Adrián Zigarán, interventor del municipio salteño de Aguas Blancas, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el impacto de la resolución 5910 de ARCA y Aduana, que modifica las condiciones del comercio fronterizo con Bolivia. El funcionario cuestionó las restricciones a la circulación de mercaderías, anunció que presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal y advirtió sobre las consecuencias que la medida podría tener en las economías de las localidades limítrofes.

Zigarán explicó que la normativa prohíbe comercializar maíz, trigo y soja, limita el ingreso de mercadería en cantidades superiores a los diez kilogramos y establece un tope de 150 dólares diarios por persona para las compras de extranjeros. “De la noche a la mañana cambiaron las normativas de comercio fronterizo”, cuestionó. Además, sostuvo que la decisión perjudica a municipios cuya actividad económica depende directamente del intercambio comercial con los países vecinos.

El interventor advirtió sobre la falta de alternativas laborales para los habitantes de Aguas Blancas, una localidad de aproximadamente cuatro mil habitantes. “La única perspectiva que sean bagalleros o que sean mulas del narcotráfico”, señaló al referirse a las posibilidades que enfrentan los jóvenes que terminan la escuela secundaria. En ese sentido, explicó que intenta ayudarlos a trasladarse a otras ciudades para formarse como policías, docentes, enfermeros o incorporarse al Ejército, ante la falta de oportunidades de desarrollo en la zona.

Frente a la entrada en vigencia de la resolución, el municipio presentó un recurso de amparo para solicitar que la Justicia Federal se expida sobre su constitucionalidad. Zigarán argumentó que una disposición administrativa no puede imponerse por encima de normas de mayor jerarquía. “Por lo tanto, entendemos que es inconstitucional y pedimos a la justicia federal que se expida”, afirmó. El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal número dos, mientras las autoridades locales esperan una respuesta judicial.

El funcionario también advirtió que las restricciones podrían incentivar el contrabando en lugar de combatirlo. “Lo único que van a lograr es que toda la mercadería que hoy llega a un mostrador en cualquiera de los pueblos, o sea, que viene pagando impuestos, directamente salga por los pasos clandestinos que hay en las 700 km que tenemos con frontera de Bolivia”, sostuvo. Según explicó, la medida también pone en cuestión la utilidad de un puesto de control que había sido inaugurado recientemente en Salvador Mazza, destinado a reforzar la fiscalización en el norte argentino.

Al analizar la política económica del gobierno nacional, Zigarán cuestionó las contradicciones entre el discurso favorable al libre comercio y las nuevas limitaciones impuestas a las localidades fronterizas. “En ese contexto donde el presidente se siente el abanderado del libre comercio, que nos pongan restricciones al comercio de frontera, no se entiende”, remarcó. Para el interventor, las medidas desconocen las particularidades de las economías regionales y pueden profundizar las dificultades de quienes dependen de la actividad comercial para subsistir.

En esa línea, planteó que las restricciones podrían beneficiar a grandes operadores comerciales en detrimento de los pequeños comerciantes de frontera. “Ya quieren hasta los negocios chiquitos de supervivencia del pueblo”, advirtió. Asimismo, consideró que los problemas de fiscalización deben resolverse mediante mecanismos que permitan controlar la trazabilidad de las mercaderías, en lugar de impedir su circulación. “Entonces, si vamos a querer solucionar un tema, no es matando al comercio, veamos cómo lo legalizamos de la mejor manera”, propuso.

El impacto social y laboral en las localidades limítrofes

Zigarán también se refirió a las condiciones de quienes trabajan como bagalleros, personas que transportan mercadería para terceros a través de la frontera. Si bien habitualmente se los presenta como trabajadores fronterizos, el interventor cuestionó las condiciones en las que desarrollan su actividad. “Pero en realidad son esclavos porque transportan mercaderías de otros. A los 40 años ya no tienen rodilla, no tienen espalda”, afirmó. Por eso, reclamó que las autoridades nacionales, los organismos de control y las entidades empresariales participen de una discusión que contemple las necesidades de las comunidades.

Además, alertó sobre el riesgo de que la situación derive en nuevos conflictos sociales y episodios de violencia. “Acá los pueblos son mecha corta, digo yo”, advirtió, al mencionar que los agentes encargados de controlar el contrabando sufren agresiones en la zona. El interventor insistió en la necesidad de coordinar reuniones con la Cancillería para mejorar las relaciones comerciales con Bolivia y encontrar soluciones que no perjudiquen a los habitantes de ambos lados de la frontera.

Durante la entrevista, Zigarán también vinculó las dificultades de las localidades fronterizas con los problemas relacionados con el narcotráfico y la penetración de intereses criminales en la política. Al referirse a Aguas Blancas, sostuvo que existen investigaciones y antecedentes que exponen la gravedad de la situación institucional. “La vinculación política y narcotráfico es letal, es tremenda, o sea, te aniquila como pueblo”, manifestó. En ese contexto, señaló que el municipio tiene numerosos problemas pendientes y que las restricciones comerciales agravan una realidad social que requiere respuestas integrales.

Finalmente, el interventor expresó su preocupación por las condiciones que heredarán las próximas generaciones y cuestionó el retroceso de las instituciones frente al avance de los problemas sociales. “Yo no sé si lo dije en esta entrevista, pero yo en cada acto público veo los chicos desfilar y digo, ‘¿Qué le estamos dejando?’”, reflexionó. Y concluyó: “La cuestión generacional avanza y las condiciones institucionales retroceden”.(www.REALPOLITIK.com.ar)