Las comparaciones son siempre odiosas, pero, en ocasiones, son necesarias.  

Mientras que el administrador del Cottolengo Don Orione, Fernando Montero, se pasea por las oficinas estatales del ministro de salud, Mario Lugones, para que le transfieran el importe de alguna factura pendiente que le permita continuar atendiendo de manera decente a más de 400 personas con discapacidad, el gobierno de Javier Milei decidió contratar de manera directa, sin licitación ni compulsa de precios y por una suma millonaria, a la empresa DF Entertainment de Live Nation (que posee el 51 por ciento de las acciones) y del promotor de eventos de entretenimiento, Diego Finkelstein. 

Si bien la vigilia en Palermo puede llegar a ser uno de los eventos más convocantes de la década por la trascendencia del jefe de Estado del Vaticano, el precio decretado de 8.300 millones de pesos o cerca de 5,5 millones de dólares, puede sonar arbitrario y, según algunos referentes del mercado de la industria del entretenimiento, excesivo. 

Si se comparan los escenarios previstos para la visita del vicario de Cristo con la organización del show ofrecido por sus "majestades satánicas", los Rolling Stones, en la playa de Copacabana en 2006, que reunió a 1.500.000 personas, hay una diferencia de un millón de dólares. No está claro que todo se pueda explicar por un ajuste de inflación de la moneda estadounidense. 

Argumentos que cuestionan el costo y el proceso no faltaron  

"Hubo falta de competencia y plazos exprés". Diversos sectores y productores de la industria critican que la licitación otorgó únicamente cinco días para presentar propuestas. Al ser un pliego complejo de más de 700 puntos y no permitir ofertas por "renglón separado", DF Entertainment quedó como el único oferente, lo que impidió una competencia de precios que pudiera abaratar los costos. En algunas oficinas se habla de un pliego dirigido y miran hacia la poderosa secretaría General de la presidencia. 

Karina Milei y su entorno, fundamentalmente, Mara Gorini, su mano derecha, quien históricamente cumplió el rol de armadora, relacionista pública y organizadora de los eventos y puestas en escena de La Libertad Avanza, mantiene una fluida sintonía operativa con el equipo técnico de Finkelstein. El Ejecutivo ha optado de manera recurrente por grandes corporaciones con capacidad logística inmediata para sus eventos de magnitud, desplazando los esquemas tradicionales de contratación del Estado. 

Estas corporaciones tienen muchas terminales con el ala republicana de Donald Trump. Es lo que sucede con Live Nation que posee el 51 por ciento de las acciones de DF Entertainment.

La empresa socia de Diego Finkelstein es una empresa pública multinacional estadounidense que cotiza en la Bolsa de Nueva York. No pertenece a un único dueño absoluto, sino que su propiedad está distribuida entre diversos inversionistas institucionales y corporaciones de medios. 

Diego Finkelstein.

Sin embargo, su principal accionista es Liberty Media Corporation. Un poderoso conglomerado estadounidense de medios de comunicación, entretenimiento y deportes, famoso internacionalmente por ser también el propietario de la Fórmula 1, Liberty Media controla aproximadamente del 29,5 al 30 por ciento del capital total de Live Nation, consolidándose firmemente como el jugador dominante dentro de su estructura de propiedad. 

Su presidente y principal estratega es el magnate de los medios de comunicación, John Malone, que tiene una relación histórica de apoyo financiero y coincidencia ideológica con e presidente Donald Trump. 

John Malone aportó personalmente 250 mil dólares al comité que financió los festejos de la primera asunción de Donald Trump, en enero de 2017. Liberty Media y Liberty Interactive donaron otros 250 mil dólares cada una. A esas contribuciones se sumaron 250 mil dólares del entonces ejecutivo Greg Maffei, con lo que los cuatro aportes totalizaron un millón de dólares. 

Ahora bien, a nivel ejecutivo, la gestión y conducción general de Live Nation, que recientemente se expandió de forma masiva en la región tomando el control de DF Entertainment y del Movistar Arena de Buenos Aires, está liderada por Michael Rapino quien se desempeña como su presidente y CEO internacional desde el año 2005.  

Rapino tiene también un vínculo fuerte con Donald Trump pero diferente al de Malone. Es más ejecutivo y de cabildeo como suele suceder en los Estados Unidos y quedó expuesto a raíz de una fuerte controversia judicial y regulatoria en ese país. 

Rapino acudió a Trump por el caso contra Live Nation-Ticketmaster. Una acusación muy grave de monopolio que se originó por una demanda del departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y decenas de estados, que acusaron a la empresa de monopolizar ilegalmente la industria de la música en vivo mediante tácticas anticompetitivas, contratos de exclusividad y tarifas abusivas.  

Michael Rapino (Foto: Michael M. Santiago/Getty Images).

El objetivo inicial del gobierno era lograr la disolución forzosa del gigante del entretenimiento. Sin embargo, el rumbo del litigio cambió drásticamente tras la intervención del poder político.  

El 27 de febrero de 2026, semanas antes del juicio, el presidente Donald Trump y el CEO de Live Nation, Michael Rapino, mantuvieron una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca. Oficialmente el encuentro se convocó para discutir la programación del Kennedy Center, pero Trump aprovechó para cuestionar a Rapino sobre por qué no habían llegado a un acuerdo. Poco después de esta cita, el mandatario instruyó a altos funcionarios a resolver el litigio. 

Esta presión derivó en un sorpresivo acuerdo de conciliación firmado en marzo. El departamento de Justicia retiró su petición de desmantelar la compañía a cambio de que Ticketmaster abriera su software a competidores, cediera la exclusividad en 13 anfiteatros y limitara al 15 por ciento los cargos por servicio. 

En el gobierno, funcionarios cercanos a Cancillería aseguraron a REALPOLITIK que "el evento millonario de Palermo se justifica por la alta complejidad técnica y la seguridad, que es un factor que hay resaltar y no hay margen para ningún error. Hubo tres empresas invitadas, solo una contestó y privilegiamos la experiencia del proveedor". 

Sin embargo, la Argentina cuenta con numerosas empresas con experiencia en eventos masivos que podrían haber competido en igualdad de condiciones y presentado ofertas más económicas. En Córdoba, por ejemplo, la organización de la visita del Papa se realiza a través de pymes de la región, pese a que la convocatoria podría igualar o superar la prevista en la Ciudad de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)