Alberto Weretilneck enfrenta reclamos por aportes jubilatorios de estatales rionegrinos
Por Luciano Barroso
En el proyecto de presupuesto 2027, el Poder Ejecutivo es autorizado a contraer deuda por 3.500 millones de dólares para la adquisición de tres submarinos y dos fragatas. Esto se inserta en el marco del “fervor” malvinero del gobierno, en un contexto donde Estados Unidos dejó en claro su postura crítica sobre el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía y el reclamo por la actividad petrolera en Malvinas ante el Tribunal del Mar.
La Armada Argentina perdió la capacidad submarina con la pérdida del submarino ARA San Juan en 2017. La modernización del ARA Santa Cruz fue abandonada, siendo probable que termine como chatarra a pesar de su vida útil remanente, junto con el ARA Santa Fe, terminado en un 70 por ciento, que espera hace décadas en el Astillero Almirante Storni. Son temas que oportunamente tocamos en REALPOLITIK.
El alto mando naval analiza las dos ofertas existentes: el Scorpène Evolved de Naval Group, de origen francés, y el U209NG de TKMS, de origen alemán. En una primera instancia, al parecer, el submarino de origen galo estaba bien posicionado, particularmente durante la gestión de Luis Petri. Estamos frente a un moderno buque con una eslora de 72 metros, una manga de 6,2 metros y un desplazamiento en inmersión de unas 1.700 toneladas. Su armamento incluye seis tubos lanzatorpedos de 533 mm y la posibilidad de lanzar misiles antibuque. Cuenta, además, con modernos sensores integrados en un sistema de combate de última generación. Naval Group informa que los submarinos ofrecidos tienen una autonomía de 80 días, un alcance superior a 14.800 kilómetros (8.000 millas náuticas) y la capacidad de permanecer más de 12 días sumergidos sin necesidad de utilizar sus generadores diésel. Por su tamaño generó especial interés en sectores del arma submarina: en un futuro podría recibir modificaciones para ser convertido a propulsión nuclear. Una vieja aspiración de los marinos argentinos que viene de las décadas del 70 y del 80. En comparación con la oferta alemana, el modelo francés ofrece ventajas relativas por su tamaño y tecnología, pero presenta inconvenientes por sus costos logísticos y por ser un medio desconocido para los marinos argentinos, que se han entrenado en submarinos de origen germano desde mediados de los 70. Los submarinos franceses Scorpène son operados por Chile, Brasil, India y Malasia; próximamente, Indonesia tendrá dos buques construidos bajo licencia gala.
El submarino U209NG ofrecido por los alemanes incorpora el moderno sistema de combate ORCCA, sensores optrónicos de última generación, radar de búsqueda de superficie y capacidades avanzadas de sonar pasivo y activo. La oferta incluye un generoso programa de financiamiento de US$ 3.300 millones, con aval oficial del gobierno alemán. El buque tiene unas 1.590 toneladas de desplazamiento, 63 metros de eslora —algo menos que el Scorpène Evolved—, emplea baterías de litio y cuenta con una autonomía con snorkel de 8.000 millas. Además, existe la posibilidad de que uno de los buques sea ensamblado en el país, generando una importante transferencia de tecnología en materia de mantenimiento y reparación en instalaciones del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR, compuesto por Tandanor y el astillero Almirante Storni). Los costos operativos son algo menores que los del buque ofrecido por los franceses, a lo que se agrega una sólida cadena logística, dado que el U209 es un modelo que ha sido un éxito de exportación en Europa (Grecia, Portugal), América Latina (Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela), Asia (India, Turquía, Corea del Sur, Indonesia) y África (Sudáfrica y Egipto). Estamos frente a sesenta unidades operativas en todo el mundo. La entrega de los primeros buques sería entre cinco y seis años después de firmado el primer contrato.

El desplazamiento del submarino no determina la superioridad de un modelo respecto de otro. Existe una serie de factores, entre ellos la configuración de las baterías, los sistemas de propulsión, la autonomía, el armamento y el sistema de combate.
En materia de buques de superficie, genera fuertes expectativas la oferta italiana por dos buques tipo FREMM, con un costo de unos 800 millones de dólares por unidad, que vendrían acompañados por la transferencia de fragatas clase Maestrale —de los años 80 y modernizadas— como solución “stop gap” hasta el arribo de los buques nuevos. Estos buques de transición permitirían mantener el adiestramiento de las tripulaciones. Las FREMM son buques de 6.700 toneladas, con una autonomía de unas 6.000 millas náuticas, capacidad de lanzamiento de 16 misiles Aster antiaéreos, cañón de 76 mm, ocho misiles antibuque y dos helicópteros tipo NH90 en su versión naval. En síntesis, estamos ante un moderno buque multipropósito con una importante capacidad de defensa antiaérea. Las fragatas Maestrale, construidas entre fines de los 70 y la década del 80, están orientadas a la lucha antisubmarina. Son buques de 3.000 toneladas, pueden llevar dos helicópteros del tipo AB 212 y tienen una autonomía de entre 6.000 y 6.900 millas. Los misiles antibuque italianos Otomat tienen un alcance de unos 110 kilómetros. Los italianos, además, ofrecen un buque de asalto anfibio de segunda mano, clase San Giorgio, de 8.000 toneladas y capaz de transportar 350 infantes de marina. La Armada perdió esta capacidad en 1997 con la baja del buque de desembarco de tanques ARA Cabo San Antonio.
