Mucho antes de que se proclamara el Estado de Israel, un periodista austrohúngaro escribió una pregunta que hoy parece impensada: “¿Palestina o Argentina?”. Era 1896 y Theodor Herzl, considerado el fundador del sionismo político moderno, acababa de publicar Der Judenstaat (El Estado judío). En aquel libro contempló ambas posibilidades para establecer un Estado judío. La referencia a nuestro país no es una leyenda: figura expresamente en la obra que ayudó a transformar una aspiración nacional en un programa político.
La precisión histórica es fundamental. Herzl estudió la Argentina como alternativa, pero ningún gobierno argentino acordó ceder territorio para crear un nuevo Estado. Tampoco todas las opciones que aparecieron después fueron proyectos de independencia: hubo propuestas de colonización agrícola, asentamientos autónomos y fórmulas de refugio impulsadas por organizaciones diferentes.

La búsqueda surgía de una realidad dramática. Durante el siglo XIX, las comunidades judías europeas habían sufrido discriminación, persecuciones y violentos pogromos, especialmente en el Imperio ruso. Para Herzl, la integración individual no alcanzaba para garantizar su seguridad: hacía falta una solución política con reconocimiento internacional.
La Argentina aparecía en ese mapa por motivos concretos. En 1889 comenzó la experiencia de Moisés Ville, en Santa Fe, una de las primeras colonias agrícolas judías del país. Desde 1891, la Jewish Colonization Association, financiada por el barón Mauricio de Hirsch, favoreció la radicación de familias que buscaban una vida lejos de las persecuciones europeas. Aquella inmigración dio origen a parte de la tradición de los llamados “gauchos judíos”.
Herzl conocía la fertilidad y la amplitud territorial argentinas. En su libro sostuvo que una eventual cesión de tierras podría resultar beneficiosa para la República, pero subordinó cualquier decisión tanto a la aceptación de las autoridades como a la voluntad del propio pueblo judío. Las colonias que ya existían en la Argentina eran asentamientos de inmigrantes dentro del país, no enclaves soberanos. Confundir ambas experiencias distorsiona la historia.
Palestina, entonces bajo dominio otomano, ofrecía algo distinto: el vínculo histórico, cultural y religioso del pueblo judío con la tierra de Israel. Ese arraigo venía de muchos siglos antes de Herzl y ya había inspirado movimientos de retorno y asentamientos desde la década de 1880. La disyuntiva territorial de 1896, por lo tanto, nunca significó que todos los destinos tuvieran el mismo peso dentro del sionismo.
La definición institucional llegó rápidamente. En agosto de 1897, el Primer Congreso Sionista, celebrado en Basilea, adoptó un programa destinado a establecer un hogar para el pueblo judío en Palestina con garantías de derecho público. La resolución no declaraba todavía un Estado independiente, pero fijaba el objetivo territorial que terminó orientando al movimiento.
Las dificultades para obtener autorización del Imperio otomano no interrumpieron la búsqueda de soluciones. Entre 1901 y 1902, Herzl examinó posibilidades de asentamiento en Chipre, isla administrada por los británicos. Las conversaciones no prosperaron, entre otras razones, por la oposición que Londres preveía entre las comunidades griega y turca de la isla. Fue una exploración diplomática, no una propuesta estatal aprobada.
Otra iniciativa alcanzó un estudio más concreto en El Arish, al norte de la península del Sinaí, entre 1902 y 1903. El proyecto requería irrigar las tierras con agua procedente del Nilo. Se realizaron gestiones ante funcionarios británicos y autoridades de Egipto, pero las objeciones políticas y las dificultades técnicas vinculadas al suministro de agua frustraron el plan.
Joseph Chamberlain.La opción más conocida apareció en 1903. El secretario británico de Colonias, Joseph Chamberlain, planteó la posibilidad de un asentamiento judío autónomo en África Oriental británica. Pasó a la historia como el “Plan Uganda”, aunque el territorio considerado se encontraba en lo que hoy es Kenia, no Uganda.
La propuesta coincidió con la conmoción provocada por el pogromo de Kishinev, que volvió urgente la discusión sobre un refugio para judíos perseguidos. En el Sexto Congreso Sionista de 1903, la mayoría votó a favor de enviar una comisión para estudiar el territorio africano. Aceptar la investigación no significaba renunciar formalmente al objetivo de Palestina ni constituir allí un Estado.
