Sábado 24 de octubre de 2026

Política

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Educación bonaerense admitió no saber evaluar el costo y terminó pagando 450 mil dólares

24/10/26 | El gobierno de Kicillof contrató de manera directa a Grupo Net SA para alquilar un equipo informático durante seis meses sin saber cuánto correspondía pagar.


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La dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, actualmente bajo la dirección de Flavia Terigi, adjudicó una contratación directa por 450 mil dólares, equivalentes a 675 millones de pesos, a la empresa Grupo Net SA, en un procedimiento en el que los propios organismos técnicos reconocieron dificultades para determinar si el precio ofrecido resultaba económicamente razonable.

La decisión quedó formalizada mediante la resolución 12133-SSAYRHDGCYE-2026, fechada el 1 de octubre y publicada en el Boletín Oficial bonaerense del 22 de octubre de 2026, bajo el expediente EX-2026-02413912-GDEBA-SDCADDGCYE.

El objeto de la contratación es el alquiler, durante seis meses, de un equipo informático mainframe IBM Z114 Tipo 2818-Y01, utilizado para garantizar la continuidad del procesamiento de haberes del sistema educativo provincial. Sin embargo, lo más llamativo no es solamente el monto de la operación, sino el procedimiento mediante el cual la cartera educativa terminó justificando el precio.

Educación reconoció que no podía evaluar el precio

Según consta en los fundamentos de la resolución, el 1 de julio de 2026 Grupo Net presentó su oferta económica por 450 mil dólares. Posteriormente, la dirección de Infraestructura y Producción, dependiente de la dirección de Tecnología de la Información, analizó la propuesta y concluyó que cumplía con los requerimientos técnicos.

No obstante, el mismo organismo dejó asentada una observación: no contaba con elementos suficientes para determinar si el monto solicitado por la compañía resultaba razonable.

Ante esa situación, la dirección de Tecnología de la Información elaboró un informe complementario. Allí reconoció que el servicio contratado no figuraba en la nómina de precios de referencia del Organismo Provincial de Contrataciones. Pese a esa ausencia de parámetros oficiales, la dependencia concluyó que el precio se adecuaba a las variaciones del mercado.

¿Cuál fue uno de los fundamentos utilizados para alcanzar esa conclusión? Un informe de costos presentado por la propia Grupo Net SA.

Mientras una dependencia técnica reconocía que no tenía elementos para evaluar la razonabilidad económica de la propuesta, otra justificaba el monto utilizando información elaborada por la misma empresa interesada en obtener la contratación.

 

Posteriormente, y a pedido de organismos de control, se incorporó un nuevo informe de estructura económica para el alquiler del IBM Z114, también confeccionado por Grupo Net. La resolución deja documentado que la justificación económica se apoyó, al menos en parte, en información proporcionada por el propio proveedor.

La contratación directa y la dependencia tecnológica

La dirección provincial de Tecnología de la Información justificó la necesidad de continuar utilizando el equipo debido a que la cartera educativa se encuentra implementando un nuevo Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos y Liquidación de Haberes.

El argumento permite comprender la necesidad operativa de sostener el servicio. Sin embargo, abre otro interrogante: ¿hasta qué punto la dependencia de un equipamiento perteneciente a un proveedor privado limita la capacidad del Estado para negociar sus condiciones económicas?

La contratación representa un desembolso equivalente a 75 mil dólares mensuales durante seis meses, únicamente por el servicio previsto en el expediente.

La cuestión adquiere mayor relevancia porque la relación comercial entre Grupo Net y Educación no comenzó este año. Existen antecedentes de contrataciones anteriores vinculadas al alquiler del mismo tipo de equipo informático, por lo que corresponde reconstruir cuánto dinero destinó el gobierno de Kicillof a sostener esta infraestructura a lo largo del tiempo.

¿Quiénes están detrás de Grupo Net?

La compañía adjudicataria, identificada con el CUIT 30-70955587-8, es una sociedad argentina dedicada a soluciones de infraestructura y servicios tecnológicos.

De acuerdo con las publicaciones societarias del Boletín Oficial de la República Argentina, sus principales autoridades designadas en diciembre de 2023 son Claudio César Labal, presidente, y Javier Adrián Faifer, vicepresidente.

La actividad empresarial de Labal y Faifer no se limita a Grupo Net. Ambos aparecen vinculados a otras sociedades comerciales, entre ellas Metastar SRL y Birco SRL.

En el caso de Birco, una publicación del Boletín Oficial de octubre de 2011 documentó la adquisición de cuotas sociales por parte de los dos empresarios y su designación como gerentes.

También existen antecedentes societarios que los identifican como participantes de Metastar. Estos registros muestran que Labal y Faifer compartieron actividades comerciales en distintas sociedades, aunque los documentos históricos no permiten establecer si mantienen actualmente todas esas participaciones.


Axel Kicillof.

La responsabilidad por el precio

La contratación recibió intervención de la asesoría General de Gobierno, la contaduría General y la Fiscalía de Estado, organismos que consideraron procedente el dictado del acto administrativo.

Finalmente, la resolución fue firmada por el subsecretario de Administración y Recursos Humanos de Educación, Diego Hernán Turkenich. Hay un último detalle particularmente significativo.

El artículo 11 establece que la gestión queda bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que la propicia y que esa responsabilidad se extiende expresamente a la razonabilidad de los precios que deberán pagarse.

Así, la propia resolución deja planteada una cuestión central: mientras el área técnica había reconocido la ausencia de elementos para evaluar económicamente la oferta, el acto administrativo terminó aprobando una contratación directa por 450 mil dólares y trasladando expresamente la responsabilidad por el precio a la autoridad impulsora.

La documentación muestra que el Estado bonaerense autorizó una contratación de 675 millones de pesos después de reconocer que carecía de referencias oficiales para comparar el precio ofrecido, utilizando informes económicos elaborados por el propio proveedor. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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