En cuanto a la participación de la industria nacional en estos procesos, es desconocida, dado que rige el secreto militar por medio del decreto 1205/2026, a lo que se agrega la animadversión que tienen los militares respecto de la industria argentina. Desde el discurso oficial no existe un claro interés en incrementar la participación del sector productivo en el área de defensa. Asimismo, desde el ministerio de Defensa que conduce Carlos Presti nunca se impulsó una legislación que fomente la transferencia de tecnología.

En 2025, el Bundestag, como se lo conoce al Parlamento alemán, aprobó líneas de crédito por un tope de 4.100 millones de euros (el contrato para los submarinos es de 2.200 millones), con posibilidades de entrega entre 2034 y 2035. En el caso francés, la garantía estatal no está definida, a lo que se agregan factores políticos. El presidente Javier Milei ha tenido una postura crítica respecto del presidente Emmanuel Macron —siguiendo los pasos de Donald Trump—, especialmente en materia de política económica y migratoria. La situación financiera argentina, más allá de la narrativa del oficialismo, es vista con escepticismo a la hora de otorgar préstamos de la envergadura de un programa militar, a lo que se suman las exigencias sobre los vencimientos de deuda y la sostenibilidad del superávit fiscal. Los vaivenes del riesgo país encarecen el crédito externo.
Argentina, al parecer, busca aplazar los pagos hasta la llegada del primer buque, lo que dejaría a los prestamistas y gobiernos garantes desprotegidos durante gran parte de la construcción. Por lo tanto, habrá que preguntarse qué tipo de garantías exigirá el gobierno del país de la empresa proveedora. Esto es una negociación compleja. Existen costos “ocultos”, como la infraestructura de apoyo, el entrenamiento de las tripulaciones, locaciones para los simuladores, maquinaria nueva para las instalaciones de mantenimiento y un largo etcétera.

Alemania y el Reino Unido firmaron en 2025 el Tratado de Kensington, con especial énfasis en la seguridad y la defensa. Bajo este paraguas de cooperación, el primer ministro Andy Burnham propuso al canciller Friedrich Merz el desarrollo de un nuevo caza europeo en la reunión sostenida en Berlín en los primeros días de octubre de 2026. Recordemos que el caza Eurofighter es el resultado de la cooperación industrial de España, Reino Unido, Alemania e Italia. En 2024 fue firmado el Acuerdo de Trinity House, de cooperación en materia de seguridad y defensa, especialmente en materia industrial, intercambio tecnológico y refuerzo de la seguridad del este de Europa. Respecto de Francia, mencionamos los acuerdos de Lancaster House 2.0, donde se profundiza la cooperación entre Londres y París en áreas sensibles como migración, desarrollos en materia de armas nucleares, sistemas de misiles y ciberseguridad. Esto habilitaría, de alguna manera, la influencia británica en posibles transferencias de equipo militar a la Argentina, tal vez no ejerciendo poder de veto, dados los intereses económicos detrás de contratos de la magnitud de una venta de submarinos, sino mediante el conocimiento o algún tipo de intercambio de inteligencia sobre las características de los citados medios. En la guerra de Malvinas, Francia informó a los británicos sobre ciertas especificaciones de los cazas Super Étendard y los misiles Exocet, como también adhirió al embargo de armas durante el conflicto, al igual que el resto de Europa Occidental. París y Berlín son aliados de la OTAN junto con Londres; por ende, en una escalada o crisis de magnitud, esperemos que los planificadores de Defensa de Argentina tomen recaudos ante un eventual embargo de armas y su impacto en la operatividad de los sistemas de origen occidental.
Los planificadores militares parece que no tienen en cuenta, en primer lugar, el contexto económico argentino, un factor que impactará en el costo del crédito, además de los condicionantes políticos que impone el acreedor y las consecuencias de incrementar la deuda externa a mediano y largo plazo. La sociedad ha pagado con ajustes, especialmente en el presupuesto destinado a las áreas de ciencia, educación, salud y obra pública, para afrontar los pagos a los acreedores internacionales. Por otra parte, no existen estudios para canalizar el ahorro nacional, como hizo Perú para la adquisición de equipo para las Fuerzas Armadas, reduciendo la influencia política de entidades financieras sobre el gobierno.
El escaso interés por desarrollar una base industrial de defensa por parte del ministerio de Defensa simplemente incrementa la dependencia de proveedores externos, con sus consecuencias en caso de una escalada. El país lo vivió en carne propia en 1982. Parece que no muchos comprendieron la lección. Volvemos a la lógica previa a la creación de Fabricaciones Militares, cuando Argentina adquiría armamento en el exterior, pero, con el estallido de los dos conflictos mundiales, pudo conocer en carne propia el precio de dicha dependencia. Es por ello que desde las Fuerzas Armadas hubo iniciativas que dieron origen a un proyecto industrial que impactó en el desarrollo del país en sectores estratégicos como el siderúrgico, naval, químico y metalmecánico.
