El intendente radical de la municipalidad de Lobería, Pablo Barrena, consiguió una reducción de la multa, pero no que el Tribunal de Cuentas bonaerense lo eximiera de responsabilidad por las irregularidades detectadas en las cuentas municipales de 2024. El organismo mantuvo sanciones contra el jefe comunal y tres integrantes de su administración: quedaron sin subsanar un desajuste de 133.399.347,61 entre categorías de fondos y observaciones sobre la contratación y los gastos de una bicisenda.
La resolución 557/2026, del 24 de septiembre, revisó las multas impuestas mediante el fallo 777/2025, del 11 de diciembre de 2025. Barrena había sido sancionado con 300 mil; la secretaria de Economía y Hacienda y responsable del Sistema de Presupuesto, María Magdalena De Noia; la contadora municipal, María Laura Toce; y el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Roberto Daniel Masón, con 280 mil cada uno. Ahora deberán pagar 263 mil por persona: 1.052.000 en total.
Uno de los puntos que la gestión de la Unión Cívica Radlcal (UCR) no logró cerrar fue la diferencia entre sus registros y el respaldo bancario al finalizar 2024. El municipio contabilizaba 134.090.567,94 en fondos afectados, destinados a fines específicos, pero las cuentas bancarias correspondientes tenían 691.220,33.
La contrapartida aparecía en los fondos de libre disponibilidad: los registros municipales indicaban 684.900.819,62, mientras que el saldo bancario ascendía a 818.300.167,23. Los fondos de terceros coincidían en 89.277.652,16. El total general también coincidía, en 908.269.039,72: la observación no describe dinero desaparecido, sino una diferencia de clasificación y respaldo que el gobierno local no consiguió justificar documentalmente.
Toce atribuyó la situación a una “omisión operativa” por transferencias que no se realizaron al cierre. Barrena sostuvo que se trataba de cuestiones operativas y registrales, sin perjuicio para el municipio. El Tribunal mantuvo el reparo porque no se aportaron constancias de los ajustes posteriores que permitieran verificar la conciliación.
La primera etapa de la bicisenda tenía un presupuesto oficial de 284.371.969,23 y un plazo de ejecución de 24 meses. El control detectó que no se había remitido el acto administrativo que autorizara a las cooperativas La Hermandad Loberense Ltda. y Bacheo y Hormigón Armado Lobería Ltda. a ejecutar los trabajos, con la proporción y los montos correspondientes a cada una. Los contratos establecían precios por ítem, pero no un importe total.
También aparecieron diferencias entre las imputaciones al programa y los certificados individuales. En cuatro operaciones fueron de 2.615.418,66, 2.122.135,40, 1.101.100 y 1.281.280. Los funcionarios las atribuyeron a regularizaciones omitidas.
En otras operaciones reconocieron gastos correspondientes a una obra de BMX en la escuela Nro. 5. Las diferencias corregidas de dos registros, de 1.110.555,66 y 1.721.589,50, sumadas a otra de 300.300, totalizaban 3.132.445,16, compensados mediante una regularización. También admitieron que se habían descontado incorrectamente 5.291.885 imputados a la bicisenda. Las explicaciones no alcanzaron para levantar el reparo.
La administración sí presentó los certificados de diciembre por 2.346.534,50 y 958.810 con las firmas exigidas. Esa observación fue cancelada.
Otro punto subsanado involucraba recursos para 32 viviendas. Según el fallo, en 2023 se utilizaron 53.483.945,38 de ese fondo para cubrir pagos en exceso de otro rubro, identificado como el Programa Especial de Emergencia Educativa. Al cierre de 2024 seguían pendientes de regularización 8.042.947,02, restituidos mediante movimientos de 2025 que el Tribunal verificó.
Esas correcciones permitieron reducir las multas, aunque persistieron incumplimientos que comprometieron a la conducción política y económica del municipio. El fallo fija 90 días para depositar los importes y contempla la posibilidad de que los sancionados recurran a la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)