El Tribunal de Cuentas de San Juan detectó irregularidades en la documentación que debía acreditar la recepción de productos de limpieza comprados por el ministerio de Educación durante la gestión de Marcelo Orrego. Las observaciones alcanzan a mercadería de Pranamar SRL por 34.872.675,84, dentro de una factura por más de 72 millones.

El caso aparece en la Memoria Anual 2025, publicada recién durante este 2026. El organismo formuló cargos a responsables administrativos del ministerio por falta de rendición documentada: los remitos examinados no contaban con la conformidad de recepción exigida para iniciar el pago.

Tres remitos y una recepción sin acreditar

La operación se tramitó mediante la licitación pública Nro. 05/2024, en el expediente 300-006733-2024. Pranamar presentó una factura fechada el 12 de agosto de 2024 por 72.776.779,72, que figuraba conformada por integrantes de la comisión de recepción.

Sin embargo, el Tribunal advirtió que tres remitos carecían de la conformidad del responsable del depósito del ministerio de Educación que conduce Silvia Fuentes, un requisito previsto en el pliego. Comprendían 8.608 unidades de limpiador multiuso, por 14.749.635,84, y 3.360 unidades de alcohol en gel de cinco litros, por 20.123.040.

Extracto de la Memoria Anual 2025 del Tribunal de Cuentas de San Juan: observaciones sobre la recepción de productos de limpieza adquiridos a Pranamar SRL.

Los cargos identifican, entre otros responsables, a Daniela Celeste González, del Servicio Administrativo Financiero; Vanesa Toledo y Marina Noelia Recabarren, de la Unidad Operativa de Contrataciones; y Adrián Ángel Boronat y Natalia Lorena Toledano, integrantes de la comisión que conformó las facturas.

La observación acredita una falla en el respaldo documental del gastoy plantea una responsabilidad concreta para la administración de Orrego en un área especialmente sensible: justificar por qué se pagó sin contar con la documentación de recepción exigida.

Un antecedente societario que abre otra pregunta

La revisión de la proveedora suma un interrogante distinto. Un edicto publicado en el Boletín Oficial de San Juan del 29 de septiembre de 2016, referido a una cesión de cuotas de 2015, consignó esta composición de Pranamar: Sonia Beatriz Daverio, 47 por ciento; Manuel Germán Vela, 47 por ciento; y Ernesto Eduardo Vela, 6 por ciento.

Marcelo Orrego.

Por otra parte, registros laborales a los que tuvo acceso este medio vinculan a Daverio con la Universidad Nacional de San Juan y muestran períodos declarados hasta este año inclusive. El resumen histórico ubica el inicio en diciembre de 2015, aunque el detalle disponible no permite acreditar por sí solo su situación durante los meses de la contratación.

El cruce merece verificarse porque el artículo 24, inciso 3, de la ley provincial 2000-A prohíbe contratar con el sector público provincial a agentes públicos nacionales, provinciales o municipales y a sociedades cuyos socios revistan esa condición.

Para determinar si existió una incompatibilidad, todavía falta establecer si Daverio conservaba su participación societaria y su vínculo laboral cuando se realizó la compra, además de precisar la aplicación de la norma a su situación universitaria. Esa posible incompatibilidad no aparece establecida en las observaciones examinadas del Tribunal, presidido por Pablo García Nieto, exdiputado provincial y expresidente del bloque Justicialista, quien llegó al organismo en noviembre de 2023 a propuesta del entonces gobernador Sergio Uñac, poco antes del recambio de gobierno.

El gobierno de Orrego tiene, en cualquier caso, un cuestionamiento documentado sobre los controles de esta compra: se conformaron facturas mientras faltaba acreditar debidamente la recepción de mercadería por casi 35 millones de pesos. El expediente completo y las actuaciones posteriores deberán mostrar si esa documentación fue finalmente presentada y cómo se resolvieron los cargos. (www.REALPOLITIK.com.ar)