La gestión de Soledad Martínez alquiló espacios destinados a la secretaría de Seguridad de la municipalidad de Vicente López con una empresa que había sido sancionada por contratar vigilancia privada sin habilitación en ese mismo complejo. El cruce entre documentos comunales y provinciales expone una contradicción incómoda para el gobierno del Pro y devuelve al centro de la escena una relación comercial cuestionada desde los años macristas.

La firma es Desarrolladores del Norte SA, vinculada al complejo Olivos Center, ubicado en Domingo de Acassuso 3780. El decreto 7567/25, firmado por Martínez el 30 de diciembre de 2025, dispuso emitir una orden de compra por 175.842.816 pesos para el alquiler durante 2026, con actualizaciones trimestrales previstas. El instrumento reconoce una renovación automática del contrato hasta diciembre de 2027.

Decreto 7567/25, firmado por Martínez; importe para 2026 y renovación hasta diciembre de 2027.

Para entonces, el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires ya había publicado una sanción contra esa sociedad. La resolución 754/2025, del 8 de octubre, le impuso una multa de 4.251.696,35 pesos por haber contratado y utilizado un servicio de seguridad privada sin habilitación.

La secuencia surge de actuaciones oficiales: una inspección realizada el 28 de noviembre de 2023 encontró a un vigilador custodiando bienes y personas en Olivos Center. La autoridad provincial verificó que tanto el objetivo como el personal identificado no estaban declarados. La resolución también señala que la empresa, pese a haber sido emplazada, no compareció a ejercer su defensa en tiempo y forma.

Resolución 754/2025, inspección en Olivos Center y multa por contratar vigilancia sin habilitación.

El empresario y las denuncias que vienen de la gestión Pro

La relación comercial arrastra otro antecedente. En septiembre de 2015, el entonces concejal socialista Carlos Roberto denunció que Bernardo Leopoldo Fernández, subsecretario de Desarrollo Económico de la municipalidad de San Vicente entre diciembre de 2011 y diciembre de 2014, había resultado beneficiado mediante sociedades vinculadas al alquiler de inmuebles municipales.

Según aquella denuncia, Fernández presidía la empresa de Olivos Center y ocupaba un cargo público cuando se originó la contratación. El cuestionamiento apuntaba a un posible conflicto de intereses y motivó pedidos de información en el Concejo Deliberante. 

El vínculo societario cuenta con respaldo independiente de aquellas declaraciones. El Boletín Oficial nacional del 10 de noviembre de 2020 publicó la designación de Bernardo Leopoldo Fernández como presidente de Desarrolladores del Norte SA, identificada con el mismo CUIT que figura en la sanción provincial y en el decreto municipal. 

Los documentos permiten acreditar la infracción sancionada y la continuidad del alquiler. Además, justifican exigir explicaciones sobre los controles municipales y sobre una relación empresarial que atravesó el cambio de intendente sin que desaparecieran los interrogantes sobre su origen. (www.REALPOLITIK.com.ar)