Una resolución publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires expuso una llamativa irregularidad que involucra a Bapro Medios de Pago SA, la compañía del Grupo Provincia que opera Provincia Net, y a una empresa privada de vigilancia que prestaba servicios pese a no encontrarse habilitada por el ministerio de Seguridad bonaerense.

El episodio fue detectado el 5 de octubre de 2022, aunque la sanción recién fue dictada casi cuatro años después, el 1 de octubre de 2026. Según consta en el expediente EX-2022-36892595-GDEBA-DDPRYMGEMSGP, personal policial se presentó en aquella oportunidad en un objetivo identificado como Provincia Net Pagos, ubicado en avenida San Martín 3351, en el partido de Florencio Varela.

Durante la inspección, los agentes encontraron allí a un hombre que manifestó desempeñarse como vigilador privado para Tapbei Consultora SRL. Cuando el ministerio de Seguridad consultó sus registros, constató dos irregularidades: la empresa no se encontraba habilitada como prestadora de servicios de seguridad privada y el lugar donde se desarrollaba la tarea tampoco aparecía declarado como objetivo.

El dato adquiere mayor relevancia porque el establecimiento pertenecía a Bapro Medios de Pago SA, empresa que integra el holding del Banco Provincia y desarrolla comercialmente la marca Provincia Net, hoy bajo la presidencia de Juan Ignacio Balasini.

Una empresa estatal bajo la lupa

La investigación administrativa no terminó en la empresa de seguridad. La cartera de Seguridad determinó también que Bapro Medios de Pago había contratado y utilizado los servicios de una prestadora que carecía de la habilitación necesaria para operar en territorio bonaerense.

La resolución es explícita al respecto: tuvo por acreditado que Bapro había “contratado y usufructuado” los servicios de una firma no habilitada, conducta encuadrada como infracción al artículo 20 de la ley provincial 12.297.

La compañía estatal compareció durante el procedimiento administrativo y presentó un escrito defensivo. Sin embargo, según la resolución, los argumentos aportados no permitieron desvirtuar la imputación formulada por el organismo de control. Tapbei, por su parte, no compareció en tiempo y forma para ejercer su defensa.

El caso resulta particularmente significativo por la naturaleza de Bapro Medios de Pago. No se trata simplemente de una empresa privada que contrató incorrectamente un servicio externo: Provincia Net pertenece al universo societario del Grupo Provincia, vinculado al Banco de la Provincia de Buenos Aires y, en definitiva, al Estado bonaerense.

De ese modo, una empresa del gobierno que conduce Axel Kicillof terminó siendo sancionada por el propio ministerio de Seguridad por contratar vigilancia privada prestada por una firma que no contaba con autorización de esa misma administración provincial.

Veinte años de inhabilitación

La sanción contra Tapbei fue considerable. La dirección provincial para la Gestión de la Seguridad Privada resolvió imponerle una inhabilitación de veinte años para desarrollar actividades reguladas por la ley 12.297. Además, le aplicó una multa equivalente a diez “vigías”, la unidad utilizada para calcular este tipo de penalidades, que actualmente representa 51.322.392,20 pesos.

La empresa que conduce Balasini recibió, por su parte, una multa equivalente a un vigía: 5.132.239,22 pesos. En conjunto, las multas superan los 56 millones de pesos.

El Estado bonaerense consideró probado que Tapbei había prestado seguridad privada sin habilitación y que Bapro había contratado y usufructuado ese servicio.

De “Tapbei Seguridad” a “Tapbei Consultora”

Existe además un antecedente societario llamativo. Una publicación del propio Boletín Oficial bonaerense de mayo de 2019 registra una modificación del contrato social mediante la cual una sociedad denominada Tapbei Seguridad SRL pasó a llamarse Tapbei Consultora SRL.

El dato resulta particularmente sugestivo frente a lo ocurrido tres años después: en octubre de 2022, la compañía era detectada prestando precisamente servicios de vigilancia en una instalación vinculada a Provincia Net, pese a que el organismo provincial competente determinó que no estaba habilitada para esa actividad.

El local de Provincia Net Pagos, ubicado sobre la avenida San Martín al 3351.

El contrato que todavía permanece en las sombras

La resolución permite conocer la infracción y las sanciones, pero deja abierta un interrogante acerca de cómo llegó Tapbei Consultora a trabajar para Bapro Medios de Pago. Hasta el momento no surge de la documentación publicada el procedimiento mediante el cual fue seleccionada, el monto del contrato, su duración ni quiénes autorizaron la contratación. Tampoco se desprende del expediente publicado si Tapbei prestaba servicios únicamente en el local inspeccionado en Florencio Varela o si formaba parte de un esquema más amplio de seguridad para distintas dependencias de Provincia Net.

Esas preguntas cobran particular importancia porque la vigilancia de establecimientos destinados al procesamiento de cobranzas y manejo de dinero exige controles que no resultan accesorios.

Entre las incógnitas que deja la resolución aparece una especialmente sensible: si Bapro Medios de Pago verificó, antes de contratar el servicio, que la prestadora contara con la habilitación exigida oficial. Si el certificado fue solicitado, resta conocer qué documentación presentó la empresa. Si no fue requerido, el interrogante pasa directamente al sistema de controles internos utilizado por una compañía perteneciente al Grupo Provincia.

Cuatro años para sancionar

Hay otro elemento que llama la atención: el tiempo transcurrido. La irregularidad fue constatada el 5 de octubre de 2022 y la resolución 1193 que impuso las sanciones fue dictada recién el 1 de octubre de 2026.

Es decir, el procedimiento requirió prácticamente cuatro años desde la inspección inicial hasta la decisión administrativa. El expediente publicado no permite establecer, por sí solo, si Tapbei continuó prestando servicios para Bapro durante ese período ni en qué momento cesó la relación contractual entre ambas compañías.

Detrás de una multa administrativa relativamente menor para una empresa del tamaño de Bapro queda una cuestión mucho más relevante: durante cuánto tiempo una compañía perteneciente al Grupo Provincia tuvo seguridad privada a cargo de una prestadora que, según determinó el propio gobierno de Kicillof, no estaba habilitada para hacerlo. (www.REALPOLITIK.com.ar)