El gobierno de Alberto Weretilneck enfrenta una discusión que atraviesa los salarios públicos y llega hasta las jubilaciones. El pago de una parte de los haberes mediante conceptos no remunerativos abrió reclamos sindicales, una presentación judicial y un pedido de informes legislativo para establecer sobre qué montos aporta la provincia y cuáles son las obligaciones previsionales pendientes.

Un informe técnico elaborado en agosto de 2026, al que accedió este medio, estimó que incorporar esas sumas a la base previsional permitiría ingresar al Sistema Integrado Previsional Argentino unos 12.071 millones de pesos mensuales adicionales, calculados con valores salariales de 2025. Aproximadamente 6.908 millones corresponderían a contribuciones patronales y 5.162 millones a aportes personales de los trabajadores. El documento advierte que sus cálculos son preliminares y no constituyen una determinación administrativa de deuda.

Cambia Río Negro y La Libertad Avanza exigen conocer los aportes

El reclamo político fue impulsado por los legisladores Patricia Mc Kidd, Daniel Sanguinetti, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Claudio Doctorovich, Martina Lacour y Marcela González Abdala, de los bloques Cambia Río Negro y La Libertad Avanza. La presentación está dirigida a los ministerios de Hacienda y de Educación y Derechos Humanos, y busca reconstruir la situación previsional de los empleados públicos, con un apartado específico para el sector docente.

Los legisladores solicitaron que el Ejecutivo detalle, desde 2014, qué proporción de la masa salarial se pagó mediante conceptos no remunerativos y cuál fue el fundamento normativo de cada adicional. También reclamaron distinguir los aportes y contribuciones declarados, retenidos, efectivamente ingresados y pendientes de pago. Esa diferenciación resulta central para establecer si existen obligaciones incumplidas y cuál es su alcance que comprendería casi un 1,3 billones de pesos desde el 2014 a la fecha que el gobierno de Alberto Weretilneck no aporto a las cajas jubilatorias. 

El pedido incluye las declaraciones juradas previsionales y sus rectificativas, la deuda reconocida por la provincia, los montos reclamados por ANSES o ARCA y las partidas presupuestarias destinadas a regularizarla. “Corresponde esclarecer el alcance de esas obligaciones”, señalaron los legisladores. La presentación busca obtener documentación que permita contrastar las estimaciones con los registros oficiales, sin dar por acreditada de antemano una deuda determinada.

Unter judicializó el conflicto por las jubilaciones docentes

El frente sindical avanzó por otra vía. El consejo directivo central de Unter informó que el 2 de octubre presentó un amparo ante la Corte Suprema contra Río Negro y ANSES. Reclama el cumplimiento del convenio de 2021, la regularización de aportes y contribuciones y la rectificación de las declaraciones previsionales. Además, exige que el costo de esa regularización no recaiga sobre los docentes activos ni sobre quienes tramitan su jubilación. 

El planteo también tiene un antecedente en la Legislatura de Río Negro. El expediente 1457/2026 registra una solicitud de pronunciamiento presentada por las autoridades de Unter sobre la aplicación del convenio entre la Provincia y ANSES, la circular PREV-11-69/2021 y la resolución 5933/2021 del Consejo Provincial de Educación. Esta última aprobó un régimen voluntario de regularización para docentes en condiciones de jubilarse o a quienes les faltaran hasta 36 meses para acceder al beneficio. Para el sindicato, resolver únicamente los casos próximos al retiro deja pendiente lo ocurrido durante el resto de la carrera.

El secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla, denunció que unos 400 trabajadores de la educación enfrentan dificultades para acceder a su jubilación y que algunos trámites acumulan un año de demora. La cifra corresponde a lo informado por el dirigente, quien vinculó los obstáculos con el tratamiento de las sumas no remunerativas y el cumplimiento del acuerdo previsional. Roberto Gil también intervino en el debate público y reclamó revisar las actas paritarias para establecer qué se acordó y quiénes participaron en las decisiones sobre la composición salarial.

El costo de regularizar y los documentos que faltan

La diferencia entre lo que se cobra y lo que aporta aparece en el recibo utilizado como ejemplo por el informe técnico. Sobre un salario bruto de aproximadamente 1.625.330 pesos, apenas 458.365 figuran como remunerativos y alrededor de 1.166.965 como no remunerativos. Ese caso permite observar el mecanismo, aunque no demuestra que la misma proporción alcance a toda la administración. Para otros empleados públicos, la ley 4640 contempla la incorporación de adicionales como remunerativos desde los 50 años para las mujeres y los 55 para los varones. Regularizar la base al final de la carrera, advierte el trabajo, no recompone automáticamente los recursos de los períodos anteriores.

Según esa estimación, incorporar las contribuciones patronales sobre las sumas analizadas representaría un costo provincial de aproximadamente 89.810 millones de pesos anuales, incluido el aguinaldo. Los aportes personales se descontarían de los trabajadores. Si el Ejecutivo resolviera compensar esas retenciones para preservar el salario de bolsillo, el informe proyecta un impacto presupuestario inicial cercano a 156.921 millones anuales, sujeto a ajustes por las contribuciones correspondientes a la propia compensación.

Las cifras requieren una revisión antes de convertirse en conclusiones definitivas. El documento utiliza distintos salarios promedio en su desarrollo y sus cuadros, y presenta resultados diferentes para la acumulación histórica. También reconoce que una cuantificación precisa exige contar con la nómina salarial completa y los formularios F.931 presentados ante ARCA. Por eso, sus proyecciones sirven para dimensionar escenarios, pero no pueden presentarse como una deuda firme. Su alcance se limita al sistema previsional nacional y no cuantifica el financiamiento de IPROSS.

La respuesta depende ahora de documentación concreta. Las liquidaciones salariales, las declaraciones previsionales, los convenios y las actas paritarias permitirán establecer qué conceptos debieron integrar la base de aportes, qué se ingresó y qué permanece pendiente. El reclamo de Unter y el pedido de Cambia Río Negro y La Libertad Avanza colocan al gobierno de Weretilneck frente a una exigencia común de explicaciones, mientras los trabajadores que esperan jubilarse necesitan una solución que no les traslade el costo del conflicto. (www.REALPOLITIK.com.ar)