Virginia Aparicio, científica investigadora del INTA y del CONICET, junto a su abogado Mario Bolla, denunciaron en RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) actos de persecución administrativa, censura y amenazas de exoneración institucional tras la publicación de las conclusiones del proyecto europeo Sprint, un estudio internacional que confirmó la presencia masiva de cócteles de plaguicidas en el ambiente, en los alimentos y en el cuerpo humano.

"Estamos expuestos no solo a glifosato, sino a un cóctel de plaguicidas. Esto es relevante desde el punto de vista de la salud pública, porque muchos de estos productos producen cáncer, Alzheimer y afecciones respiratorias o digestivas", advirtió Aparicio al detallar que en los muestreos locales y de diez países europeos se analizaron más de 200 sustancias químicas.

Censura institucional y retiro de la investigación

El abogado Mario Bolla cuestionó que el organismo agropecuario haya intentado silenciar las conclusiones científicas y desvincularse del consorcio internacional en lugar de utilizar la evidencia para promover buenas prácticas ambientales. "El INTA aprobó el proyecto en 2020 sabiendo cuál era el objetivo. Sin embargo, al momento de revelar los resultados, decidieron censurar a Virginia, suspender las reuniones e iniciarle un sumario administrativo", sostuvo el letrado.

Asimismo, remarcaron que diversos agroquímicos comercializados y aplicados habitualmente en la agricultura argentina se encuentran estrictamente prohibidos en Europa y otros países de la región. "Se encontraron más de 40 plaguicidas en el polvo de los hogares y presencia constante en el aire y en los alimentos diarios. La investigación demostró una realidad grave que la conducción del organismo prefirió negar", agregaron.

Acompañamiento ciudadano y marco legal ambiental

Durante la entrevista, Bolla subrayó que el accionar de las autoridades contraviene la ley nacional 27.566 del Acuerdo de Escazú, la cual obliga al Estado argentino a garantizar el acceso a la información ambiental y la protección de los defensores de la naturaleza. "Virginia cuenta con una trayectoria de 22 años sin sanciones y más de 300 publicaciones. En lugar de ser reconocida por su aporte a la salud de la población, es perseguida", afirmó.

Por último, señalaron que la comunidad científica y ambiental organizó colectas de firmas nacionales e internacionales para frenar la sanción contra la investigadora. "Yo soy empleada del Estado y vivo de mi sueldo. Mi único interés es seguir investigando para aportar datos certeros a la sociedad y defender la salud pública", concluyó Aparicio. (www.REALPOLITIK.com.ar)