El escenario político y social argentino consolida una marcada polarización que condiciona directamente la gobernabilidad de la administración central. De acuerdo con los datos recolectados a nivel nacional por el monitor Latam Pulse de las consultoras AtlasIntel y Bloomberg, la desaprobación al desempeño del presidente Javier Milei alcanzó el 57.2 por ciento en octubre. En contraposición, el nivel de aprobación presidencial se ubica en un 38.5 por ciento, mientras que apenas un 4.4 por ciento de los encuestados manifiesta no tener una postura definida al respecto. Esta brecha negativa se replica de manera casi idéntica al evaluar la gestión global del gobierno, donde la calificación de "malo o muy malo" cosecha el 54.2 frente a un 33.3 por ciento que la pondera como "excelente o bueno".

El desglose demográfico del estudio expone con crudeza las fracturas internas del entramado social. El rechazo hacia la figura presidencial se agudiza drásticamente entre las mujeres, alcanzando un pico del 65.8 por ciento, y se consolida con fuerza en los sectores con mayor nivel educativo superior, donde la desaprobación trepa al 66.6 por ciento. En términos de distribución territorial, las regiones del Gran Buenos Aires y la Patagonia emergen como los principales focos de resistencia a la gestión oficialista, registrando niveles de desaprobación del 67.4 y 56.8 por ciento, respectivamente. Por el contrario, el mandatario conserva sus núcleos duros de apoyo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región Centro, traccionado fundamentalmente por el segmento de votantes masculinos.

El nuevo mapa de las preocupaciones ciudadanas

En un histórico desplazamiento respecto a los meses anteriores de la gestión libertaria, la matriz de las principales preocupaciones de la opinión pública ha sufrido un vuelco estructural. La corrupción se ha posicionado como el problema más importante del país para el 50.3 por ciento de los argentinos, relegando por primera vez a un segundo plano al desempleo, que preocupa al 44.0 por ciento de los consultados.

Este reordenamiento de prioridades coincide con una paulatina desaceleración en la urgencia por los altos precios y la inflación, una problemática que, tras haber liderado cómodamente las preocupaciones comunitarias a principios de año, hoy se ubica en el cuarto escalón con el 32.2 por ciento, por detrás de la impunidad y las falencias del sistema judicial que capturan un 34.6 por ciento.

Al evaluar el balance entre los aciertos y los errores percibidos por la sociedad sobre las medidas adoptadas por la Casa Rosada, la balanza se inclina fuertemente hacia la condena de las políticas de ajuste fiscal estricto. La medida de mayor aceptación popular es la eliminación de intermediarios en la entrega de planes sociales, con un contundente 63 por ciento de respaldo.

Sin embargo, el gobierno enfrenta un masivo repudio en sus decisiones de recorte social. La reducción de la cobertura de medicamentos del PAMI lidera el índice de rechazo con un abrumador 73 por ciento de consideración como "error", seguida de cerca por la reducción presupuestaria de la Agencia Nacional de Discapacidad con un 71 por ciento y la paralización de la obra pública con un 66 por ciento. Asimismo, el veto al aumento de las jubilaciones y el desfinanciamiento del sistema universitario cosechan un elevado rechazo del 66 y 62 por ciento, respectivamente, lo que marca el agotamiento social frente a la motosierra estatal.

Desplome de la confianza del consumidor y parálisis del consumo

La persistente caída de los indicadores microeconómicos ha impactado de lleno en las expectativas materiales de los hogares. El Índice de Confianza del Consumidor elaborado por AtlasIntel expone una cruda realidad al registrar un saldo netamente desfavorable de menos 33.3 puntos tras una visualización simplificada. La brecha se vuelve especialmente dramática al analizar el Índice de la Situación Actual, el cual se desploma hasta los menos 50.3 puntos, reflejando el fuerte deterioro del poder adquisitivo en el presente inmediato de la población argentina.

Esta percepción de ahogo económico se traduce en un diagnóstico sombrío sobre la coyuntura del país. El 71 por ciento de los encuestados califica la situación económica actual de la Argentina como "mala", mientras que el 75 por ciento evalúa de igual manera las condiciones vigentes en el mercado de trabajo. En el plano estrictamente familiar, un 60 por ciento afirma que la realidad financiera de su propio hogar es mala.

El pesimismo también proyecta su sombra sobre el mediano plazo: un 55 por ciento de los ciudadanos considera que la economía nacional empeorará en los próximos seis meses. Este escenario de incertidumbre y retracción de ingresos ha congelado los planes de consumo a largo plazo, provocando que un contundente 58.5 por ciento de los argentinos manifieste que realizará "menos compras" de bienes duraderos en el corto plazo.

El balance de gestión y el fantasma del pasado

A la hora de trazar un paralelismo histórico con la administración precedente, la sociedad argentina se muestra fracturada en partes prácticamente iguales. Al ser consultados sobre si el actual gobierno es mejor o peor en comparación con la gestión de Alberto Fernández, un 45.9 por ciento afirma que la gestión de Milei es "peor", mientras que un 45.0 por ciento la considera "mejor" y apenas un 9.0 por ciento sostiene que ambas administraciones son "iguales".

Los cruces demográficos vuelven a evidenciar el sesgo socioeconómico de esta valoración, mostrando que la consideración de Milei como un presidente "peor" prevalece ampliamente en los sectores de menores ingresos familiares y entre los ciudadanos con estudios superiores completos.

Finalmente, el examen por áreas específicas de gobierno arroja saldos abrumadoramente negativos en la totalidad de las carteras ministeriales, a excepción de las relaciones exteriores y la responsabilidad fiscal que muestran los márgenes de resistencia más elevados. Las áreas vinculadas a la obra pública, la educación, la salud y las políticas de reducción de la pobreza exhiben los diferenciales netos más deteriorados, con niveles de aprobación de gestión que apenas rozan el 20 por ciento frente a reprobaciones que promedian el 58 por ciento.

El informe concluye que, tras casi tres años de un profundo cambio de rumbo macroeconómico, el capital político inicial de la administración libertaria se enfrenta al desafío de dar respuestas tangibles a una sociedad desgastada por la pérdida de empleo y el deterioro de los servicios públicos esenciales. (www.REALPOLITIK.com.ar)