El sistema de responsabilidad penal juvenil de la provincia de Buenos Aires suma cuestionamientos que alcanzan tanto a las condiciones de alojamiento como al manejo de recursos públicos. Mientras una fuente que acercó información a REALPOLITIK asegura que se prepara el reemplazo de Marcelo Pombo al frente del centro cerrado de Lomas de Zamora, una serie de manuscritos describe presuntas irregularidades en las áreas de Automotores y Servicios Auxiliares del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Los escritos, firmados por una fuente cuya identidad se resguarda, señalan presuntos usos particulares de vehículos oficiales, reparaciones privadas realizadas con personal estatal, pagos de horas extras sin prestación efectiva y desvíos de mercadería.

Lomas: denuncias laborales y una dirección cuestionada

La versión sobre un eventual recambio encuentra al establecimiento atravesado por reclamos que ya habían tomado estado público. El 13 de septiembre, el delegado de ATE, Marcelo Brizuela, denunció ante un medio del Conurbano falta de gas natural, problemas en baños y suministro de agua, y condiciones de hacinamiento en el centro socioeducativo de privación de la libertad ambulatoria de Lomas de Zamora, conocido como ex CREU. También atribuyó a Pombo responsabilidad por situaciones de precarización y violencia laboral.

La información recibida por REALPOLITIK sostiene que el director sería reemplazado por un abogado cercano a la conducción regional. También atribuye el movimiento a disputas internas y a una supuesta represalia por la difusión de un video de la jueza Marta Pascual durante un conflicto con jóvenes alojados. Al momento, no se aportó una resolución de desplazamiento ni documentación que permita establecer quién difundió esa grabación o acreditar la intervención judicial y municipal que menciona la fuente.

El conflicto se desarrolla después de la controversia por la decisión de Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal Juvenil en territorio bonaerense. Ese antecedente tiene una actualización relevante: la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la cautelar en septiembre, por lo que aquella suspensión no puede presentarse como vigente.

Vehículos, depósitos y horas extras bajo sospecha

En paralelo, los manuscritos concentran sus señalamientos en Hernán Ortega, identificado allí como segundo jefe del departamento Automotores, y en Daniel Pérez Torres, mencionado como director de Servicios Auxiliares y apodado “Boti”. 

Una de las acusaciones asegura que se repararían vehículos particulares utilizando mecánicos del organismo y repuestos facturados al Estado. Otra describe el empleo de móviles oficiales y choferes para “favores políticos”, traslados de familiares y transporte de mercadería al restaurante “La Flor”, ubicado en Barracas, cuya propiedad el manuscrito atribuye a Pérez Torres.

El mismo material menciona a Daniel Cusimano como supuesto encargado del establecimiento gastronómico y empleado del OPNyA que cobraría horas extras de Automotores sin cumplir tareas en esa dependencia. También cuestiona pagos a otra trabajadora por servicios que, según el relato, no realizaría.

Los señalamientos se extienden al depósito oficial identificado en 58 y 115, La Plata, donde se almacenarían ropa de cama, artículos de higiene y limpieza, electrodomésticos y materiales de construcción. El autor acusa a Ortega de haber utilizado parte de esos elementos para refaccionar y amueblar una vivienda en Etcheverry.

Además, describe un supuesto “depósito paralelo” en Villa Elisa, desde el cual se destinarían suministros al restaurante y a “gentilezas políticas”. “No a dispositivos, donde todo falta”, sostiene el manuscrito.

Finalmente, denuncia presiones sobre choferes para que no realicen medidas de fuerza por problemas de pago y cuestiona compras de repuestos mediante tarjetas “COPRES”. Las fotografías no incluyen facturas, registros de movimientos, liquidaciones salariales ni inventarios que permitan comprobar esas operaciones.

Para el ministro Andrés Larroque, quien controla políticamente el organismo, el problema exige algo más que resolver una eventual sucesión en Lomas. Los reclamos públicos sobre las condiciones del centro y las acusaciones sobre recursos del organismo plantean cuestiones concretas de gestión: cómo se controlan los vehículos, quién autoriza las horas extras y qué trazabilidad tienen los suministros destinados a los establecimientos de niñez. Son dos frentes distintos que requieren respuestas y controles verificables. (www.REALPOLITIK.com.ar)