Walter Martello, defensor adjunto del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el proceso de privatización de AySA, las irregularidades en la modificación de pliegos, la falta de acceso a la información pública, la subasta a un precio 32 por ciento menor al anunciado originalmente y el impacto del reciente aumento tarifario en los usuarios del servicio de agua y saneamiento.

"AySA es el ejemplo de una de las privatizaciones o ventas de acciones de empresas del Estado más oscuras desde que estos procesos se iniciaron en los años 90. Se licitaron las acciones sin precio base y no se le permitió ni al periodismo ni a los defensores ni a los usuarios acceder a las condiciones del contrato", señaló Martello al referirse a la opacidad con la que se llevó a adelante el trámite oficial.

En ese sentido, remarcó que el Estado terminó vendiendo las acciones a un valor significativamente menor al proyectado por el propio gobierno nacional. "El encargado de las privatizaciones había dicho que AySA iba a generar casi 500 millones de dólares de ingreso y se terminó vendiendo por 340 millones. Es casi un 32 por ciento menos, una situación inusual y grave", afirmó.

Aumento tarifario, aportes de campaña y un fondo en Curazao

El defensor adjunto apuntó además contra la convocatoria a audiencias públicas para recomponer las tarifas antes de concretar el traspaso al sector privado. "Esa modificación del sistema de tarifas le va a generar a la empresa casi 93 millones de dólares anuales, cuando la compraron por 340 millones. Todo resulta extremadamente cerrado y funcional al comprador", subrayó.

Asimismo, Martello advirtió sobre la composición del nuevo esquema accionario, donde conviven empresarios aportantes a la campaña del oficialismo con sociedades de dudosa procedencia. "El grupo Roemmers y la familia Román tienen participación, habiendo aportado 20 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza. Pero lo más grave es que el 55 por ciento de las acciones quedó en manos de un fondo de inversión constituido hace cuatro meses en Curazao, del cual nadie conoce a sus integrantes ni el origen de sus fondos", explicó.

Por último, el funcionario alertó sobre la concentración de los servicios esenciales y el desmantelamiento de los organismos de control. "Se está consolidando un patrimonialismo de amigos donde los mismos grupos controlan energía, gas y agua. Con entes reguladores desmantelados o unificados, el Estado pierde toda capacidad de fiscalizar y garantizar tarifas razonables para más de 13 millones de bonaerenses y porteños", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)