La reforma del régimen de biocombustibles abrió un nuevo frente de conflicto entre las pequeñas y medianas empresas del interior productivo y las grandes aceiteras exportadoras. Las pymes del sector advierten que el proyecto aprobado por el Senado amenaza la continuidad de buena parte de la industria nacional, con el posible cierre de 14 plantas y la pérdida de aproximadamente 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

La iniciativa será debatida este martes a las 15.30 en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde representantes de las empresas regionales buscarán introducir modificaciones antes de que avance el tratamiento legislativo.

El principal cuestionamiento apunta a los cambios en el esquema de mezcla obligatoria de biodiésel con gasoil. Según las empresas agrupadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), la propuesta reduce el corte obligatorio del 7,5% al 4%, mientras habilita un segmento de libre negociación que podría alcanzar el 6%.

Desde el sector sostienen que esta modificación alteraría el reparto del mercado interno y otorgaría mayores ventajas a las grandes compañías exportadoras, que cuentan con producción propia de materia prima y una posición dominante en la cadena de comercialización.

Menos producción y riesgo para las plantas del interior

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el impacto sobre la capacidad productiva de las empresas regionales. De acuerdo con las estimaciones difundidas por la CEPREB, el volumen de biodiésel asignado a las pymes pasaría de 902.700 a 481.440 toneladas.

La reducción dejaría a numerosas firmas sin el volumen necesario para sostener sus operaciones. Según las proyecciones del sector, de las 25 plantas que actualmente participan de esta actividad, solo 11 podrían continuar funcionando.

La situación afectaría especialmente a las empresas ubicadas en Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, donde la actividad industrial también depende de la articulación con productores y pequeñas extrusoras de soja.

Federico Martelli, director ejecutivo de la CEPREB, cuestionó el posible avance de la iniciativa sin escuchar los planteos de las empresas afectadas.

“Los legisladores van a poder escuchar los argumentos y estudiar el tema en profundidad. Lo que nos preocupa son las versiones sobre que algunos quieren cambiar el carácter de la reunión y juntar firmas para el dictamen mientras nosotros estamos exponiendo. Sería gravísimo: sacar la lapicera para aniquilarnos como si no estuviéramos ahí”, afirmó.

La disputa entre las pymes y las grandes aceiteras

La discusión no se limita al porcentaje de biodiésel que debe incorporarse al gasoil. También involucra el modelo de organización de una industria que, según las empresas regionales, cumple un papel estratégico en la generación de empleo, el desarrollo territorial y la sustitución de importaciones.

Actualmente, las refinadoras deben adquirir biodiésel de las plantas habilitadas bajo un esquema en el que el Estado regula los precios y los cupos. La demanda se concentra en un grupo reducido de compañías mezcladoras, mientras que la producción está distribuida entre 25 empresas pymes.

Según los datos presentados por la CEPREB, las pequeñas firmas producen cerca del 65% del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria, aunque ninguna supera individualmente el 5% de participación en el mercado.

El sector advierte que avanzar hacia un esquema de mayor liberalización, sin contemplar las diferencias de escala y el acceso a la materia prima, podría profundizar la concentración empresarial.

“Entendemos que las grandes aceiteras son muy poderosas y están acostumbradas a llevarse todo por delante, pero esperamos que la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias, realice las modificaciones para mejorar la ley y que las pymes podamos seguir produciendo”, sostuvo Martelli.

Otro de los cuestionamientos apunta al posible impacto sobre la balanza comercial. Las empresas sostienen que una menor producción local de biodiésel podría reducir la sustitución de gasoil fósil importado, además de debilitar los encadenamientos industriales que abastecen a las plantas.

La contrapropuesta de las pymes para modificar la ley

Frente al proyecto con media sanción, la CEPREB presentará una alternativa que propone elevar el corte obligatorio de biodiésel al 12,5% y establecer un sistema segmentado de asignación mediante licitaciones competitivas.

La propuesta contempla tres segmentos:

• 5% para las pymes regionales, con el objetivo de proteger la actividad industrial alejada del polo portuario.

• 2,5% para las pymes del polo portuario no integradas, es decir, aquellas que no producen su propia materia prima.

• 5% de participación libre para las grandes aceiteras exportadoras.

La entidad plantea que el nuevo mecanismo permita incorporar competencia sin desarticular la red de pequeñas industrias distribuidas en distintas provincias.

También propone reemplazar el esquema actual de cupos y precios regulados por licitaciones transparentes, con criterios que contemplen las diferencias entre las empresas y preserven el entramado productivo regional.

“Estamos con la expectativa de que los diputados comprendan que no tiene ningún sentido condenar a la quiebra a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis para concentrar el mercado en seis aceiteras de Rosario. Esto no trae ningún beneficio para el país: se pierden miles de empleos, se desindustrializan pueblos y ciudades pequeñas y medianas de esas provincias y, como contrapartida, no hay nuevas inversiones ni nuevos empleos. Ni siquiera baja el precio en el surtidor”, afirmó el titular de la cámara empresaria.

Una cadena industrial que va más allá del combustible

La industria del biodiésel también tiene impacto sobre otras actividades vinculadas con la transformación de la soja y el desarrollo de productos derivados.

De acuerdo con un informe de la CEPREB, el sector genera una facturación anual superior a los 1.000 millones de dólares y sostiene vínculos comerciales con unas 400 extrusoras pymes regionales.

La actividad incluye, además, la producción de derivados como glicerina, utilizada en la industria cosmética; monopropilenglicol, empleado en distintos procesos industriales; y otros insumos destinados a sectores como la construcción, la logística y la industria farmacéutica.

Las empresas también destacan el aporte ambiental del biodiésel, al señalar que puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero frente al combustible fósil, dependiendo de las condiciones de producción y del ciclo de vida considerado.

Por eso, las pymes sostienen que una reducción de su actividad no solo tendría consecuencias sobre el empleo directo, sino también sobre proveedores, productores agroindustriales y economías locales.

La media sanción en el Senado y el debate que sigue en Diputados

El proyecto impulsado por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, obtuvo media sanción el 17 de septiembre y busca modificar la Ley 27.640, que regula el régimen de biocombustibles.

La normativa vigente fue concebida para promover la participación de empresas de menor escala, incentivar inversiones y distribuir la actividad industrial entre distintas regiones del país. La reforma propone modificar ese esquema y establecer nuevas condiciones de competencia para el mercado interno.

La discusión también generó diferencias políticas durante su tratamiento en la Cámara alta. Según Martelli, hubo legisladores que cuestionaron el impacto de la iniciativa sobre las provincias con plantas pymes de biodiésel.

El dirigente sostuvo que el debate sobre el bioetanol y el biodiésel debería contemplar las particularidades de cada actividad y evitar que los acuerdos alcanzados para un segmento terminen perjudicando al otro.

“Las provincias que hacen bioetanol acompañaron la modificación porque en ese biocombustible hay acuerdo de todas las partes. El Ejecutivo fue claro con las provincias del NOA: si quieren la ley para el bioetanol, firmen la sentencia de las pymes del biodiésel. Y firmaron”, afirmó.

Y agregó: “Lo preocupante es que solo se miró el interés propio, sin pensar en los equilibrios federales. Es un antecedente muy malo, porque siembra desconfianza y malestar entre provincias. Están jugando a Los juegos del hambre. Pero esto no es una película, es un país”.

Con el debate en Diputados, las empresas regionales buscarán modificar los puntos que consideran más perjudiciales de la iniciativa. El resultado será determinante para el futuro de las plantas, los empleos y las cadenas productivas vinculadas con el biodiésel en el interior argentino. (www.REALPOLITIK.com.ar)