La iniciativa provocó una fuerte división. Para algunos dirigentes, podía ofrecer protección inmediata ante la violencia europea; para otros, se apartaba del sentido histórico del proyecto nacional. Herzl murió en 1904 y, al año siguiente, el Séptimo Congreso Sionista rechazó definitivamente el Plan Uganda.
La búsqueda fuera de Palestina continuó por otra vía. Tras la ruptura, el escritor Israel Zangwill encabezó la Organización Territorialista Judía, que examinó lugares donde pudiera establecerse una comunidad judía con autonomía y capacidad de recibir inmigrantes. Entre 1907 y 1913, la organización estudió una alternativa en Angola, entonces colonia portuguesa. El proyecto tampoco se concretó: las negociaciones no dieron lugar a una entidad judía autónoma con las garantías pretendidas.
La distinción importa: Angola ya no era un plan promovido por Herzl, fallecido años antes, ni una iniciativa equivalente a la votación del movimiento sionista sobre África Oriental. Las distintas propuestas compartían una preocupación por la seguridad de las comunidades judías, pero no respondían todas a un mismo programa político.
Con el avance del siglo XX, Palestina fue consolidándose como el centro de la iniciativa sionista. En 1917, la Declaración Balfour expresó el apoyo del gobierno británico al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, a la vez que estableció que no debían perjudicarse los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que vivían allí. Tras la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio otomano, Gran Bretaña administró el territorio bajo un mandato de la Sociedad de Naciones.
Las décadas siguientes estuvieron marcadas por la inmigración judía, el desarrollo de instituciones nacionales y las tensiones entre las comunidades árabes y judías. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, en el que fueron asesinados aproximadamente seis millones de judíos, reforzaron la urgencia de encontrar una solución para los sobrevivientes y los refugiados.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181 por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Era una recomendación de partición de la Palestina bajo mandato británico en un Estado judío y otro árabe, con unión económica y un régimen internacional especial para Jerusalén. La dirigencia sionista aceptó el plan; los líderes árabes palestinos y los gobiernos árabes lo rechazaron. La resolución no creó por sí sola los dos Estados.
Tras el agravamiento de los enfrentamientos, David Ben-Gurión proclamó la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Con el fin del mandato británico se produjo la intervención de ejércitos árabes vecinos y la guerra adquirió una dimensión regional. El Estado de Israel se consolidó, mientras que el Estado árabe contemplado en el plan de partición no llegó a constituirse en aquel momento.
La posición argentina en ese proceso tiene una particularidad histórica. El gobierno de Juan Domingo Perón se abstuvo en la votación de 1947. El representante argentino ante la ONU, José Arce, había cuestionado que la partición pudiera imponerse sin una decisión libre de la población del territorio y planteado reparos jurídicos al uso de la fuerza. No fue una votación en contra del Estado de Israel: fue una abstención ante el proyecto específico de partición.
Dos años después, la política diplomática argentina avanzó en otra dirección. El 11 de mayo de 1949, la Argentina votó a favor del ingreso de Israel en las Naciones Unidas. El 31 de mayo de ese año, el canciller Juan Atilio Bramuglia y el representante israelí Carlos M. Grunberg firmaron en Buenos Aires las notas que establecieron relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países. El Congreso argentino aprobó el acuerdo en 1951, mediante la ley 14.025.
Benjamín Netanyahu y Javier Milei.La relación, construida desde entonces, también tiene un capítulo contemporáneo. El 19 de abril de 2026, Javier Milei y Benjamín Netanyahu anunciaron los Acuerdos de Isaac, un marco de cooperación política y estratégica entre Argentina, Israel y otros países afines, con énfasis en seguridad, lucha contra el antisemitismo, tecnología y comercio. El contraste histórico es singular: el país que Herzl había mencionado como posible destino terminó convirtiéndose en un socio diplomático del Estado fundado en 1948.
La mención de la Argentina en El Estado judío tampoco debe mezclarse con el llamado “Plan Andinia”, una teoría conspirativa antisemita sobre la supuesta apropiación de la Patagonia. No hay evidencia histórica que permita derivar esa acusación del texto de Herzl ni de la inmigración agrícola judía de fines del siglo XIX.
Israel no estuvo a punto de instalarse en la Argentina. Herzl contempló esa posibilidad en un libro, pero fue Palestina —por su vínculo histórico con el pueblo judío y por las decisiones políticas posteriores— la que se convirtió en sede del Estado proclamado en 1948. Esa diferencia separa los hechos documentados de las conjeturas. (www.REALPOLITIK.com.ar)