La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa la administración de los fondos destinados a la Tarjeta Alimentar y encontró una serie de deficiencias que comprometen los mecanismos de control y evaluación de una de las principales políticas de asistencia alimentaria del país. Entre los hallazgos más relevantes aparecen 7.070 millones de pesos incorrectamente imputados a la prestación, rendiciones de cuentas que tardaron más de dos años en ser revisadas y la ausencia de mecanismos suficientes para determinar si los recursos entregados a los beneficiarios fueron efectivamente utilizados para adquirir alimentos.

Las conclusiones surgen de la resolución 174/2026, aprobada el 20 de agosto por el Colegio de Auditores Generales, a partir de una investigación sobre la gestión y aplicación de los fondos correspondientes al Programa 26, Políticas Alimentarias, Actividad 1, Prestación Alimentar.

La auditoría abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, que incluyó el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, durante el cual Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz estuvieron al frente del ministerio de Desarrollo Social. En los tres años auditados, el Estado nacional registró un gasto devengado de aproximadamente 2,94 billones de pesos nominales en la Prestación Alimentar. Sin embargo, según la AGN, los procedimientos de fiscalización presentaron deficiencias que dificultaron la evaluación del destino y los resultados de esos recursos.

Más de 7.000 millones de pesos registrados en una partida equivocada

Uno de los hallazgos más concretos aparece en el apartado 4.5 del informe, donde los auditores detectaron que determinadas órdenes de pago correspondientes al programa de Recursos para la Promoción Social, perteneciente al plan nacional de Protección Social, fueron imputadas presupuestariamente a la Prestación Alimentar.

La irregularidad administrativa comprende 2.416.016.000 pesos en 2022 y otros 4.654.735.020 pesos en 2023, lo que representa un total de 7.070.751.020 pesos.

Según la AGN, esas órdenes de pago no correspondían a la actividad Prestación Alimentar y su registración generó una exposición incorrecta de la información presupuestaria en el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF).

A pesar de los descargos, los auditores mantuvieron la observación, al considerar que esa circunstancia no justificaba registrar gastos de una línea de asistencia bajo una actividad presupuestaria diferente.

Rendiciones de cuentas que tardaron más de dos años

La investigación también reveló importantes demoras en la revisión administrativa de las transferencias efectuadas a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según el convenio de pago vigente, una vez presentada la rendición correspondiente, el ministerio disponía de 96 horas hábiles para formular observaciones. Transcurrido ese plazo sin objeciones, la rendición se consideraba aprobada tácitamente. No obstante, al examinar los expedientes seleccionados, la AGN encontró que los informes técnicos financieros de cierre fueron elaborados con retrasos que, en determinados casos, superaron los dos años.

La rendición correspondiente a mayo de 2023, presentada por ANSES el 5 de junio de aquel año, recién recibió su informe técnico financiero el 26 de junio de 2025, es decir, 25 meses después. Una situación semejante ocurrió con los expedientes correspondientes a mayo, junio y julio de 2022, cuyos informes técnicos fueron emitidos 24 meses después de las respectivas presentaciones. En otros casos, las demoras alcanzaron los 22, 19, 18, 13 y 10 meses.

El organismo de control estableció que, en los expedientes analizados, el tiempo promedio entre la presentación de las rendiciones y la elaboración de los informes técnicos fue de 20 meses. Incluso detectó que las actuaciones correspondientes a noviembre y diciembre de 2024 todavía no contaban con dictamen ni disposición de cierre cuando finalizaron las tareas de campo de la auditoría, en septiembre de 2025. Además, la AGN advirtió que varias disposiciones de cierre fueron emitidas en fechas próximas a los pedidos de información efectuados por los propios auditores.

La situación plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema de control: mientras las rendiciones podían quedar tácitamente aprobadas a los pocos días de su presentación, los informes técnicos que documentaban su revisión podían demorarse meses o años.

Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

El Estado no podía determinar si los fondos se utilizaban para comprar alimentos

Otro de los cuestionamientos centrales de la AGN se refiere al destino efectivo de las transferencias. El programa fue diseñado para complementar los ingresos de las familias más vulnerables y garantizarles el acceso a alimentos. Sin embargo, según los auditores, el procedimiento de rendición de cuentas se limitaba a comprobar que ANSES hubiera acreditado las sumas correspondientes a los titulares o que los pagos no efectuados fueran debidamente reintegrados.

No se identificaron mecanismos suficientes de evaluación que permitieran determinar si los recursos acreditados habían sido utilizados efectivamente para adquirir alimentos.

Esta dificultad está vinculada, en parte, con la transformación de la Tarjeta Alimentar en una prestación dineraria, implementada durante 2021.

La auditoría incorporó, además, un análisis de la evolución presupuestaria del programa. Según los cálculos realizados por el organismo, el gasto devengado de la Prestación Alimentar, expresado en pesos constantes de diciembre de 2024, pasó de aproximadamente 3,10 billones de pesos en 2022 a 2,32 billones en 2024. Esto representa una reducción real acumulada del 25,4 por ciento en el período examinado.

La AGN también señaló que los montos individuales de la prestación carecían de un mecanismo regular y automático de actualización vinculado con el costo de los alimentos. En su lugar, los incrementos fueron implementados mediante decisiones administrativas discontinuas, lo que generó desfasajes respecto de la evolución de la Canasta Básica Alimentaria.

La conclusión de la Auditoría General de la Nación plantea un problema que trasciende a una administración particular: durante años, el Estado transfirió enormes sumas destinadas a combatir la inseguridad alimentaria sin contar con instrumentos suficientes para evaluar integralmente cómo se utilizaban esos recursos y cuáles eran sus resultados concretos. (www.REALPOLITIK.com.ar)