En Río Negro, la discusión sobre la independencia judicial tiene nombres, apellidos y una historia que Alberto Weretilneck conoce de primera mano. Dos de los jueces ahora denunciados llegaron al Superior Tribunal de Justicia por propuesta suya. Otros dos desembarcaron con su respaldo político, cuando ya no ocupaba el despacho de gobernador, pero seguía teniendo peso en las decisiones del oficialismo.

Ese recorrido vuelve incómoda su respuesta frente a las acusaciones de Gustavo Gennuso, el exintendente de la municipalidad de Bariloche que denuncia una persecución para perjudicar su futuro electoral. Weretilneck asegura que no interviene en la Justicia. La oposición pide investigar si algunos magistrados cruzaron ese límite y acompaña el reclamo con

tres escritos que abarcan la causa Techo Digno, la actuación de un juez subrogante y el archivo de las amenazas contra un periodista.

Los nombres que Weretilneck llevó al tribunal

Hay un antecedente que surge de los archivos del propio gobierno provincial. El 22 de julio de 2013, Weretilneck presidió el Consejo de la Magistratura y propuso a Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini para integrar el Superior Tribunal. Ambos ocuparon lugares creados con la ampliación del cuerpo. Apcarian fue aprobado por unanimidad; Piccinini, por mayoría.

Ocho años después llegaron Sergio Ceci y Cecilia Criado. La gobernadora era Arabela Carreras, quien presentó formalmente las postulaciones, aunque la negociación estuvo atravesada por la interna de Juntos Somos Río Negro. La cobertura política de aquel momento describió las designaciones como un triunfo de Weretilneck. Ceci venía de trabajar como secretario del bloque oficialista en la Legislatura y tenía el respaldo del sector que respondía al entonces senador.

Los cuatro aparecen ahora en la denuncia que solicita investigar sus actuaciones y evaluar un eventual juicio político. Haber recibido apoyo de un gobernador para acceder al cargo no prueba que un juez resuelva bajo sus órdenes. Pero el peso de Weretilneck en esas designaciones forma parte de una historia que su defensa pública del tribunal deja afuera.

El planteo reúne a legisladores de Cambia Río Negro y Vamos con Todos, dos espacios con diferencias políticas que encontraron un motivo común para cuestionar a la conducción judicial. Firman Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti, José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito y Fabián Pilquinao. Piden una investigación y que, si se acreditan responsabilidades, se promueva el juicio político.

Ricardo Apcarian, Cecilia Criado, Sergio Ceci y Liliana Piccinini.

Gennuso y una causa que sigue abierta

El caso de Gennuso explica buena parte de la pelea. El exintendente fue absuelto por peculado en noviembre de 2025 y el Tribunal de Impugnación confirmó esa decisión en marzo de 2026. Sin embargo, el Superior Tribunal anuló después la resolución de esa segunda instancia y ordenó que otros jueces examinaran si los hechos podían encuadrarse como malversación de caudales públicos.

La diferencia tiene consecuencias concretas: el tribunal descartó el peculado, pero mantuvo abierto el proceso bajo otra posible calificación. También dejó para la instancia siguiente el tratamiento de la prescripción planteada por la defensa. Gennuso no fue condenado por esa decisión, aunque deberá seguir dando una discusión judicial que ya había tenido dos pronunciamientos favorables.

Los denunciantes cuestionan justamente ese recorrido. Sostienen que el examen de la malversación excedía la acusación con la que el exintendente había llegado a juicio y reclaman explicar por qué se postergó la discusión sobre la prescripción. También piden esclarecer el cambio en la fecha del pronunciamiento y la urgencia de la Fiscalía para conseguir una nueva audiencia.

Una segunda presentación apunta a Adrián Fernando Zimmermann, quien intervino como subrogante y firmó el fallo. El escrito solicita investigar su responsabilidad individual por esa actuación. Además, pide conocer quiénes integrarán el Consejo de la Magistratura encargado de analizar la denuncia, para poder plantear recusaciones si existieran motivos.

Gennuso atribuye la continuidad de la causa a una intención de perjudicar su participación política de cara a 2027. Es una acusación que requiere pruebas y que Weretilneck rechaza. Pero tiene una particularidad que agrava el enfrentamiento: quien señala al gobernador fue parte de su mismo proyecto político y conoce desde adentro el funcionamiento del oficialismo.

El cambio de tono del gobernador

Weretilneck también tiene un recorrido propio frente a Techo Digno. En junio de 2017 defendía públicamente a los intendentes involucrados. Decía que no creía que se hubieran llevado dinero a sus casas y se mostraba convencido de que los recursos no habían sido destinados a fines ajenos a los municipios. Aclaraba, de todos modos, que debían responder si la Justicia comprobaba otro destino para los fondos.

Ahora, ante los cuestionamientos de Gennuso, eligió poner el acento en las explicaciones que deben dar los exjefes comunales. “Acá no hay nada de política provincial, no hay nada en contra de nadie”, sostuvo. También les reclamó aclarar qué hicieron con el dinero y negó utilizar al Poder Judicial para una disputa partidaria.

El cambio de énfasis tiene un costo político. Antes ofrecía respaldo a los intendentes investigados; hoy responde a un exaliado que lo acusa de influir sobre los jueces. El gobernador participa del debate, cuestiona a quienes deben enfrentar el proceso y defiende al tribunal. Esa intervención pública está a la vista. Lo que las denuncias buscan establecer es si también existió una injerencia sobre las decisiones judiciales.

Las amenazas a un periodista y una pista sin esclarecer

El tercer escrito lleva la discusión fuera de los expedientes contra exintendentes. Reclama investigar el archivo de la causa por las amenazas y el hostigamiento denunciados por el periodista Gonzalo Santos y su familia. Los firmantes piden establecer si quedaron medidas pendientes y si los funcionarios judiciales cerraron la investigación antes de agotar las posibilidades de esclarecer los hechos.

La presentación menciona una conexión IP asociada a Erika Leonor Araneda, identificada como funcionaria provincial. Esa vinculación técnica no alcanza por sí sola para atribuirle la autoría de las comunicaciones. Precisamente por eso, el reclamo apunta a determinar qué se investigó, qué diligencias se descartaron y por qué se decidió archivar.

La preocupación también fue expresada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que cuestionó la decisión del fiscal jefe Hernán Trejo. La organización advirtió que no se había profundizado la evidencia sobre una conexión correspondiente a una funcionaria del gobierno con actividad partidaria en el oficialismo. También señaló la necesidad de distinguir las amenazas verbales denunciadas de los mensajes escritos utilizados para hostigar y desacreditar al periodista.

Para la oposición, la continuidad del proceso contra Gennuso y el cierre de la investigación por las amenazas a Santos alimentan las sospechas sobre un funcionamiento selectivo de la Justicia. Son expedientes distintos y cada decisión debe examinarse con sus propios antecedentes. Pero ambos casos colocan bajo discusión la capacidad del sistema judicial para actuar sin condicionamientos cuando aparecen intereses del poder provincial.

Weretilneck niega cualquier interferencia. Las denuncias deberán recorrer sus instancias y demostrar los hechos que atribuyen a cada funcionario. Mientras tanto, al gobernador le queda un problema que no se resuelve con una desmentida: los cuestionamientos alcanzan a cuatro magistrados cuya llegada al máximo tribunal ayudó a impulsar. La forma en que se investiguen sus actuaciones será también una prueba para los controles del poder en Río Negro. (www.REALPOLITIK.com.ar)