La municipalidad de Toay, conducida por el peronista Ariel Rojas, enfrenta un reclamo por la habilitación de El Castillo–Vivilotodo, un establecimiento que recibió sucesivas autorizaciones para funcionar como discoteca. Su titular, Raúl Ariel Gómez, denuncia que desde 2020 no logra renovar el permiso y cuestiona que ahora se considere prohibida una actividad que el propio municipio autorizó durante años.  

El planteo más reciente está desarrollado en un recurso patrocinado por un reconocido constitucionalista, dentro del expediente municipal 46/2025. Allí se impugna la decisión de Obras y Servicios Públicos de no otorgar el uso conforme al inmueble ubicado en Pecho Colorado 651, un requisito para avanzar con la habilitación comercial. Según el escrito, el municipio encuadró el rubro solicitado como “uso prohibido” para ese distrito.

De las habilitaciones al uso prohibido

Los antecedentes documentales muestran que El Castillo obtuvo autorización municipal en diciembre de 2003 y sucesivas renovaciones posteriores. Una resolución del 19 de diciembre de 2019, por ejemplo, habilitó la discoteca por sesenta días y estableció exigencias sobre capacidad, seguridad, adicionales policiales y sonido. El municipio conocía el establecimiento y regulaba expresamente su funcionamiento.  

Gómez también invoca una medida judicial del expediente G-54368. En una ampliación dictada en diciembre de 2005, la jueza Elena Victoria Fresco dispuso que la habilitación se otorgara en las mismas condiciones que en 2003, 2004 y 2005. Sus representantes sostienen que esa medida continúa vigente y que el rechazo municipal la desconoce. El documento aportado, sin embargo, no equivale a una habilitación definitiva ni resuelve por sí solo el alcance actual de aquella orden.

El recurso dirigido a Rojas cuestiona además la coherencia de la administración: sostiene que las autorizaciones reiteradas generaron una expectativa legítima de continuidad y que impedir ahora la actividad afecta el derecho a trabajar y comerciar. El punto que compromete políticamente a la gestión es concreto: explicar por qué una actividad autorizada durante años encuentra después un impedimento urbanístico para seguir funcionando.  

El antecedente judicial y el reclamo a Rojas

La disputa tiene un antecedente adverso para el comerciante. En diciembre de 2021, la Justicia rechazó un amparo por mora al entender que faltaba realizar la inspección municipal y que Gómez debía facilitarla. El municipio sostuvo que no había autorizado expresamente el ingreso de los inspectores; él negó haberse opuesto y afirmó que había pedido coordinar una fecha. La Cámara confirmó el rechazo en junio de 2022.  

Ese litigio se concentró en las inspecciones pendientes. El expediente de 2025 incorpora una discusión distinta: la clasificación urbanística del rubro. El recurso jerárquico, presentado el 1 de abril de ese año según el posterior pronto despacho, pidió revisar el rechazo y otorgar la habilitación. En ese último escrito, Gómez denunció que su impugnación seguía sin una respuesta fundada.  

Gómez también dirigió un reclamo a los integrantes del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa: pidió que “piensen bien al dictar la sentencia” y que reflexionen sobre su caso. El comerciante insiste en que sus presentaciones buscan recuperar la posibilidad de trabajar en un establecimiento que contó con sucesivas habilitaciones municipales.

Las habilitaciones anteriores no eximen al establecimiento de cumplir los controles vigentes. Pero tampoco relevan a la gestión de Ariel Rojas de explicar el fundamento de su decisión y responder el reclamo. Después de años de permisos temporarios y expedientes, la pregunta sigue siendo sencilla: qué se esconde detrás de la negativa a una habilitación que la propia municipalidad de Toay permitió reiteradamente. (www.REALPOLITIK.com.ar)