El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora con más de dos décadas de trayectoria en el organismo, reconocida por sus estudios sobre la presencia de plaguicidas en el ambiente y el cuerpo humano. La medida, formalizada mediante la resolución 366 del Consejo Directivo, generó cuestionamientos en ámbitos académicos y ambientalistas, que advierten sobre sus posibles consecuencias para la investigación científica pública.

Aparicio se desempeñaba en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce y coordinaba en Argentina el proyecto internacional SPRINT, una iniciativa financiada por la Unión Europea para estudiar la circulación de plaguicidas en los sistemas productivos, los ecosistemas y las personas. La desvinculación se produjo después de un sumario administrativo en el que las autoridades del organismo señalaron presuntos incumplimientos en la gestión del proyecto.

Antes de que se concretara la exoneración, Aparicio había rechazado las imputaciones y cuestionado la magnitud de la medida. “No hay nada en claro que justifique el hecho de apartarme de la administración pública. Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, sostuvo en declaraciones a Página 12.

Qué investigaba el proyecto SPRINT

La controversia tiene como trasfondo los resultados de SPRINT, una iniciativa internacional que comenzó a desarrollarse en Argentina en 2020 con la participación del INTA. El proyecto, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, buscaba evaluar la presencia de plaguicidas y sus posibles efectos sobre la salud humana y los ecosistemas mediante el análisis de muestras biológicas y ambientales.

Durante 2021, el equipo tomó muestras de sangre, orina y materia fecal de 73 personas voluntarias del sudeste bonaerense, entre productores agropecuarios, trabajadores rurales y consumidores. También se analizaron muestras de agua, suelo, aire y alimentos para identificar residuos de sustancias utilizadas en la producción agrícola y estudiar las distintas vías de exposición.

Virginia Aparicio investigó la presencia de múltiples plaguicidas en personas y muestras ambientales en Argentina.

Entre los resultados difundidos se identificó glifosato en la orina del 84 por ciento de las personas estudiadas, además de mezclas de plaguicidas en muestras biológicas. Los hallazgos abrieron interrogantes sobre la exposición a estas sustancias y la necesidad de profundizar los estudios sobre sus posibles efectos. No obstante, la resolución del INTA relativizó el alcance de los resultados y señaló que ninguna de las ingestas calculadas superó la ingesta diaria admisible de referencia para los grupos analizados. También advirtió que la información sanitaria disponible no resultaba adecuada para realizar un análisis epidemiológico.

Falta de controles sobre agroquímicos: “No se monitorea ningún agrotóxico de uso actual”

La periodista ambiental Anabel Pomar cuestionó la exoneración de Virginia Aparicio y aseguró que la decisión del INTA debe analizarse en el contexto de las dificultades para difundir los resultados del proyecto SPRINT. “En el año 2023, cuando accedí a los datos de los que el INTA sigue censurando, entendí que esos resultados jamás iban a ver la luz”, afirmó en diálogo con REALPOLITIK.

Para Pomar, los hallazgos de la investigación exponen un problema ambiental y sanitario de gran magnitud. En ese sentido, cuestionó la falta de estudios estatales sobre la exposición de la población a los agroquímicos. “Hagamos ese ejercicio, ¿cuántos trabajos de monitoreo se hacen? Y la respuesta va a ser fácil, ninguno. Vivimos en un Estado en el cual no se monitorea el agua, no se monitorea ningún agrotóxico de uso actual”, sostuvo.

La periodista destacó que SPRINT permitió identificar sustancias presentes en alimentos, agua y muestras biológicas humanas. Según planteó, la difusión de esos resultados implica asumir responsabilidades frente a los riesgos ambientales y sanitarios. “Si vos te haces cargo de esos estudios, de esos resultados, tenés que hacer algo, sobre todo porque el Estado tiene un mandato que es el de asegurarle a la población un ambiente sano y las condiciones para vivir saludable”, señaló.

La periodista ambiental Anabel Pomar. 

Pomar también cuestionó las consecuencias de la exoneración para la libertad de investigación y advirtió sobre el efecto que podría tener en otros profesionales de organismos públicos. “Creo que esa es una noticia tan triste como la exoneración de Virginia Aparicio. Y me pregunto qué va a pasar ahora. El mensaje es disciplinador”, expresó.

Además, vinculó el caso con las estrategias de desprestigio que, según su análisis, se utilizan para restar legitimidad a investigaciones que generan controversias. “La táctica y la estrategia que ha utilizado el INTA en cuanto a la comunicación y a esta exoneración es una estrategia probada por siglos de las industrias tóxicas que cuando quieren que algunos resultados o algunas investigaciones no sean tomadas en cuenta lo que hacen es desprestigiar al investigador”, afirmó.

Finalmente, la periodista remarcó que la medida puede funcionar como una advertencia para quienes investigan cuestiones ambientales desde el Estado. También destacó la importancia del laboratorio del INTA en Balcarce, que realiza análisis de muestras de suelo y agua en el marco de causas judiciales vinculadas con agroquímicos. “La verdad que es toda una pésima noticia porque además es un mensaje disciplinador a cualquier científico dentro del Estado que quiera hacer lo mismo”, concluyó.

El castigo a una investigadora y el mensaje disciplinador para la ciencia pública

En diálogo con REALPOLITIK, el abogado Mario Bolla confirmó que recibió la notificación formal de la exoneración de Virginia Aparicio y reconoció que esperaba una decisión diferente por parte del INTA, en medio de las manifestaciones de apoyo a la investigadora. “En realidad, yo pensé que con tanta movilización y apoyo popular, INTA iba a rever la sanción y no iba a aplicar la exoneración con todo lo que implica”, expresó.

