La Caja de Servicios Sociales (CSS) es la obra social de los empleados públicos de Santa Cruz y, como todo organismo que administra fondos públicos, debe rendir cuentas de sus gastos ante el Tribunal de Cuentas provincial, responsable de revisar la documentación y determinar si el dinero fue utilizado y justificado correctamente.

Pero la revisión de las cuentas de 2013 tardó hasta agosto de 2025 en llegar a un fallo. Según un informe presentado ante la Legislatura, esa resolución estableció un cargo de aproximadamente 700 millones de pesos contra un responsable que no está identificado por su nombre en el informe legislativo. Ahora, un recurso busca dejar sin efecto esa obligación alegando el tiempo transcurrido y la aprobación tácita de las cuentas. 

La historia comienza durante el gobierno de Daniel Peralta, cuando la Caja estaba intervenida y su conducción dependía de una designación del Poder Ejecutivo. El funcionario elegido fue José Reinaldo Vera, nombrado mediante el decreto 002 del 4 de enero de 2012, con facultades para designar y remover autoridades de la obra social.

Boletín Oficial con la designación de José Reinaldo Vera.

Vera reemplazó a Liliana Korenfeld en medio de deudas con prestadores y problemas de cobertura. No era un recién llegado: al ponerlo en funciones, el entonces ministro de Salud, Luis Hernán Martínez Crespo, destacó que ya había sido director y conocía el funcionamiento de la institución.

Por lo tanto, las cuentas examinadas corresponden a un año en el que Peralta gobernaba y Vera conducía la Caja. Sin embargo, ese dato no permite afirmar que Vera sea la persona alcanzada por el cargo de 700 millones: el informe no la identifica por su nombre. 

La funcionaria que pasó del gobierno al control

Después de la gestión investigada, el expediente debía avanzar dentro del Tribunal de Cuentas. Allí aparece María Matilde Morales, quien en 2017 dejó la secretaría Legal y Técnica del gobierno de Alicia Kirchner para convertirse en vocal del organismo de control. 

El informe presentado ante Diputados ubica la revisión de las cuentas de la Caja dentro de la jurisdicción de Morales. Según ese documento, el segundo informe de auditoría estaba terminado a comienzos de 2021, pero no se emitió el voto que debía impulsar la resolución, pese al plazo legal de quince días. El fallo llegó el 27 de agosto de 2025.

La demora atravesó el final de la gobernación de Alicia Kirchner y continuó después de que Claudio Vidal asumiera, en diciembre de 2023. El cambio de gobierno no produjo una resolución inmediata del trámite. 

Informe presentado ante la Legislatura en septiembre de 2026.

La documentación faltante y el reclamo por prescripción

Las vocales Gabriela Castro y Luciana María Villafañe, firmantes del informe elevado a la Legislatura en septiembre de 2026, también señalaron posibles alteraciones en el expediente: cambios aparentes de fojas, problemas de numeración y la ausencia de la foja 588. Allí estaba el llamado de “autos para fallo”, que permitía establecer desde cuándo corría el plazo para emitir el voto.

La importancia de esa documentación está vinculada con el conflicto actual. Tras el fallo que estableció el cargo millonario, se presentó un recurso de revisión que invoca prescripción y aprobación tácita. Es decir, pretende que el paso del tiempo tenga consecuencias favorables para quien debe responder por las cuentas. 

Nómina oficial actual del Tribunal de Cuentas.

Morales sigue en funciones

Los cuestionamientos también llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Una publicación del 3 de octubre, que cita información de Mediática Digital, informó que Morales había sido notificada de una denuncia por presuntas demoras reiteradas, negligencia e irregularidades documentales. Las actuaciones tramitan bajo el expediente 2044/26. Según esa información, todavía estaba pendiente resolver si correspondía admitir el pedido de enjuiciamiento. 

Aunque pasaron los años, los actores siguen merodeando la política provincial y nacional. Morales continúa como vocal del Tribunal de Cuentas, tal como figura en la nómina oficial. Peralta, gobernador durante el ejercicio investigado, hoy es diputado provincial; Alicia Kirchner, por su parte, ocupa una banca en el Senado de la Nación. 

Muy a pesar del paso del tiempo, el expediente reúne así dos problemas que deben esclarecerse: los gastos de la obra social y la actuación de quienes tenían que controlarlos. La revisión tardó más de una década, terminó con un cargo millonario y ahora enfrenta un recurso basado en esa misma demora, mientras una de las funcionarias cuestionadas sigue dentro del organismo encargado de fiscalizar los fondos públicos. (www.REALPOLITIK.com.ar)