El dinero salió de la municipalidad de Roque Pérez para combatir plagas del agro, pero su utilización no quedó debidamente acreditada. El Tribunal de Cuentas bonaerense mantuvo un cargo patrimonial de 3.111.458 contra responsables de la administración municipal, por transferencias a la Sociedad Rural local. La resolución también confirmó multas al exintendente José Luis Horna y a Maximiliano Oscar Sciaini, quien durante el ejercicio examinado presidía el Concejo Deliberante.

El fallo, fechado el 24 de septiembre de 2026, revisa las sanciones sobre las cuentas de 2021, cuando la intendencia estuvo a cargo de Horna y Juan Carlos Gasparini en distintos períodos. Su alcance político llega hasta la conducción actual: Sciaini, hoy intendente y referente del Frente Renovador, conserva una multa de 40 mil pesos por su actuación al frente del cuerpo legislativo, distinta del cargo por las transferencias a la entidad rural. 

La Sociedad Rural y los comprobantes rechazados

El núcleo del reclamo económico son dos órdenes de pago: una del 13 de agosto de 2021 por 1.690.391,29 y otra del 17 de diciembre por 210.120,98, correspondiente a una parte de esa operación. Los fondos fueron transferidos a la Sociedad Rural de Roque Pérez para el fondo de lucha contra las plagas, con la obligación de rendir su utilización.

El esquema tenía una fuente específica de financiamiento: el 5 por ciento de lo recaudado por las cuotas dos a seis de la tasa de conservación, reparación y mejorado de la red vial municipal. Una ordenanza autorizaba a la comisión de lucha contra las plagas a facultar a la Sociedad Rural para retirar esos recursos en su representación.

Cuando el Tribunal pidió las rendiciones y documentación respaldatoria, no obtuvo inicialmente las respuestas requeridas. Durante la revisión, los funcionarios presentaron resúmenes bancarios y comprobantes de la propia entidad rural.

Allí apareció el problema central. Para justificar combustibles, lubricantes, reparaciones, venenos y tratamientos contra cotorras y acacia negra, aportaron comprobantes emitidos por la misma Sociedad Rural que había recibido el dinero, por 1.701.003,10 y 1.177.477,50. El organismo de control los rechazó: el respaldo debía provenir de los proveedores que vendieron los productos o prestaron los servicios.

El Tribunal reconoció gastos bancarios e impuestos por 4.956,10 y 27.822,31, pero quedaron sin acreditar 1.685.435,19 de la primera transferencia y 182.298,67 de la segunda. Tampoco se presentó debidamente documentada la orden de pago 5740.

La revisión redujo el cargo original de 3.163.174,10 a 3.111.458. De ese total, la contadora municipal María Luján Olgiati debe responder por 2.827.075, y por otros 284.383 en solidaridad con el tesorero Fabio Alejandro Sosa.

Gasparini estaba originalmente alcanzado por ese cargo. Sin embargo, el Tribunal extinguió la acción respecto de él por su fallecimiento, ocurrido el 28 de junio de 2025, antes de que la decisión quedara firme. También declaró extinguida su multa de 80 mil pesos. Esa determinación no subsanó las deficiencias de la rendición.

Multas y fallas que exceden las transferencias

El fallo mantuvo multas de 80 mil a Horna, 40 mil a Olgiati y 40 mil a Sciaini. Asimismo, confirmó amonestaciones a la subsecretaria de Hacienda y responsable de Presupuesto, Corina Gabriela Pette; al encargado de Personal, José Alberto Correa, y a la presidenta del Concejo durante el tramo final de 2021, Gladys Noemí Yorio.

Las observaciones describen problemas en distintas áreas. El municipio contrató tareas habituales —entre ellas talleres, organización de archivos y edición de videos— mediante figuras reservadas para servicios extraordinarios. La defensa invocó la legislación de empleo municipal, pero el Tribunal sostuvo que las funciones examinadas eran recurrentes y, en algunos casos, continuaban desde el año anterior.

Municipalidad de Roque Pérez.

También confirmó que se pagaron bonificaciones habituales sin aportes ni contribuciones al IPS y al IOMA, bajo una denominación no remunerativa destinada a indumentaria y traslados. Para el organismo, esa denominación no eliminaba la obligación de efectuar los descuentos y contribuciones correspondientes.

En materia presupuestaria, mantuvo observaciones por extralimitaciones de 43.003.007,20: 40.214.868,89 del Ejecutivo y 2.788.138,31 del Concejo. Faltaba una ordenanza que aprobara o rechazara esos excesos. El fallo aclaró que no hubo desequilibrio fiscal, por lo que esa cifra no constituye un faltante de dinero.

A ello se sumaron diferencias contables por 4.021.061,72, provenientes de ejercicios anteriores. Las autoridades informaron una restitución de 3.341.710,85 al Fondo Educativo y la utilización de 679.350,87 para restaurar la plaza San Martín de Carlos Beguerie con recursos de otra cuenta. Sin embargo, no acreditaron las regularizaciones contables necesarias.

El Tribunal reconoció parcialmente el planteo de Yorio respecto del presupuesto: no correspondía responsabilizarla por una demora producida antes de que presidiera el Concejo. Su amonestación permaneció por las restantes observaciones.

La resolución deja así responsabilidades distribuidas entre el Ejecutivo, las áreas de control interno y el deliberativo. El cambio de autoridades no cerró la revisión de aquellas cuentas: el actual intendente conserva una sanción por su función de entonces y los responsables contables deben responder por fondos cuya utilización no se acreditó debidamente. El fallo fijó un plazo de 90 días para depositar los importes y contempló la posibilidad de impugnación ante la Justicia contencioso administrativa. (www.REALPOLITIK.com.ar)