El gobierno de Javier Milei quedó frente a una contradicción difícil de administrar: su principal aliado internacional pidió terminar con el mandato del Comité Especial de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas, uno de los espacios donde la Argentina sostiene más fuertemente su reclamo por las islas Malvinas. Cuando le preguntaron por la iniciativa estadounidense, el vocero Adrián Ravier respondió: “Está en análisis”. La frase dejó al descubierto la ausencia de una defensa pública clara de una herramienta diplomática que el país necesita preservar.

La ofensiva de Donald Trump contra el comité responde a una discusión más amplia sobre el funcionamiento, los gastos y la utilidad de la ONU. Interpretarla exclusivamente como una maniobra contra la Argentina achica el problema. Washington puede actuar por sus propias prioridades y, al mismo tiempo, perjudicar el reclamo argentino y favorecer al Reino Unido. Precisamente por eso, la cercanía política con la Casa Blanca exige una evaluación de intereses que la identificación ideológica no reemplaza.

Trump sigue su agenda y Londres obtiene una ventaja

El planteo estadounidense, formulado el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión y difundido ampliamente este lunes, cuestionó la continuidad del Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24. La representación norteamericana sostuvo que el organismo había perdido su propósito original y objetó la repetición de sus debates y los recursos destinados a sus actividades.

El argumento encaja con la concepción que presenta a los organismos multilaterales como estructuras costosas, burocráticas y de escasa utilidad. Desde esa perspectiva, impulsar el cierre del comité tiene coherencia con la agenda de Trump. El problema argentino aparece cuando el gobierno libertario comparte esa descalificación general, pero necesita que una parte de esa misma estructura continúe funcionando para sostener una política de Estado.

Para Londres, la eventual desaparición o pérdida de capacidad del C-24 representaría una ventaja: reduciría un ámbito de exposición internacional de las situaciones coloniales pendientes. Diez de los diecisiete territorios no autónomos incluidos en la agenda del organismo están bajo administración británica, entre ellos Malvinas. El Reino Unido concentra, por lo tanto, cerca del 59 por ciento de esa lista.

El comité no tiene capacidad para obligar al Reino Unido a negociar ni para disponer una transferencia de soberanía. Su importancia reside en mantener abierta la cuestión, permitir intervenciones y sostener pronunciamientos internacionales. Para la Argentina, perder ese espacio implicaría resignar una herramienta de presión diplomática frente a una potencia que conserva el control efectivo del territorio.

El beneficio británico puede producirse aunque la motivación principal de Washington sea presupuestaria. Una política exterior profesional debe anticipar esa diferencia entre las intenciones de un aliado y las consecuencias de sus decisiones.

Naciones Unidas, Nueva York.

El comité puede debilitarse sin desaparecer

La eliminación formal del C-24 depende de una decisión de la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos no puede clausurarlo por una orden presidencial y el asunto tampoco se resuelve mediante el veto de una potencia en el Consejo de Seguridad. La propuesta necesita recorrer un proceso político y reunir apoyos.

Sin embargo, reducir toda la discusión a si Trump conseguirá los votos sería otro error. Un organismo puede conservar su mandato y perder capacidad para cumplirlo. Las restricciones de personal, viajes, documentación y apoyo técnico pueden deteriorar su funcionamiento sin necesidad de anunciar su desaparición.

Estados Unidos tiene asignado el 22 por ciento del presupuesto ordinario de Naciones Unidas para el período 2025-2027. Es un aporte decisivo, aunque la organización se financia con las contribuciones del conjunto de sus miembros. Una retención estadounidense no supone el cierre automático del comité, pero puede agravar los problemas financieros y aumentar las presiones para recortar actividades.

Ese es el riesgo que la Cancillería Argentina debería estar evaluando: la posibilidad de un debilitamiento práctico del espacio donde la Argentina sostiene parte de su estrategia sobre Malvinas. Defender su existencia formal resulta insuficiente si después pierde los recursos necesarios para trabajar.

La respuesta de Ravier adquiere relevancia en ese contexto. “Está en análisis” no demuestra que el gobierno haya decidido acompañar a Trump, pero tampoco expresa una oposición a la propuesta. Ante una iniciativa que afecta un interés nacional permanente, la comunicación oficial dejó una indefinición donde debía existir una posición preparada.

El repliegue en Diputados y los límites de la puesta en escena

La dificultad también alcanzó al Congreso. De acuerdo con información a la que accedió REALPOLITIK, fue suspendido el plenario previsto para este martes 20 de octubre para continuar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas. La información recibida señala una instrucción urgente de la Casa Rosada y vincula la postergación con el costo político que podía tener el debate después del planteo estadounidense.

El tratamiento corresponde a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Defensa Nacional y Legislación Penal, presididas por Juliana Santillán, Carlos Zapata y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. La nueva fecha, según diversas fuentes, quedó pendiente de confirmación.

La suspensión y las razones atribuidas a la Rosada introducen una cuestión concreta: cómo sostener una ofensiva legislativa en nombre de la soberanía mientras el principal aliado del presidente propone eliminar uno de los ámbitos que respaldan el reclamo argentino.

Congreso Nacional.

El episodio obliga, además, a revisar las expectativas construidas alrededor de Trump. Una declaración estadounidense incómoda para Londres puede servir a Washington como instrumento de negociación con los británicos. Convertirla en una garantía de respaldo a la Argentina requiere compromisos que una afinidad personal o una coincidencia ideológica no aseguran.

Confundir una herramienta de presión estadounidense con un cambio estratégico a favor de Malvinas expone al país a quedar fuera de la negociación cuando Washington considere satisfechos sus propios objetivos. La tarea de la Cancillería consiste en reconocer ese riesgo y construir apoyos duraderos.

La misma exigencia debe aplicarse a las iniciativas judiciales internacionales. Antes de presentar una demanda como un éxito político, corresponde evaluar la competencia del tribunal, la admisibilidad del planteo y las consecuencias de una decisión adversa. Un rechazo no borraría automáticamente los derechos argentinos, pero podría frustrar la estrategia elegida y ofrecer argumentos que Londres intentaría aprovechar.

La recuperación de soberanía exige continuidad, preparación técnica y una lectura realista de las relaciones de poder. Los anuncios pueden instalar un tema en la discusión pública; los resultados dependen de lo que el Estado consiga sostener cuando termina esa atención.

Trump está mostrando qué lugar ocupa la ONU en su agenda. El gobierno de Milei todavía debe demostrar qué lugar ocupa Malvinas cuando defenderla exige marcar una diferencia con Washington. (www.REALPOLITIK.com.ar)