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Por Martín Carrizo
La derrota de Flávio Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva derivó en una crisis que desbordó las fronteras de Brasil. El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro abandonó el país pese a una prohibición judicial y buscó refugio en Estados Unidos, mientras las circunstancias de su salida pusieron el foco sobre la Argentina de Javier Milei, aliado político del bolsonarismo. En ese escenario, el movimiento de un avión privado en Puerto Iguazú abrió interrogantes sobre quién contrató el traslado y qué vínculos unen a sus operadores con el poder argentino.
La salida de Flávio Bolsonaro dejó al descubierto una trama que involucra a empresarios de la aviación privada argentina, conexiones con distintos gobiernos y antecedentes de investigaciones por presunto lavado de dinero. En el centro aparece Baires Fly, la compañía propietaria del avión que aterrizó en Puerto Iguazú cuando se especulaba con una posible fuga del senador brasileño.
La empresa no es una desconocida para el poder político argentino. Sus aeronaves trasladaron a Javier y Karina Milei, expresidentes y gobernadores de diferentes signos partidarios. Su presidente es el empresario aeronáutico Luis Grande, mientras que el nombre de Sergio Daniel Mastropietro, intermediario del sector vinculado a Federico “Fred” Machado, aparece asociado a operaciones comerciales de la firma y a una investigación judicial por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El interrogante puede determinar quién contrató el avión que llegó a Misiones y si efectivamente estaba destinado a trasladar a Bolsonaro. Por otro, reconstruir cómo funciona una empresa que durante décadas prestó servicios a dirigentes políticos y quedó mencionada en expedientes judiciales sensibles.

El Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, despegó de Aeroparque a las 22.14 del lunes 26 de octubre y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23.45. La aeronave pertenece a Baires Fly y tenía previsto continuar hacia Estados Unidos con cuatro pasajeros brasileños.
La contratación habría llegado mediante un intermediario estadounidense. Durante las gestiones surgió el nombre de Flávio Bolsonaro como posible pasajero, pero el vuelo fue cancelado y el avión no completó el recorrido previsto.
El movimiento coincidió con un momento judicial crítico para el dirigente brasileño. El juez Alexandre de Moraes había ordenado que entregara sus pasaportes y le prohibió abandonar el país. Ante el incumplimiento, las autoridades brasileñas cancelaron sus documentos ordinario y diplomático.
Migraciones de la Argentina negó que existiera un registro de ingreso del senador y las autoridades nacionales sostuvieron que la documentación de la compañía estaba en regla. Tampoco se acreditó oficialmente que la familia Bolsonaro figurara en un plan de vuelo presentado.
La coincidencia temporal alimentó sospechas, pero no resuelve el interrogante principal: quién iba a subir al avión y por qué se frustró el traslado.

