Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) denunciaron ante REALPOLITIK que le exigieron pagar de su bolsillo 485 mil pesos para tramitar la licencia necesaria para conducir vehículos de emergencia. Según estos testimonios, cuando comunicaron el presupuesto a su superior recibieron una advertencia: debían obtener el registro o prepararse para ser trasladado a otra provincia.

El monto supera la mitad de los 950 mil pesos mensuales que varios de los denunciantes aseguraron percibir. Los relatos también incluyen conversaciones con choferes de la Guardia de Infantería que, según manifestaron, continúan manejando móviles oficiales sin contar con las licencias profesionales correspondientes porque no pueden afrontar su costo.

“En mi caso, el municipio que me corresponde a mí me pasó 485 mil pesos el registro. Cuando yo lo informé a mi jefe, la respuesta que tuve fue que me lo haga o que me vaya juntando las cosas para irme a una provincia”, expresó un agente.

La denuncia plantea cuestionamientos sobre el financiamiento de las habilitaciones y los controles sobre los conductores de una fuerza encabezada por el comisario General, Luis Alejandro Rolle, bajo la órbita del ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva. 

La ministra Alejandra Monteoliva.

Pagar el registro o enfrentar un traslado

Las fuentes explicaron que la categoría reclamada es la D4, correspondiente a vehículos de urgencia y emergencia. Según señalaron, los presupuestos que conocen parten de los 430 mil pesos, varían de acuerdo con el municipio e incluyen evaluaciones médicas, psicofísicas y prácticas.

“Yo soy bombero y gano 950 mil pesos. Me parece ya una locura que tenga que poner la mitad de mi sueldo para poder pagar un registro que es para manejar el camión de mi dependencia”, manifestó otro trabajador.

Denunciantes sostuvieron que anteriormente se iniciaban expedientes para que la institución abonara los registros del personal, pero que ese mecanismo dejó de funcionar por restricciones presupuestarias: “Antiguamente, cuando uno tenía que renovar el registro o hacerlo por primera vez, se hacían expedientes y la institución abonaba los registros del personal. Hace años ya no se hacen porque los rechazan diciendo que no hay plata”, afirmaron.

De acuerdo con su relato, desde hace dos o tres meses la exigencia de regularizar las licencias viene generando planteos ante los superiores, sin que se resuelva la cobertura económica del trámite.

Además de describir las advertencias que varios recibieron personalmente, mencionaron otro ejemplo alarmante: el de un compañero del área de Explosivos que realiza viajes a distintas provincias y participa en servicios vinculados con actividades presidenciales. Según lo que ese efectivo les transmitió, también habría recibido amenazas de traslado si no renovaba su documentación.

El señalamiento sobre la Guardia de Infantería agrega otro aspecto: la presunta asignación de tareas de conducción a personal que no tendría las categorías exigidas. “Justamente el otro día hablaba con choferes de la Guardia de Infantería y me decían que ellos no cuentan con registros profesionales por el valor que tienen y los hacen manejar igual”, detallaron a este medio.

Fuentes estimaron que la falta de licencias profesionales alcanzaría al 80 por ciento de quienes conducen móviles. Pero la preocupación del personal también alcanza las consecuencias de un eventual accidente. Los denunciantes advirtieron que quienes conducen sin la categoría correspondiente quedan expuestos a problemas legales mientras cumplen tareas para la institución.

La ley nacional de Tránsito 24.449 exige, en su artículo 40, que el conductor esté habilitado para el tipo de vehículo que utiliza. Además, el artículo 48 prohíbe permitir la conducción a personas sin habilitación, por lo que el planteo también involucra a quienes autorizan o asignan el manejo de los móviles. Las eventuales responsabilidades deberán establecerse según las circunstancias de cada caso.

Plan Anual de Capacitación de la PFA 2025.

Qué exige la documentación oficial

La documentación pública de la PFA distingue entre la habilitación policial para conducir móviles y la licencia expedida por la autoridad competente.

El Plan Anual de Capacitación 2025, publicado como suplemento de la orden del día interna del 28 de febrero de ese año, contempla el curso “Básico de Flota Convencional”, a cargo de la sección Escuela de Conductores. La capacitación otorga una habilitación institucional, pero exige además presentar la licencia de conducir habilitante municipal.

El programa también incluye formación para vehículos de gran porte y, en capacitaciones relacionadas con unidades de incendio, requiere licencia de conducir y habilitación policial vigente. Estos documentos acreditan la existencia de requisitos diferenciados, aunque no permiten establecer cuántos efectivos los cumplen actualmente. 

La clasificación nacional contempla la D4 para vehículos de urgencia, emergencia y similares, acompañada por la categoría correspondiente al vehículo utilizado. La habilitación, por lo tanto, también debe contemplar las características de la unidad que se conduce.

Existe un antecedente histórico sobre diferencias entre los regímenes de las fuerzas. Por ejemplo, la resolución porteña 912/2016, dictada durante la conformación de la Policía de la Ciudad, señalaba que la PFA no exigía entonces licencia profesional para manejar vehículos policiales y otorgó un plazo de adecuación al personal transferido. 

Un costo que ya motivó una intervención estatal

Las dificultades económicas para tramitar estas habilitaciones tienen antecedentes documentados en otras jurisdicciones. El 6 de junio de 2025, el municipio de Río Grande que conduce Martín Perez, en Tierra del Fuego, informó que había gestionado condiciones más económicas para obtener licencias D4 destinadas a policías, penitenciarios y otros integrantes de fuerzas de seguridad.

Comunicado del municipio de Río Grande.

La comunicación municipal explicó que la Policía provincial y el Servicio Penitenciario habían advertido sobre la imposibilidad del personal de afrontar aranceles médicos cercanos a 250 mil pesos, pese a necesitar la renovación para continuar prestando servicio.

Tras intervenir ante las autoridades nacionales, el municipio anunció un mecanismo para acceder al certificado médico por entre 20 mil y 25 mil pesos. Se trató de una medida localizada, que no confirma los importes denunciados en la PFA, pero demuestra que el costo de estas habilitaciones ya había requerido una respuesta estatal. 

En la Policía Federal, los testimonios recibidos reúnen dos cuestionamientos: las presuntas amenazas para que los efectivos financien las licencias con sus salarios y las denuncias de que algunos siguen siendo enviados a conducir sin la categoría correspondiente. El planteo involucra tanto las condiciones de trabajo del personal como la supervisión del uso de los vehículos oficiales. (www.REALPOLITIK.com.ar)