El abogado Gonzalo Escaray dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las denuncias por presunta estafa vinculadas al financiamiento de una producción audiovisual impulsada por Hernán Casciari. En ese marco, analizó las responsabilidades de quienes participaron del proyecto y señaló los elementos que deben evaluarse para determinar si existió un delito. “Hay una modalidad que suele utilizarse no solo para este tipo de inversiones, sino para otras también. Y a la vez también es un mecanismo para estafar también”, advirtió.
Al explicar cómo funcionan estos mecanismos, Escaray sostuvo que es fundamental conocer las condiciones del negocio antes de aportar dinero. “Siempre que nos embarcamos en una cuestión que implica poner plata, tenemos que saber de qué se trata, es decir, en qué consiste ese negocio”, remarcó. En ese sentido, aclaró que la reputación de quienes ofrecen una inversión puede generar confianza, pero no constituye una garantía suficiente para evitar un posible engaño.
El letrado también hizo hincapié en la importancia de analizar las promesas de rentabilidad y las condiciones bajo las cuales se solicita el dinero. “Si te dicen, ‘vení y poné plata, porque vas a ganar cinco veces más’, necesitas tener ciertos reparos de qué se trata esto”, señaló. Para el abogado, las ganancias extraordinarias deben despertar interrogantes sobre la viabilidad del proyecto, los riesgos asumidos y las obligaciones de quienes administran los fondos.
En relación con el caso Casciari, Escaray consideró que uno de los aspectos fundamentales será reconstruir el recorrido del dinero aportado por los inversores. “Y ahí entra algo que es clave, que es por donde tienen que ir, porque es la rendición de cuentas”, afirmó. Además, explicó que deberá determinarse cuánto dinero ingresó, qué gastos se realizaron y cuál fue el destino de los fondos reunidos para financiar la película.
El abogado advirtió que una inversión fallida no constituye automáticamente una estafa, ya que es necesario analizar las circunstancias concretas de cada operación. “En realidad esto podría parecerse más a una defraudación”, planteó al referirse a la posibilidad de que el dinero destinado a la producción audiovisual hubiera sido utilizado para otros fines. En esa línea, indicó que el análisis deberá contemplar los gastos de realización, la comercialización de la obra y las condiciones económicas que se habían informado a quienes aportaron capital.
Escaray también se refirió a la participación de figuras reconocidas del espectáculo y a la necesidad de distinguir entre quienes integraron una producción artística y quienes pudieron haber intervenido en la organización del negocio. Según explicó, la presencia de actores conocidos puede funcionar como un elemento de confianza para atraer inversores, aunque eso no significa que todos tengan responsabilidad penal. “Una cosa es estar implícito, ser parte, estar siendo parte como lo estás planteando y otra cosa es ser totalmente ajeno, pero quedar pegado”, sostuvo.
En ese sentido, el entrevistado señaló que la investigación deberá establecer qué función cumplió cada involucrado y qué conocimiento tenía sobre la financiación del proyecto. También advirtió que la promoción de un producto o una inversión no implica necesariamente conocer las irregularidades que pudieran existir. Sin embargo, aclaró que la situación puede ser diferente si una persona participa directamente del negocio ofrecido y obtiene beneficios económicos a partir de él.
Al brindar recomendaciones para identificar posibles maniobras fraudulentas, Escaray explicó que la estafa requiere una conducta engañosa capaz de inducir a otra persona a entregar su dinero. “La clave siempre tiene que haber un engaño o una puesta en escena o la persona que aparenta bienes o que aparenta un conocimiento que va a hacer que la otra persona gane plata”, explicó. Según el abogado, uno de los mecanismos más habituales consiste en construir una imagen de solvencia y conocimiento para convencer a otros de que obtendrán ganancias.
Asimismo, alertó sobre las promesas de rentabilidad rápida y los esquemas en los que se utilizan los aportes de nuevos participantes para pagarles a quienes ingresaron anteriormente. “Lo que hay siempre también es la ganancia fácil”, enfatizó. En estos casos, señaló que los primeros inversores pueden llegar a recibir dinero, lo que fortalece la confianza y favorece el ingreso de nuevos aportantes, hasta que el mecanismo deja de funcionar y aparecen las pérdidas.
Finalmente, Escaray sostuvo que el avance de la causa dependerá de la documentación que permita reconstruir cómo se organizó el negocio y qué información recibieron quienes aportaron dinero. “Lo inicial va a ser cuando, calculo yo, si lo llaman a declarar a Casciari en algún momento, es lo que él acredite de cómo se llevó adelante el negocio”, explicó. Además, consideró necesario determinar si los participantes eran socios, inversores o consumidores, ya que esa distinción resulta relevante para establecer las obligaciones y responsabilidades de cada parte.
El abogado también recordó que existen otras investigaciones por presuntas estafas inmobiliarias en La Plata, algunas vinculadas con la compra de departamentos en pozo y posibles esquemas piramidales. Al referirse a esas causas, destacó la importancia de que la Justicia profundice el análisis de las operaciones y de los fondos involucrados. “Hay muchas cosas para tener en cuenta y estar atentos”, concluyó, al insistir en la necesidad de examinar las condiciones de cada inversión antes de comprometer dinero.(www.REALPOLITIK.com.ar)