Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa la gestión de los contenidos producidos y contratados por el Estado nacional entre 2017 y 2020 y detectó una sucesión de irregularidades administrativas, mecanismos excepcionales de contratación, falta de documentación, incumplimientos de plazos y ausencia de sanciones a proveedores.

La auditoría alcanzó al entonces Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y a su continuadora, la secretaría de Medios y Comunicación Pública -durante las gestiones de Jorge Miguel Grecco y Juan Francisco “Pancho” Meritello-, además de las empresas estatales Contenidos Públicos SE, Radio y Televisión Argentina SE y Télam SE. El organismo tenía bajo su órbita la producción y distribución de contenidos oficiales y la administración de buena parte de los medios públicos nacionales.

El universo examinado fue significativo. La AGN identificó 3.868 contrataciones no vinculadas a convenios, de las cuales seleccionó una muestra de 213 expedientes. Además, analizó la totalidad de los 48 convenios de colaboración e interadministrativos informados durante el período auditado.

Casi nueve de cada diez contrataciones por mecanismos excepcionales

Uno de los principales hallazgos se concentró en las contrataciones realizadas directamente por el Sistema Federal de Medios y la secretaría que lo sucedió.

Durante el período auditado se registraron 3.574 contrataciones de contenidos por un total cercano a los 592,7 millones de pesos de la época. Sin embargo, apenas 391 fueron canalizadas mediante los procedimientos ordinarios contemplados por el régimen general de contrataciones.

Otras 1.129 operaciones fueron realizadas mediante fondo rotatorio y 2.054 fueron encuadradas como “legítimo abono”. En conjunto, ambos mecanismos representaron casi el 89 por ciento de las contrataciones registradas.

El legítimo abono resulta especialmente sensible porque no constituye un procedimiento ordinario de contratación. La propia AGN explicó que se utiliza para cancelar bienes o servicios que ya fueron efectivamente prestados pese a que la contratación no había sido perfeccionada regularmente.

El organismo de control advirtió que la utilización de ese mecanismo supone omitir los procedimientos de selección establecidos por la normativa y compromete principios como la igualdad, concurrencia, transparencia, publicidad y eficiencia.

Incluso detectó expedientes que eran iniciados recién después de que el servicio había sido prestado y comprobantes de pago incorporados hasta cien días después de la prestación. El propio informe concluyó que este circuito informal aumentó la discrecionalidad en la elección de proveedores y debilitó los controles destinados a garantizar la competencia.

Algo similar ocurrió con los fondos rotatorios. La normativa permite su utilización de manera excepcional ante situaciones de urgencia debidamente justificadas. Sin embargo, la AGN sostuvo que en ninguno de los expedientes de fondo rotatorio que integraron la muestra estaban incorporadas las razones de urgencia que justificaran su utilización.

Entre los beneficiarios que aparecen en la muestra se encuentran artistas individuales y distintas empresas vinculadas con la producción de espectáculos y eventos desarrollados principalmente en el otrora denominado Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis.

Figuran, entre otras, Mainasal SRL, Congress City SRL, SIVE Group SA, Cinco Yardas SRL, Unlock Entertainment SRL y QDM SRL.

Productoras demoraron entregas y no fueron sancionadas

Otro de los capítulos más comprometidos corresponde a Contenidos Públicos Sociedad del Estado, empresa responsable, entre otras funciones, de gestionar señales como Encuentro, Pakapaka y DeporTV.

La AGN examinó los contratos, expedientes y cronogramas de producción y descubrió que 43 de los 54 casos relevados presentaban incumplimientos en los plazos acordados, es decir, aproximadamente el 80 por ciento.

El atraso promedio alcanzó los 205 días hábiles, equivalentes a unos 285 días corridos, mientras que en el 21 por ciento de los casos las demoras superaron incluso los 365 días hábiles.

Pese a esos incumplimientos, la auditoría no encontró ninguna intimación ni aplicación de medidas correctivas o penalidades contra los proveedores.

Además, en el 28 por ciento de los expedientes no constaban siquiera las facturas correspondientes, aunque los desembolsos sí habían sido efectuados después de que la empresa pública certificara las entregas.

La muestra de Contenidos Públicos incluye contratos con numerosas productoras y realizadores audiovisuales. Entre ellas aparecen Underground Producciones SA, contratada para contenidos vinculados a El Marginal; El Perro en la Luna SRL, responsable de producciones de Zamba; Cactus Cine SRL, Pura Vida TV SRL, Macaco Films SRL, Malabar Producciones SRL, Sinapsis Consultora SA, Noslos SRL, Filmic SA y otras compañías del sector audiovisual.

Télam: contratos de publicidad sin intervención documentada de la Secretaría

La auditoría también detectó problemas en el circuito utilizado por Télam SE durante 2020, durante la gestión de María Bernarda Llorente. Ese año, la agencia estatal suscribió dos convenios y una adenda con la secretaría de Medios que derivaron en cuatro contrataciones destinadas a la producción de contenidos publicitarios.

El procedimiento establecía que la secretaría debía emitir las órdenes de servicio, aprobar los presupuestos, dar conformidad a las piezas creativas y finalmente autorizar la facturación.

Sin embargo, al revisar los expedientes, la AGN no encontró constancia de la orden de servicio ni de las intervenciones posteriores de la Secretaría para aprobar los costos y las piezas publicitarias.

María Bernarda Llorente.

TV Pública: contratos sin documentación sobre su ejecución

La situación detectada en Radio y Televisión Argentina SE, responsable de la TV Pública y Radio Nacional, presenta otro patrón.

Los expedientes examinados contaban, en general, con la documentación inicial necesaria para celebrar las contrataciones: justificación, encuadre jurídico, antecedentes del proveedor y contratos. Pero la trazabilidad prácticamente desaparecía cuando comenzaba la ejecución.

La AGN constató que el 87 por ciento de los expedientes no contenía documentación que acreditara la ejecución o el cumplimiento de los contratos, mientras que en otro 87 por ciento tampoco aparecían constancias de los pagos dentro de los expedientes analizados.

En ningún caso aparecía documentado el seguimiento de las contrataciones y tampoco existían registros de sanciones ante eventuales incumplimientos. Apenas el 10 por ciento de los casos permitía determinar con claridad el estado final de las actuaciones.

La lista de contratistas incluye a numerosas productoras audiovisuales, varias de las cuales aparecen reiteradamente. Entre ellas figuran Kapow SA, Mandrila SRL, Mainasal SRL, Gropius Entertainment SRL, Productora de Contenidos SRL, Epsilon Consulting Group SRL, El Oso Producciones SRL, A Latina SRL, More Televisión SA, Comando TV SA y GMB Contenidos SRL.

Finalmente, vale destacar que varias de ellas fueron contratadas en más de una oportunidad. Mainasal, por ejemplo, aparece en distintos contratos de RTA; Epsilon Consulting Group registra varias contrataciones entre 2019 y 2020 y Kapow aparece en ejercicios diferentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)