La crisis de la obra social militar sumó un reclamo que llegó directamente al despacho político de Javier Milei. Un grupo de suboficiales del Ejército Argentino pidió una audiencia con el presidente para exigir participación en la conducción y el control de la entidad que financian con sus aportes. La presentación, a la que accedió REALPOLITIK, tiene sello de recepción de la Casa de Gobierno del 9 de octubre de 2026 y fue acompañada por un mensaje del suboficial mayor Ramón Oscar Corradini, quien vía WhatsApp advierte que recurrirán a la Justicia si no obtienen respuesta.

El planteo alcanza al gobierno en plena transición del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) hacia la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo responsabilidad del ministro de Defensa, Carlos Presti. Después de meses de dificultades prestacionales, cambios de autoridades y anuncios de cancelación de deudas, los reclamantes ponen sobre la mesa otra discusión: quiénes deciden sobre los recursos y qué participación tienen los suboficiales en esas decisiones.

La carta está firmada por los suboficiales mayores Hugo O. Cattoni, magíster en Psicogerontología, y Héctor V. Martínez, abogado. Se presentan en nombre de un equipo interdisciplinario integrado por suboficiales de distintas armas y especialidades, veteranos de Malvinas y familiares.

“No solicitamos privilegios. Solicitamos participación, representación y la posibilidad de aportar nuestra experiencia al servicio de una institución que también sentimos propia”, expresan. El pedido incluye integrar los ámbitos de conducción, contribuir al control de gestión y colaborar en soluciones para las familias militares.

“Somos el 68 por ciento del padrón”

Un audio explicativo sobre la presentación, Corradini sostiene que el reclamo lleva años y que el grupo cuenta con integrantes formados en psicogerontología, derecho y trazabilidad, además de un veterano vinculado a la atención de excombatientes.

Su argumento central es el peso de los suboficiales entre los afiliados: “Somos el 68 por ciento del padrón, no puede ser que no tengamos un par de suboficiales dentro del directorio para que controlen nuestras cosas”. 

El cuestionamiento más fuerte aparece cuando atribuye la falta de participación a una resistencia de la oficialidad. “Los oficiales, por más amigos que alguno tenga, ellos no quieren que nosotros estemos en esto, porque como hay mucho dinero, nosotros no podemos estar según ellos”, afirma. Se trata de su denuncia sobre el funcionamiento interno de la institución, no de una irregularidad patrimonial acreditada por la carta.

El escrito mantiene un tono institucional, aunque reclama un cambio concreto en la distribución del poder: “Hemos realizado nuestros aportes y sostenido económicamente nuestra obra social, con la legítima expectativa de participar en las decisiones que hacen a su presente y a su futuro”.

La normativa de OSFA permite precisar el problema. El anexo del DNU 88/2026 establece un directorio de cinco miembros: dos propuestos por el Ejército, uno por la Armada, uno por la Fuerza Aérea y un representante del personal civil. Los designa y remueve el ministro de Defensa. No reserva una representación específica para los suboficiales, aunque tampoco establece una prohibición expresa de que integren ese cuerpo, sujeto a los requisitos de idoneidad y experiencia.

La conformación inicial anunciada oficialmente en marzo incluyó a los generales de brigada retirados Sergio Maldonado y Omar Horacio Domínguez, al capitán de navío Gustavo Rubén Rivas y al comodoro retirado Juan Carlos Ruiz Pringles. En mayo, Presti designó al general de brigada Pablo Guillermo Plaza como presidente, después de la renuncia de Maldonado. La conducción militar presentada al inicio quedó integrada por oficiales.

De los reclamos a Defensa a la advertencia judicial

Según Corradini, el grupo comenzó por informar su iniciativa dentro del Ejército y elevó una nota a la jefatura de la fuerza. La respuesta, relata, fue que debía resolver el ministerio de Defensa. Después enviaron tres presentaciones al entonces ministro.

“Nunca nos contestó, nosotros insistimos e hicimos dos notas más, o sea, le mandamos tres notas, nunca nos contestó”, sostiene. Los antecedentes que enumera la carta se remontan a 2024 y 2025, durante la gestión de Luis Petri en Defensa. Presti, que entonces conducía el Ejército, lo sucedió al frente del ministerio en diciembre de 2025.

El documento recibido en octubre menciona expedientes, reiteraciones y un proyecto sobre la incorporación de suboficiales al directorio. Corradini identifica esta presentación como la tercera dirigida al presidente y asegura que el abogado del grupo la entregó personalmente en la Casa Rosada.

La nueva insistencia coincidió con semanas decisivas para la obra social. El 1 de octubre, el gobierno de Javier Milei anunció que OSFA asumía la atención médica y que se avanzarían acuerdos para cancelar con fondos del Tesoro un pasivo estimado en 210.000 millones de pesos. También informó un primer lote de más de 10 mil reintegros por más de 5.000 millones y la recuperación progresiva de prestaciones. El anuncio describía un proceso de pagos y negociaciones, no la cancelación inmediata de toda la deuda.

Ese compromiso llegó después del reemplazo de Ariel Guzmán por Gonzalo Secchi en la administración del IOSFA. Como publicó REALPOLITIK, el informe que Guzmán entregó a su sucesor describía transferencias incompletas, dificultades de financiamiento y problemas para sostener la cobertura. También consignaba que Plaza había solicitado prolongar el convenio prestacional con IOSFA porque OSFA todavía no disponía de contratos aprobados vigentes.

Gonzalo Secchi (Fotomontaje IA).

La transición acumuló, además, instrucciones contradictorias para los prestadores. El 20 de abril se había comunicado que debían comenzar a facturar a OSFA desde mayo; seis días después se revocó esa orden. En septiembre se solicitaron notas de crédito para anular comprobantes pendientes emitidos a la nueva entidad. Esas comunicaciones corresponden a la administración de Guzmán, anterior a Secchi.

Cinco días después de que la carta de los suboficiales fuera recibida en presidencia, otra decisión profundizó la discusión sobre el futuro de la infraestructura sanitaria: una comunicación del 14 de octubre, firmada por Secchi, ordenó iniciar el cierre de 31 farmacias propias y tramitar la baja de sus habilitaciones. El fundamento consignado fue que OSFA no había solicitado el traspaso de esos establecimientos. La orden de iniciar los cierres no acredita que todos se hayan ejecutado.

En ese contexto, el pedido de representación adquiere una dimensión concreta: los suboficiales quieren intervenir en una conducción que decide sobre prestaciones, contratos y recursos mientras se desarma el organismo anterior. Corradini pide difundir la presentación y, al mismo tiempo, evitar agresiones o una utilización partidaria del reclamo. Pero deja planteado el paso siguiente: “Si el señor presidente no nos contesta, ya directamente estamos muy asesorados con este tema, vamos a ir a la Justicia, porque tenemos derechos, camaradas”, advierte. (www.REALPOLITIK.com.ar)