La procuración General de la provincia de Buenos Aires avanzó con una millonaria contratación destinada a reforzar su capacidad para acceder, extraer y analizar información almacenada en teléfonos celulares. El organismo busca adquirir tecnología desarrollada por la compañía israelí Cellebrite, una de las firmas más reconocidas internacionalmente en investigación digital.

La operación impulsada por la gestión de Julio Conte-Grand se tramita mediante la licitación pública 2-1029-LPU26, expediente PG.SA-1189/26, y contempla la compra de 19 licencias Cellebrite Inseyets Pro, junto con los complementos UFED Cloud, Physical Analyzer y Commander, además de un denominado “pack de desbloqueos ilimitados”, todo por el término de un año.

El presupuesto estimado de la contratación supera los 672 millones de pesos. Pero el verdadero alcance de la compra aparece en las especificaciones técnicas.

PIN, biometría y fuerza bruta

El software solicitado deberá contar con herramientas capaces de abrir dispositivos protegidos mediante bypass, fuerza bruta o acceso lógico, aún cuando se encuentren bloqueados mediante patrón, PIN, contraseña o sistemas biométricos.

Además, la procuración exige que esta capacidad pueda utilizarse de manera “ilimitada” y sobre los diferentes sistemas operativos disponibles en el mercado.

Las especificaciones también contemplan técnicas más avanzadas. El producto deberá permitir extracciones físicas y lógicas, análisis de copias de respaldo y mecanismos que incluyen el aprovechamiento de “exploits autorizados” y vulnerabilidades conocidas.

En otras palabras, el ministerio Público busca incorporar una herramienta preparada no sólo para analizar información disponible en un teléfono, sino también para sortear determinadas barreras de seguridad cuando el dispositivo se encuentra protegido.

WhatsApp, Telegram, Signal e información borrada

Uno de los puntos más sensibles del pliego refiere al análisis de aplicaciones de mensajería. La herramienta deberá soportar la extracción y estudio de información proveniente de WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook Messenger, Instagram y TikTok, entre otras plataformas, incluso cuando los datos se encuentren encriptados o eliminados.

Asimismo, el sistema deberá poder recuperar mensajes, fotografías y archivos borrados total o parcialmente. El paquete también incluye herramientas para reconstruir la actividad de los dispositivos mediante datos de geolocalización, ubicaciones asociadas a fotografías y eventos, así como recorridos realizados por sus usuarios.

El software podrá además establecer relaciones entre personas, identificar comunicaciones frecuentes y construir mapas, líneas de tiempo y gráficos de conexiones, herramientas particularmente utilizadas en investigaciones criminales complejas.

Una licitación pública con la marca ya definida

La contratación presenta, además, una particularidad. A diferencia de otras licitaciones tecnológicas en las que el Estado describe determinadas prestaciones y permite competir a productos equivalentes, en este caso el propio objeto del procedimiento identifica expresamente la solución requerida: Cellebrite Inseyets Pro.

De esta manera, aunque formalmente se trata de una licitación pública, la competencia queda necesariamente restringida a empresas capaces de comercializar productos Cellebrite.

La compañía tiene origen israelí y fue fundada en 1999. En Argentina, sus soluciones se comercializan mediante canales y distribuidores autorizados. Entre ellos aparecen firmas como VEC SRL, también conocida como Video Electronic Center, y Softron, vinculadas a la comercialización e implementación de herramientas forenses de la firma.

La circunstancia introduce una pregunta relevante acerca de la competencia efectiva del procedimiento: cuántas empresas se encuentran actualmente habilitadas para ofrecer exactamente el producto exigido por el Ministerio Público bonaerense. La cuestión adquiere especial importancia tratándose de una contratación superior a los 672 millones de pesos.

El delicado equilibrio entre investigación criminal y privacidad

Este tipo de sistemas constituye una pieza central en investigaciones vinculadas con narcotráfico, trata de personas, delitos económicos, abuso infantil, homicidios y ciberdelitos. Sin embargo, su enorme capacidad tecnológica también vuelve centrales los mecanismos de control.

El pliego exige que la evidencia preserve su integridad mediante hashes criptográficos, mecanismos de trazabilidad y documentación de la cadena de custodia.

No obstante, los documentos de la licitación analizados no detallan los protocolos administrativos o judiciales específicos que deberán aplicarse para autorizar cada desbloqueo, identificar a los operadores habilitados ni auditar posteriormente el uso de las herramientas.

Una herramienta capaz de acceder a teléfonos bloqueados, reconstruir conversaciones eliminadas, rastrear movimientos y analizar redes de vínculos constituye un poderoso instrumento de investigación criminal. Y, precisamente por eso, también exige una arquitectura institucional capaz de garantizar que ese poder sólo sea utilizado dentro de los límites previstos por la ley. (www.REALPOLITIK.com.ar)