La Armada precisa desarrollar una infraestructura de apoyo adecuada y la realidad indica todo lo contrario: la motosierra libertaria está en pleno funcionamiento en el ámbito naval. El cierre de la base aeronaval Punta Indio impacta en el control de un área focal como es el Río de la Plata. El proyecto de la base naval Caleta Paula, previsto por el decreto 1360/98, duerme el sueño de los justos. Los medios de combate de la Armada carecen de una base adecuada de reparaciones y mantenimiento fuera de Puerto Belgrano, además de puntos de apoyo para sus despliegues. El error se vuelve a cometer, al parecer, con la base naval Ushuaia, donde no hay dique para el mantenimiento de buques.
Los problemas presupuestarios afectan la operatividad de los medios actuales y, por ende, generan dudas sobre cómo la Armada, en un clima de austeridad fiscal que a todas luces se potenciará en 2027, podrá disponer de fondos adecuados para el sostén de los medios que pretende adquirir. Otro dilema son los bajos salarios, que dificultarán retener a las tripulaciones.
En este panorama de “desconexión” con la realidad de los planificadores de defensa, está la idea peregrina del submarino de propulsión nuclear. En 2010, la ministra de Defensa, Nilda Garré, encargó a un grupo de profesionales altamente calificados un estudio al respecto. En 2011, el Centro Nuclear Bariloche presentó el concepto del “Reactor Nuclear Compacto” para los submarinos TR 1700 (por su tamaño eran adecuados para las modificaciones necesarias para poder llevar un motor nuclear). Razones políticas impidieron continuar con el proyecto, dando por tierra con una iniciativa de alto impacto estratégico. La eventual decisión de la Armada de enviar al soplete los cascos de los ARA Santa Cruz y Santa Fe, los recortes en materia de ciencia y tecnología —de los que el área nuclear no queda exenta—, la paralización de proyectos de alto valor estratégico como el CAREM y ciertos alineamientos geopolíticos basados en “fronteras ideológicas” transforman la idea de tener un submarino nuclear en una quimera. El mantenimiento de este tipo de medios demanda instalaciones especiales y grandes inversiones.
Lo que ha trascendido en medios especializados, dada la opacidad impuesta por el gobierno, indica que no se adquirirán medios especializados en guerra de minas, algo de suma importancia para mantener la seguridad de la navegación en áreas focales. El desarrollo de la terminal petrolera de Punta Colorada, puerta de salida del gas y petróleo de Vaca Muerta, se transformará en otra “área focal” vulnerable al minado y al accionar de vehículos autónomos submarinos.
En cuanto al número de submarinos —un mínimo de tres unidades—, solo permitirá tener un buque plenamente operativo para patrullar el extenso espacio marítimo argentino, dado que los otros estarán destinados al entrenamiento de tripulaciones y al mantenimiento programado. El nivel mínimo requerido debe ser de cuatro unidades, garantizando dos estaciones de patrulla. El otro gran desafío es la transferencia de tecnología, que permita crear cadenas de valor en el país, como hizo Brasil con el programa de submarinos PROSUB y el desarrollo del complejo naval industrial de Itaguaí. La nacionalización paulatina de componentes permitirá a la Argentina reducir la dependencia de actores externos.

Creemos que ha llegado el momento del debate necesario sobre un real control civil de los procesos de adquisición de sistemas de armas. Alemania es un buen ejemplo, con la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnologías de la Información y Apoyo en Servicio de la Bundeswehr (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, conocida como BAAINBw), integrada en gran parte por profesionales del ámbito civil y, en el resto, por personal militar, que aporta experiencia operativa y define requisitos técnicos. En cuanto a la opacidad del decreto 1205/2026, más allá de las cuestiones técnicas que deben tener carácter confidencial, esa confidencialidad debe tener límites. En el marco de la escalada verbal con el Reino Unido y, en menor medida, con Chile, dicha opacidad puede dar lugar a interpretaciones que alienten a estos actores a incrementar las inversiones en capacidades militares, aumentando el desequilibrio en perjuicio de la Argentina.
La defensa requiere una visión integral. No se puede hablar de adquirir sistemas de armas costosos si no se cuenta con una economía sana que pueda no solo financiar su adquisición, sino también su sostenimiento a lo largo de su ciclo de vida. En materia de defensa de nuestros intereses marítimos, es preciso contar con bases de apoyo adecuadas para el despliegue de las fuerzas navales y una infraestructura industrial que reduzca la excesiva dependencia de proveedores extranjeros.
El poder político debe generar un verdadero liderazgo civil de defensa. Vale la pena recordar la frase del célebre político francés Georges Clemenceau, quien dijo: “La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”, evitando que en algún despacho se tomen decisiones basadas en intereses corporativos por sobre el interés nacional. (www.REALPOLITIK.com.ar)