La inminente definición en la cámara de baja sobre el futuro del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 ha encendido las alarmas en los sectores productivos y en el corazón de la clase media argentina. Si bien existe una narrativa que pretende vender el rechazo legislativo como un triunfo institucional, análisis técnicos como el elaborado por la consultora Zentrix hablan de otra realidad, anclada en que la caída de la norma no significará una democratización de la economía, sino un violento retroceso hacia la lógica de la intervención estatal discrecional y la asfixia del sector privado.

Aunque desde el arco político opositor se intente moderar el impacto argumentando que el núcleo laboral, energético y de privatizaciones ya está blindado por leyes posteriores como la Ley Bases, el verdadero castigo se aplicará de forma directa sobre la microeconomía y la vida cotidiana de los ciudadanos. La falta de una ley de transición que ordene el vacío normativo posterior al rechazo sumergirá de inmediato a los contratos vigentes y futuros en un limbo técnico, donde la imprevisibilidad institucional postergará inversiones estratégicas y desatará una ola inédita de litigiosidad en los tribunales.

El golpe al bolsillo urbano: alquileres y salud en jaque

Para las familias de ingresos medios, el impacto más severo e inmediato se concentrará en las ventanas de acceso a la vivienda y a la cobertura de salud médica. En el mercado inmobiliario, la potencial resurrección de las regulaciones de la Ley de Alquileres destruirá la incipiente recuperación de la oferta que se consolidó tras la desregulación. Obligar a los propietarios a absorber el riesgo inflacionario mediante plazos mínimos de tres años y actualizaciones rígidas provocará un previsible estrangulamiento del mercado formal. Los valores de entrada para los nuevos contratos se dispararán como mecanismo de cobertura, y miles de unidades habitacionales migrarán hacia la informalidad o el alquiler temporario, dejando desamparados a los jóvenes y asalariados.

El panorama en el sistema de medicina prepaga resulta igualmente desalentador. El desmoronamiento de la libertad de fijación de cuotas forzará el regreso del control estatal previo. Si bien esta medida se presentará falsamente como un freno al costo de vida, la experiencia histórica demuestra su impacto real: un atraso insostenible de los ingresos frente a los costos de los insumos médicos, que se traducirá de inmediato en un desabastecimiento encubierto de las prestaciones, cartillas médicas reducidas, proliferación de copagos y demoras críticas en la asignación de turnos. Como agravante, al anularse la libre elección de obra social desde el primer día de la relación laboral, los trabajadores perderán la autonomía sobre sus propios aportes sanitarios, los cuales volverán a quedar cautivos en las cajas de las estructuras sindicales tradicionales.

Restricciones al comercio y el regreso del dedo estatal

El informe técnico detalla que las consecuencias de la derogación traspasarán las fronteras del presupuesto familiar para golpear el financiamiento y la operatoria de las empresas. Al eliminarse la obligatoriedad de cancelar las obligaciones contractuales exclusivamente en la moneda extranjera pactada, el deudor ganará una opción de liquidación en pesos que licuará la confianza en el crédito entre privados. En un contexto macroeconómico complejo, esto implicará la parálisis total del financiamiento comercial no bancario para sectores clave como la construcción, la compra de maquinaria agrícola y la provisión de bienes de capital de las pymes.

Asimismo, la restitución de facultades discrecionales para que el Poder Ejecutivo prohíba exportaciones e importaciones por razones económicas sin pasar por el Congreso reintroducirá un severo riesgo regulatorio. Los sectores agroindustriales y las economías regionales incorporarán de inmediato esta amenaza en sus expectativas de inversión, desalentando la producción y la consecuente generación de divisas genuinas. En el plano aduanero cotidiano, el regreso de las aduanas interiores con registros obligatorios y las trabas físicas para el libramiento de cargas operarán como costosas barreras de entrada que penalizarán la logística de las empresas medianas y pequeñas.

El fortalecimiento de las corporaciones 

Lejos de promover la transparencia, el nuevo ordenamiento legal propiciará un escenario de transferencias de ingresos direccionadas a sostener estructuras corporativas obsoletas. La reimposición del régimen de Compre Argentino obligará al Estado nacional a convalidar sobreprecios en las licitaciones públicas al priorizar proveedores locales de forma obligatoria, un costo fiscal que terminará siendo financiado con los impuestos de los contribuyentes. De igual forma, el retorno del control de precios en economías como la yerbatera o los cupos obligatorios de exhibición en góndolas sumarán costos de cumplimiento que terminarán trasladándose a los precios de consumo masivo.

"La decisión final en la Cámara de Diputados colocará al país frente a una encrucijada institucional regresiva. Bajo el pretexto de defender la centralidad del Congreso, el rechazo del DNU terminará devolviendo al Estado el rol de árbitro directo y discrecional de las decisiones económicas privadas. Aquellas pymes y ciudadanos que no posean la capacidad de interlocución o gestión ante las oficinas gubernamentales quedarán desprotegidos frente a un entramado normativo confuso y una litigiosidad judicial que dinamitará la confianza institucional necesaria para cualquier proceso de recuperación económica duradera", sintetizaron desde Zentrix. (www.REALPOLITIK.com.ar)