Para el letrado, la decisión no puede separarse de la repercusión que podrían tener los conocimientos y los resultados de la investigación de Aparicio. En ese sentido, cuestionó lo que considera un intento de desacreditar su trabajo científico. “Yo creo que es al revés, que le importa tanto lo que ella sabe, lo que ella puede decir y el peso que puede tener su opinión científica, no solo en la comunidad científica, sino en la gente común, las organizaciones ambientalistas, en los pueblos fumigados, que lo que hacen es desacreditar la investigación”, sostuvo. Y agregó: “Lamentablemente estamos pasando ese proceso, ya no es solamente la persecución, sino es la desacreditación de su labor como científica coordinadora a cargo del proyecto SPRINT”.

Bolla también cuestionó los fundamentos de la sanción y sostuvo que existen aspectos que, según señaló, no están en discusión dentro del propio expediente. “Si vamos al caso, no se discuten los resultados de la investigación en ningún momento, no se discute que Virginia se haya quedado con fondos de la investigación, eso lo dejan en claro ellos mismos, y no se discute que jamás tuvo una sanción disciplinaria”, afirmó. Sobre ese punto, cuestionó que el organismo no considerara esas circunstancias como atenuantes: “Pero todo esto lo resumen diciendo, igualmente esos no son atenuantes”.

El abogado de Virginia Aparicio, Mario Bolla. 

Otro de los planteos del abogado apunta a las diferencias entre las sanciones aplicadas a los integrantes del equipo alcanzados por el sumario. Según explicó, uno de ellos recibió una suspensión de 25 días pese a que, de acuerdo con su interpretación, se le atribuyeron conductas similares a las cuestionadas a Aparicio. “A uno de los integrantes del equipo de investigación, prácticamente le achacan gran parte de las mismas conductas que le achacan a Virginia, pero sin embargo le dan 25 días de suspensión, no lo exoneran ni lo sesantean, con lo cual también hay una cuestión de discriminación y quizá hasta una cuestión de género”, manifestó.

El letrado también puso en duda la forma en que se construyeron los argumentos del sumario y señaló que el organismo tuvo un año para revisar sus fundamentos desde la última presentación de la defensa. “Llama mucho la atención, ellos han tenido un año, porque nuestra última presentación fue en octubre del año pasado, han tenido un año para retorcer los argumentos, dejar de lado cosas que nosotros puntualizamos que eran totalmente injustas”, sostuvo.

Por último, Bolla se refirió a uno de los cuestionamientos que, según explicó, fueron descartados durante el proceso administrativo: la investigación de cuestiones vinculadas con la salud humana por parte de una profesional que no es médica. “Algunas imputaciones que eran con cierto peso, como por ejemplo el hecho de haber ahondado en un tema de salud humana sin ser médica, eso lo descartaron, pero claro, lo descartan porque INTA está guardando silencio y tampoco convoca a las autoridades de salud, entonces han retorcido los argumentos como para que quede que Virginia llevó mal adelante su investigación”, concluyó.

La salida de Argentina y las críticas de la comunidad científica

El conflicto en torno a SPRINT ya había tenido consecuencias antes de la exoneración. En 2023, el INTA suspendió una presentación de resultados que el equipo buscaba realizar ante productores. Posteriormente, en 2024, el organismo decidió retirar a Argentina de la iniciativa internacional, interrumpiendo la continuidad de los trabajos bajo ese marco.

Para los sectores que respaldan a Aparicio, la secuencia de decisiones no puede analizarse únicamente desde el plano administrativo. Investigadores, académicos y organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo a la sanción y promovieron pronunciamientos en defensa de la ciencia pública y la libertad de investigación. Entre sus argumentos destacan la trayectoria de la especialista y la relevancia de estudiar los efectos de los agroquímicos en un país con una extensa actividad agropecuaria.

Jornada de apoyo a Virginia Aparicio en el centro de Mar del Plata.

Aparicio, que trabaja en el INTA desde 1997, construyó su carrera alrededor de investigaciones sobre plaguicidas, suelos, agua y alternativas para reducir el uso de sustancias químicas en la producción agrícola. En una entrevista con Tiempo Argentino, había sintetizado el vínculo entre su recorrido profesional y la institución estatal: “Yo soy un producto de la ciencia pública. Es lo que hice toda mi vida y lo que me gustaría seguir haciendo. Con la exoneración no me quitan una vía laboral, me quitan mi identidad”.

Con la resolución del Consejo Directivo, la investigadora agotó la instancia administrativa que había anticipado que recorrería antes de acudir a la Justicia. El caso abre ahora una nueva etapa en la que buscará revertir la decisión.  La exoneración de Virginia Aparicio vuelve a poner en discusión el poder del agronegocio y su influencia en las políticas públicas vinculadas a la producción. Las críticas de la defensa y de referentes ambientalistas apuntan a un interrogante de fondo: qué margen tiene la ciencia pública para investigar los efectos de un modelo productivo atravesado por intereses económicos de un peso enorme. En ese escenario, la salida de Aparicio no solo compromete su carrera, sino que también proyecta una advertencia sobre quienes decidan estudiar aquello que los sectores del agro prefieren mantener fuera del debate. (www.REALPOLITIK.com.ar)