Detrás de Baires Fly aparece Luis Adolfo Grande, un piloto conocido en la ciudad de Viedma y un empresario con décadas de trayectoria en la aviación privada. La compañía opera desde Aeroparque Internacional Jorge Newbery y ofrece vuelos ejecutivos, sanitarios y servicios especiales. Grande figura como presidente, acompañado en la estructura societaria por María Belén Grande Ratti y María Florencia Grande Ratti.
Su relación comercial con la política atraviesa gobiernos de distintas orientaciones. Las aeronaves de la empresa transportaron a Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en noviembre de 2023, después de la victoria electoral libertaria. Milei viajó a Nueva York acompañado por Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo y otros integrantes de su entorno. La delegación utilizó un Gulfstream V de Baires Fly, matrícula LV-KAX, piloteado por el propio Grande.
El traslado habría sido financiado por Gerardo Werthein, posteriormente incorporado al gobierno libertario. Se trató de un viaje realizado después del balotaje, no de un vuelo de campaña electoral propiamente dicho.
La compañía también tiene antecedentes de operaciones con gobernadores. En Formosa, Gildo Insfrán utilizó reiteradamente sus aeronaves mediante contrataciones en las que aparecieron empresas intermediarias. Grande reconoció públicamente esos traslados, aunque negó haber sido proveedor directo de la gobernación.
En Río Negro, Baires Fly mantuvo un contrato provincial surgido de una licitación de 2010, posteriormente prorrogado y rescindido en 2012. Grande también había trabajado como piloto de la gobernación rionegrina.
Estos antecedentes muestran que el negocio de la empresa trascendió ampliamente al actual oficialismo: construyó relaciones comerciales con distintos sectores políticos durante años.
El otro nombre que aparece en la trama es Sergio Daniel Mastropietro, empresario aeronáutico, comercializador de vuelos y expresidente de Avian SRL, la compañía surgida de la adquisición de MacAir, vinculada originalmente a la familia Macri.
Mastropietro mantuvo negocios con Federico “Fred” Machado, empresario involucrado en una causa judicial estadounidense por lavado de dinero y relacionado con el financiamiento de José Luis Espert.
Según documentación bancaria incorporada a investigaciones judiciales, Mastropietro operó más de 800 mil dólares mediante un fideicomiso asociado a Machado. También fue señalado como uno de los intermediarios que facilitó el contacto entre Machado y Espert.
Su nombre reapareció en el expediente ANDIS. El fiscal Franco Picardi investigó un supuesto mecanismo para canalizar fondos presuntamente irregulares mediante facturación de servicios aeronáuticos.
En septiembre de 2025, Mastropietro habría intervenido en operaciones comerciales por las cuales distintas droguerías transfirieron importantes sumas a Baires Fly y recibieron facturas por compra anticipada de kilómetros de vuelo.
La hipótesis fiscal es que algunas operaciones pudieron utilizarse para dar apariencia lícita a fondos provenientes de maniobras de corrupción. Esa sospecha no equivale a una condena ni demuestra que todos los servicios facturados fueran ficticios.
Un dato resulta fundamental para comprender el entramado: Mastropietro no figura como propietario formal de Baires Fly. Ese lugar corresponde a Grande. Su papel, según las reconstrucciones disponibles, fue principalmente el de intermediario comercial, aunque la investigación judicial analiza el alcance real de sus operaciones.

El historial provincial de Baires Fly permite observar un aspecto menos visible del mercado aeronáutico: la utilización de intermediarios para contratar vuelos destinados a funcionarios.
En Formosa, las investigaciones periodísticas identificaron operaciones que involucraban a la firma Unicos Air como contratante de servicios finalmente prestados por Baires Fly. El mecanismo generó cuestionamientos sobre quién pagaba efectivamente los traslados del gobernador Insfrán.
En Río Negro existió un vínculo contractual directo con la provincia, documentado en una licitación anterior a la llegada de Milei al poder.
Las operaciones no prueban irregularidades por sí mismas. Sin embargo, ponen de relieve una característica relevante de este mercado: el contratante, el pagador y el pasajero final pueden ser personas o entidades diferentes.
Esa modalidad adquiere especial importancia en el episodio de Puerto Iguazú, donde el pedido de traslado habría sido efectuado por un intermediario estadounidense y la identidad de los pasajeros no fue confirmada públicamente.

Mientras el avión de Baires Fly permanecía en Misiones, Flávio Bolsonaro consiguió llegar a Estados Unidos con su familia. Allí se encontró con su hermano Eduardo, mientras el Departamento de Estado de la administración Donald Trump anunció que concedería visas al senador y sus familiares.
El caso incorpora una dimensión diplomática delicada. Milei mantiene afinidad política con Trump y con el bolsonarismo, mientras que Lula acaba de obtener una nueva victoria electoral en Brasil.
Pero las relaciones políticas no constituyen evidencia de participación en una fuga. Tampoco los antecedentes comerciales de Baires Fly permiten establecer que el gobierno argentino haya coordinado el movimiento de la aeronave.
Para avanzar en el esclarecimiento del episodio resulta decisivo conocer quién solicitó el servicio, quién debía pagarlo, qué identidades fueron informadas a la empresa y cuáles fueron los motivos precisos de su cancelación.
La historia del avión de Iguazú abrió una ventana hacia un negocio donde confluyen dirigentes, intermediarios y empresarios con conexiones en diferentes espacios de poder. El desafío es determinar si esas relaciones tuvieron alguna intervención concreta en el intento de traslado o si el episodio fue simplemente una contratación que nunca llegó a concretarse. (www.REALPOLITIK.com.ar)