Los sueldos millonarios de funcionarios del gobierno de Walter Cortés tienen un antecedente concreto mediante una decisión política que modificó la fórmula para calcular sus remuneraciones. En noviembre de 2025, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó un cambio que duplicó la cantidad de salarios básicos utilizados para establecer el ingreso del intendente y elevó, por arrastre, las remuneraciones de la estructura política. Los recibos de agosto de 2026 examinados para esta nota permiten observar el resultado de aquella reforma.

La diferencia resulta significativa frente a los 2 millones de pesos de bolsillo señalados como referencia para un trabajador municipal común, aunque ese importe no constituye un promedio verificado de toda la planta y varía según categoría, antigüedad y adicionales. Tomando ese ingreso como parámetro, los comprobantes muestran funcionarios que reciben más del doble y hasta el triple después de descuentos. La discusión involucra las remuneraciones y las decisiones que determinaron esa distancia.

Los recibos: quiénes cobran los sueldos millonarios

Carlos Alberto Madjinca, de la secretaría de Protección Ciudadana, encabeza los cuatro recibos analizados con 8.760.013,73 brutos. Su liquidación incluye 5.957.695,15 de básico, 221.670,27 por título secundario, 2.471.746,17 por zona fría y 108.902,14 por refrigerio. Después de 2.723.992,73 en descuentos, cobra 6.036.021 de bolsillo. Entre las deducciones figuran jubilación, obra social, Ganancias y 595.769,52 bajo el concepto “Aporte Partido PUL”.

En este aspecto, los secretarios de Walter Cortes, cobran casi 9 millones de pesos en bruto, por lo que se estima que el intendente cobra unos 10 millones. Si bien Bariloche es una región cara para vivir, no justifica que los sueldos tripliquen o más, los de un asalariado municipal. Hoy todos los secretarios del municipio perciben unos sueldos millonarios parecidos a los de los miembros del Senado de la Nación Argentina.

También los delegados municipales tienen sueldos millonarios. Por ejemplo, el delegado de Pampa de Huenuleo, Pablo Javier Rantul, registra 7.522.922,77 brutos. El monto surge de un básico de 5.295.729,02, más 2.118.291,61 por zona fría y 108.902,14 de refrigerio. Los descuentos alcanzan 2.248.697,77 y dejan un neto de 5.274.225. Dentro de las deducciones aparece un aporte al PUL de 529.572,90.

Para Juan Manuel Palmeiro, delegado municipal de Cerro Otto, la remuneración bruta asciende a 7.833.261,15. Incluye 5.295.729,02 de básico, 221.670,27 por título secundario, 2.206.959,72 por zona fría y 108.902,14 de refrigerio. Luego de 3.653.478,15 en descuentos, el neto a cobrar es de 4.179.783. El aporte partidario consignado es de 529.572,90.

El recibo de Sergio Andrés Herrero, imputado a intendencia bajo la categoría “4 básico 24”, muestra 6.287.252,67 brutos: 4.413.107,52 de básico, 1.765.243,01 por zona fría y 108.902,14 de refrigerio. Las deducciones suman 2.723.000,67 y el neto queda en 3.564.252. Entre ellas aparecen 441.310,75 de aporte al PUL. Su incorporación como colaborador directo del intendente, informada en marzo, contemplaba una remuneración equivalente a cuatro básicos de la categoría 24 más zona fría.

La votación que duplicó la base salarial de la política

El mecanismo que explica estos montos combina básicos definidos mediante múltiplos o proporciones de una categoría del escalafón municipal con adicionales calculados sobre esas bases. En los recibos examinados, la zona fría incorpora por sí sola entre 1,76 millones y 2,47 millones. Por eso, una modificación de la base de cálculo también repercute en los adicionales y amplifica el resultado final.

