente. (www.REALPOLITIK.com.ar)