La administración de Fernando Espinoza en la municipalidad de La Matanza multiplicó por más de 63 el presupuesto de una partida de publicidad de Prensa durante un año atravesado por las novedades judiciales de la denuncia por presunto abuso sexual presentada por Melody Rakauskas.
La partida de “Publicidad y propaganda” de la subsecretaría de Prensa pasó de 72,6 millones de pesos a 4.590,8 millones, con ampliaciones por 4.518,2 millones. Al 30 de septiembre de 2026, registraba 2.304 millones devengados y 1.978,8 millones pagados. Lo que es peor aún: el incremento del 6.224,5 por ciento corresponde a ese rubro específico, no a toda la publicidad municipal.
El contexto judicial vuelve especialmente sensible esa expansión. El 17 de julio, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento de Espinoza y ordenó avanzar con el juicio oral. La decisión también restituyó como querellante a Rakauskas, quien había sido apartada por carecer temporalmente de patrocinio letrado.
El sobreseimiento había sido dispuesto en febrero por falta de acción, después de la exclusión de la denunciante y de que la fiscalía solicitara cerrar la acusación. Casación cuestionó por arbitrario su apartamiento.
La coexistencia del conflicto judicial y la expansión publicitaria plantea una relación difícil de explicar para el jefe comunal.



El contraste en el uso del gasto público, en medio de una delicada causa por abuso sexual, se hace aún más evidente en programas como el denominado “Refugio para mujeres en situación de violencia por razones de género”. A septiembre tenía 484,7 millones de pesos de presupuesto vigente, pero apenas 2,37 millones devengados: es decir, el 0,49 por ciento. Los pagos sumaban 1,87 millones.
Dentro de ese programa, alimentos contaba con 43,5 millones sin devengamientos registrados. Tampoco figuraban gastos devengados en alquileres ni servicios técnicos y profesionales.


El antecedente de 2025 profundiza el cuestionamiento. Ese año, el refugio comenzó con 374,6 millones aprobados, sufrió reducciones por 293,8 millones y terminó con un crédito vigente de 80,8 millones. El informe municipal hasta el 30 de diciembre consignó 5,61 millones devengados, alrededor del 1,5 por ciento de la asignación original.
Para Espinoza, la discusión excede el impacto de una cifra. La comunicación oficial se financia con recursos de los vecinos, y su expansión debe justificarse con objetivos, prestaciones y destinatarios verificables. Como contrapartida, la baja ejecución de un programa destinado a mujeres que atraviesan situaciones de violencia requiere una rendición de cuentas igualmente precisa. (www.REALPOLITIK.com.ar)