Hace algunos días, Carlos Sersale di Cerisano, exembajador de Mauricio Macri en Londres, publicó una columna en Clarín proponiendo una presencia militar conjunta de Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido en la base de Mount Pleasant. Su iniciativa, presentada como una fórmula de cooperación en el Atlántico Sur, devuelve al centro de la discusión un antecedente incómodo: cuando debía representar al país ante Londres, calificó a funcionarios británicos como las máximas autoridades de Malvinas.
El episodio ocurrió en diciembre de 2018, cuando difundió en Twitter una publicación sobre la visita a las islas del empresario Eduardo Eurnekián, empleador y jefe de Javier Milei durante más de una década. El mensaje decía: “Colaboración, agradecimiento y reunión cumbre en Malvinas: Eduardo Eurnekián fue recibido por las máximas autoridades de las islas”. La publicación fue posteriormente borrada, pero la controversia ya había llegado al Congreso.

El 18 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó una declaración de repudio y exigió una retractación. El cuestionamiento atravesó tanto a la oposición como al oficialismo: Elisa Carrió y Cornelia Schmidt Liermann, integrantes de Cambiemos, también señalaron la gravedad de las expresiones del representante argentino. De hecho, Carrió impulsó que Sersale y el entonces canciller Jorge Faurie fueran convocados para dar explicaciones.
El problema excedía las formas. Jorge Argüello, entonces secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, advirtió que las palabras del diplomático podían ser interpretadas como consentimiento frente a la posición británica. Por eso reclamó una rectificación pública que dejara en claro que aquellas expresiones no comprometían al Estado argentino.
La reacción también tuvo un capítulo judicial: la Confederación Nacional de Combatientes presentó una denuncia penal contra Sersale por presuntos delitos de abuso de autoridad y traición a la patria. Su presidente, Rubén Rada, confirmó que el juez federal Ariel Lijo los había citado a Comodoro Py para ratificar y ampliar la presentación. “Argentina no está en venta y las islas no se regalan ni se entregan”, sostuvo entonces.
Sersale terminó enviando una carta de disculpas a Faurie. Allí lamentó las confusiones generadas y aclaró que las autoridades legítimas eran el Gobierno nacional y el de Tierra del Fuego. También reafirmó la pertenencia argentina del archipiélago. Esa rectificación forma parte del episodio, al igual que el rechazo institucional que la precedió.

Ese antecedente no impidió su regreso a una posición sensible. Ya jubilado, Sersale fue convocado por la Cancillería de Diana Mondino al comienzo del gobierno de Javier Milei para conducir el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), encargado de seleccionar y formar a los futuros diplomáticos argentinos. Su designación fue ad honorem, con vigencia desde el 10 de enero de 2024. El gobierno libertario puso así la formación de sus representantes en manos de un funcionario cuya actuación sobre Malvinas había sido gravemente cuestionada incluso por legisladores del macrismo.
Su renuncia fue solicitada en marzo de 2025, durante la gestión de Gerardo Werthein, después de la suspensión del ingreso de nuevos aspirantes. Fuentes diplomáticas aseguraron a REALPOLITIK que su llegada al ISEN respondía a una orientación destinada a relegar la cuestión Malvinas en la formación de los nuevos diplomáticos, en favor del acercamiento con el Reino Unido. Es una lectura política sobre su función, que cobra relevancia frente a su actual propuesta de compartir la base de Mount Pleasant con británicos y estadounidenses.
El comportamiento de Sersale vuelve a poner en debate el rol de Paola Di Chiaro, secretaria de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur y cofundadora de Argentina Global junto a Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Jorge Macri. Tal y como publicó REALPOLITIK, la fundación desarrolla el Future Leaders Programme Argentina junto con la Embajada Británica y Chevening, el programa del Foreign Office. La organización todavía la presenta como fundadora y tesorera.
La superposición adquiere especial relevancia porque Cancillería es la autoridad de aplicación del régimen que sanciona las actividades hidrocarburíferas realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental. El decreto 868/2026 asignó esa responsabilidad al ministerio: dentro de esa estructura, la funcionaria encargada del área Malvinas mantiene vínculos con una organización que desarrolla un programa de formación para jóvenes junto con la representación diplomática británica. A pesar de ello, el presidente Javier Milei optó por sostener a la funcionaria y evitó expedirse sobre el tema.
A esos cuestionamientos se suma la actuación de la conducción ministerial ante el Congreso. Según deslizaron a este medio fuentes calificadas desde el Palacio San Martín, diputados reclamaron la presencia del canciller Pablo Quirno y de Di Chiaro para explicar y defender el proyecto conocido como ley Malvinas, pero ninguno concurrió a la instancia señalada. La versión plantea una contradicción política: mientras Milei presenta la iniciativa como una herramienta para defender la soberanía, los principales responsables de su política exterior dejaron sin respuesta el reclamo de explicaciones de los legisladores.

En medio de esta maraña de polémicas, Sersale plantea que la mediación estadounidense desemboque en una presencia militar combinada de los tres países en Mount Pleasant. La propuesta se circunscribe a la base militar, sin establecer un reparto territorial, y presenta la cooperación en seguridad como una vía para avanzar mientras otros componentes de la disputa quedan separados de esa negociación.
En un texto de respuesta publicado en Clarín, el diputado nacional Guillermo Michel rechazó esa orientación y sostuvo que la Argentina debe fortalecer su propia presencia soberana. “Lejos de sumar más banderas a Malvinas, lo que debemos hacer es defender la propia con patriotismo”, expresó.
Los antecedentes permiten una lectura política más amplia: la relegación del reclamo soberano aparece como una orientación que atraviesa gestiones, nombramientos y espacios de formación. La propuesta de Sersale, su convocatoria para preparar a los futuros diplomáticos y los vínculos de Argentina Global con la Embajada Británica muestran una convergencia que merece ser examinada en conjunto.
El riesgo es que la soberanía quede reservada para los discursos mientras las decisiones consoliden una relación cada vez más funcional a Londres. Separar sistemáticamente Malvinas de la cooperación militar, los negocios y la formación de dirigentes puede terminar convirtiendo la postergación del reclamo en una política permanente. (www.REALPOLITIK.com.ar)