Juan Pablo Oyarzabal, secretario Gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) de la provincia de Buenos Aires, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el acuerdo salarial del 6 por ciento para los trabajadores estatales bonaerenses, las dificultades de las negociaciones paritarias y el impacto de la situación económica. En ese marco, advirtió sobre el deterioro de los ingresos y sostuvo que es necesario volver a poner a las personas en el centro de las decisiones políticas.

Al analizar el alcance de los aumentos acordados, el dirigente gremial explicó que la desaceleración de la inflación no implica una recuperación del poder adquisitivo. “Hoy discutir entre un 2 y un 3 es una discusión muy árdua. Anteriormente teníamos capaces de acuerdos salariales que se discutía entre un 10, un 15 o lo que fuera”, señaló. En ese sentido, remarcó que los incrementos actuales resultan insuficientes frente a la pérdida acumulada de los ingresos.

Oyarzabal cuestionó, además, los indicadores económicos utilizados para medir la situación de los trabajadores y afirmó: “Y la realidad es que no rinden. No rinden porque hay un deterioro del salario acumulado, que en esta gestión, Milei va acompañado también de índices que son cuestionables”. Según planteó, las estadísticas no reflejan adecuadamente las dificultades cotidianas de los empleados, que deben afrontar aumentos en servicios, transporte y otros gastos esenciales.

En relación con las transformaciones del mundo laboral, el secretario gremial de UPCN PBA defendió la necesidad de avanzar hacia jornadas más cortas. “Yo creo que soy convencido que hoy por hoy la modernidad nos marca que el trabajo de 8 horas diarias ya no va más, se tiene que hacer 6 horas seguro”, expresó. Para el dirigente, la incorporación de nuevas tecnologías debe permitir una mejor distribución del tiempo de trabajo y contribuir a mejorar las condiciones de vida.

Sin embargo, advirtió que esa transformación no debe conducir al aislamiento de los trabajadores ni a perder la dimensión social del empleo. “No quisiera que esto derive en una renta universal o que derive en un modelo de teletrabajo que nos encuentre a todos aislados y sin interacción y todo lo que implica”, manifestó. En esa línea, consideró que el trabajo también funciona como ordenador de la vida familiar y social, por lo que cualquier reforma debe contemplar sus múltiples dimensiones.

Las críticas al modelo económico y la necesidad de humanizar la política

Al referirse a la situación política y económica nacional, Oyarzabal cuestionó un modelo que, a su entender, debilita el papel del Estado frente a los grandes intereses económicos. “Me parece que como sociedad hemos caído en una trampa, que es la que yo marco como el desencanto y el enojo”, sostuvo. También consideró que el malestar social no debería llevar a abandonar principios como el bien común y la justicia social.

En ese contexto, el dirigente insistió en que la prioridad debe ser recuperar una perspectiva centrada en las personas. “Creo que tenemos un problema grave, muy grave, que es urgente y que es prioritario, que es el de volver a poner a las personas como protagonistas”, afirmó. Para Oyarzabal, la concentración económica, la pérdida de empleo y la falta de protección a la producción nacional profundizan las dificultades sociales y hacen necesario construir alternativas políticas que prioricen el trabajo y la inclusión.

Al explicar la posición del gremio frente a las negociaciones con el gobierno provincial, Oyarzabal aclaró que la función sindical consiste en defender los intereses de los trabajadores, incluso en un escenario económico complejo. “Nosotros no tenemos que bancarlo, la realidad es que nosotros tenemos que defender a nuestros compañeros”, enfatizó. Según detalló, las organizaciones sindicales cuentan con información propia sobre el funcionamiento de las distintas áreas estatales, lo que les permite evaluar la situación antes de sentarse a negociar.

Sobre el aumento acordado, precisó que la propuesta inicial del sindicato contemplaba una recomposición mayor y que uno de los principales cuestionamientos fue la falta de un incremento correspondiente a septiembre. “El hecho de que tengamos un aumento salarial que contemple una reapertura en diciembre, que sabemos que no va a ser fácil porque va a haber que juntar la plata para el aguinaldo y hoy está comprometidísimo lograr el aguinaldo”, advirtió. No obstante, destacó la continuidad de las paritarias, el diálogo con las autoridades y los avances en cuestiones vinculadas con la carrera administrativa, las asignaciones familiares y las condiciones laborales.

Finalmente, Oyarzabal destacó la importancia de sostener los puestos de trabajo y avanzar en mejoras estructurales para los empleados públicos. En ese sentido, valoró los pases a planta permanente, la estabilidad laboral y las instancias de diálogo entre el gobierno provincial y los sindicatos. También señaló que la posibilidad de implementar mecanismos de calificación y recategorización permitiría reconocer la capacitación y el esfuerzo de los trabajadores, además de contribuir a mejorar sus ingresos.

El secretario gremial también cuestionó la interrupción de transferencias nacionales a la provincia de Buenos Aires y advirtió sobre sus consecuencias en un territorio que concentra una parte importante de la actividad económica y de la población del país. Para cerrar, remarcó que la discusión salarial debe entenderse dentro de un contexto más amplio, atravesado por la recesión, el desempleo y las dificultades de financiamiento estatal. “La verdad es que venimos cagados a palos desde ese punto de vista”, resumió al describir la situación que atraviesan los trabajadores bonaerenses. (www.REALPOLITIK.com.ar)