Los vecinos de Pinares del Oeste, un emprendimiento ubicado en las calles 43 y 212, en la zona de Olmos-Etcheverry, reclaman respuestas a la desarrolladora Urban Work. Aseguran que compraron terrenos promocionados con “títulos perfectos”, servicios e infraestructura, pero que todavía esperan la aprobación definitiva de la subdivisión y el acceso a medidores individuales.
Según la documentación acercada a REALPOLITIK, la publicidad difundida por Pablo Alejandro Ferreyra, socio fundador y gerente titular de Urban Work GT SRL. según su constitución de 2019, ofrecía calles terminadas en ripio, red de agua corriente, fibra óptica y tendido eléctrico subterráneo. Los compradores denuncian que la situación actual no se corresponde con esas expectativas.
El convenio de conformidad incluido en el dossier difundido en este artículo establecía una “estimación de obra final de 24 meses a partir del día 4 de enero de 2022”, aunque aclaraba que los tiempos dependían de las aprobaciones de los organismos reguladores. Para la escritura de división de condominio con partida individual, indicaba “plazos a determinar”.
Los vecinos sostienen que poseen escrituras de partes indivisas del inmueble general, pero no de parcelas individuales surgidas de una subdivisión definitivamente aprobada. Entre los documentos aportados aparece una presentación municipal del 21 de julio de 2026, en la que Ferreyra, como gestor del desarrollador, comunica la aceptación de adecuar el proyecto al encuadre urbanístico indicado, dentro del expediente 4061-2012997/23.
La falta de medidores individuales mantiene a las viviendas, según el reclamo, dependiendo de un suministro eléctrico común. Una captura de la plataforma del servicio eléctrico incorporada al dossier muestra 9.892.648,53 pesos vencidos, entre una factura y una cuota de un convenio de pago. También se adjunta un mensaje reenviado que advierte una suspensión, sin precisar fecha.
El saldo registrado no permite establecer por sí solo quién debe asumir esa deuda. Para las familias, el problema de fondo es la dependencia de una conexión compartida mientras continúa pendiente la regularización que reclaman a la desarrolladora.
Los propietarios también denuncian dificultades para obtener conexiones individuales de agua y afirman haber enviado intimaciones. Con asesoramiento jurídico, piden un plan verificable de obras, plazos concretos y respuestas sobre la situación del emprendimiento. Entre 20 y 25 familias ya viven allí, según el relevamiento vecinal. (www.REALPOLITIK.com.ar)