El salto se produjo en noviembre de 2025, dentro del Concejo Municipal. La iniciativa ingresó sobre tablas, fue aprobada sin debate y obtuvo el voto unánime de los concejales presentes. La propuesta llevaba las firmas del presidente del Concejo, Gerardo Del Río; del titular del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux; y de la asesora letrada municipal, Yanina Sánchez. El acuerdo involucró a autoridades de los tres poderes municipales.

La modificación alteró el esquema de la ordenanza 1575-CM-05, vigente desde hacía dos décadas: el salario del intendente pasó de equivaler a tres básicos de la categoría 24 a seis, más los adicionales correspondientes. Como distintas remuneraciones políticas se determinan en relación con la del jefe comunal, el cambio se extendió al resto de esa estructura.

En la misma sesión se aprobó una ampliación presupuestaria que incluía necesidades de financiamiento para pagar salarios municipales. La disponibilidad de recursos se discutía al mismo tiempo que la dirigencia elevaba su propia escala salarial. Ese antecedente coloca bajo examen tanto al Ejecutivo que impulsó la reforma como a los representantes que la aprobaron.

Cómo justificó Cortés el aumento y qué denunció el SOYEM

La explicación del Ejecutivo fue que existía un atraso en los ingresos de los funcionarios. El asesor Martín Domínguez sostuvo que la situación se venía conversando desde el inicio de la gestión y argumentó que las actualizaciones de la planta permanente habían generado una diferencia desfavorable para los cargos políticos. “Se estaba dando una situación desigual entre los políticos y la planta permanente”, manifestó. La respuesta oficial fue duplicar el multiplicador utilizado para calcular el sueldo del intendente, con impacto sobre las demás remuneraciones políticas.

Cortés defendió públicamente la medida el 28 de noviembre de 2025. Afirmó que algunos asesores cobraban poco y sostuvo: “A la gente hay que pagarle bien para que trabaje bien”. También reconoció que todavía no había evaluado completamente el impacto del incremento. La modificación ya estaba aprobada mientras el intendente admitía que aún debía dimensionar sus consecuencias.

Las quejas quedaron formalizadas por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOYEM). El 2 de diciembre de 2025, su secretaria General, Brenda Morales, informó que habían solicitado al Concejo retrotraer el aumento. El gremio denunció un “desequilibrio interno sin precedentes” y cuestionó que la modificación hubiera separado de manera abrupta las remuneraciones políticas de la carrera administrativa.

El sindicato también reclamó un bono para los trabajadores: si existían recursos para aumentar a los funcionarios, debía haber una respuesta para el resto del personal. El planteo dejó expuesta la disputa por las prioridades presupuestarias: la conducción política había conseguido modificar su escala mediante una ordenanza, mientras los empleados debían reclamar una compensación en la negociación salarial.

Aportes al PUL y advertencias sobre la falta de recursos

Los comprobantes incorporan una dimensión partidaria: los cuatro contienen el descuento “Aporte Partido PUL”, equivalente al 10 por ciento del básico de cada funcionario. El registro permite identificar retenciones partidarias dentro de las liquidaciones municipales. Para reconstruir su destino se necesitan las autorizaciones y las constancias de transferencia: los recibos acreditan el descuento, pero no permiten verificar por sí solos el recorrido posterior del dinero.

El contraste se profundizó en septiembre de 2026, cuando Cortés advirtió sobre dificultades para pagar salarios y aguinaldos si no se actualizaba el módulo fiscal. En ese contexto también planteó reducir personal: “Yo creo que incluso hay que achicar”, declaró. Esa advertencia financiera convive con una decisión anterior de su administración y del Concejo: haber elevado la fórmula que sostiene los ingresos de la conducción política.

Los recibos de agosto muestran el resultado de aquella decisión: remuneraciones brutas millonarias y una distancia considerable respecto de un trabajador que cobra alrededor de 2 millones de pesos. Cortés y los concejales que acompañaron la reforma deben explicar qué evaluación presupuestaria respaldó el aumento y con qué criterio reclaman restricciones para el empleo municipal después de haber mejorado su propia escala salarial. (www.REALPOLITIK.com.ar)