El conflicto por las tierras de Villa Cordobita suma una nueva presentación contra la conducción política de Tandil y dos magistrados locales. Juan Pedro Martín Burs y Roberto Gastón Giove formularon una ampliación de denuncia penal contra el intendente Miguel Ángel Lunghi, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y los jueces civiles José Martín Zárate y Francisco Augusto Blanc, por su presunta intervención en maniobras con inmuebles de la firma Tandilia SRL.

El escrito, patrocinado por el abogado Jorge Heter y dirigido al fiscal Ignacio Calonje, también impugna un informe de la Secretaría de Asuntos Civiles de la Fiscalía General de Azul. Los denunciantes sostienen que ese análisis reconoce irregularidades en la documentación utilizada para transferir los terrenos, pero cuestionan sus conclusiones sobre el desempeño de los funcionarios y magistrados señalados.

La disputa tiene un eje político y patrimonial: determinar si se facilitaron operaciones privadas sobre tierras que, según los denunciantes, debían haber sido reclamadas por el Estado bonaerense. Esa hipótesis, basada en la presunta existencia de herencias vacantes, es uno de los puntos centrales de controversia dentro del expediente.

Las operaciones observadas involucran a Mario Daniel Cerviño y a Placer Moreno, quien figuró como representante de Tandilia SRL en documentación utilizada para vender terrenos. La ampliación menciona dos escrituras de junio de 2004 mediante las cuales, según sus autores, se transfirieron 140 lotes.

Tierras de Villa Cordobita: qué denuncian contra Lunghi y Frolik en Tandil

El informe elaborado por Mariano José Ramírez, fechado el 30 de septiembre e incorporado a las actuaciones el 1 de octubre de 2026, contiene una observación relevante: señala que una investigación penal anterior estableció que la inclusión de Moreno como representante de la sociedad era falsa, porque su nombre no aparecía en la redacción original del estatuto. Sin embargo, el mismo documento aclara que aquella pesquisa no pudo determinar quién manipuló la copia del estatuto utilizada en la escribanía. También indica que el incidente judicial destinado a discutir la falsedad documental todavía no había llegado a sentencia.

Ramírez advierte, además, que Cerviño promovió juicios de usucapión —el mecanismo para adquirir un inmueble mediante la posesión prolongada— sobre terrenos de las manzanas 26 y 28 que ya estaban incluidos en la escritura de compraventa. Para el funcionario, esa circunstancia permite inferir dudas del propio adquirente sobre la legitimidad de su título.

El informe agrega un matiz decisivo: durante los años anteriores, Cerviño contaba con una apariencia de titularidad que le permitió realizar trámites, entre ellos pedidos de apertura de calles e instalación de electricidad. El secretario aclara que no formula una valoración sobre su buena o mala fe al celebrar los contratos.

Los denunciantes buscan que la investigación avance sobre el papel del municipio más allá de su participación formal en los juicios civiles. Cuestionan que el informe destaque que la municipalidad de Tandil no intervino en los expedientes analizados y consideran que esa mirada deja afuera decisiones administrativas que debían ser examinadas.

En particular, señalan una presunta contradicción entre juicios municipales de apremio por tasas impagas y la emisión de certificados o visados que habrían permitido tramitar las escrituras de esos mismos terrenos. Por ese motivo, solicitaron copias certificadas de las ejecuciones tributarias y de las constancias de libre deuda y actuaciones catastrales correspondientes a 2004 y 2005.

La acusación apunta a Frolik por su desempeño como secretario de Legal y Técnica durante aquel período. Respecto de Lunghi, los denunciantes citan declaraciones públicas de 2015 sobre el destino estatal que podrían tener los terrenos sin dueño y sostienen que el intendente debía haber promovido la intervención de las autoridades provinciales.

La controversia sobre las herencias vacantes atraviesa toda la presentación. Burs y Giove afirman que los expedientes contenían antecedentes sobre el vencimiento del plazo de duración de Tandilia SRL, fallecimientos y renuncias a derechos hereditarios. A su entender, esos elementos obligaban a comunicar la situación a la fiscalía de Estado.

El informe de Ramírez sostiene una interpretación diferente: considera que, en la oportunidad analizada, no existían indicios suficientes para advertir esa posible vacancia y que verificarla requería una investigación compleja sobre el patrimonio, las deudas, los socios y sus sucesores. De todos modos, recomienda remitir copia de la denuncia al Fisco bonaerense para que evalúe su intervención.

Los cuestionamientos también alcanzan a las actuaciones judiciales. A Zárate le atribuyen contradicciones entre fechas y antecedentes consignados en resoluciones, entre ellas una diferencia entre 1995 y 1955 en la referencia a un boleto de compraventa. Los denunciantes interpretan esas inconsistencias como posibles maniobras y solicitan que sean investigadas.

En relación con Blanc, piden una pericia sobre el sistema informático Augusta para establecer cuándo se incorporaron determinados movimientos procesales y qué usuarios realizaron las cargas. Se trata de una solicitud destinada a comprobar su hipótesis de inserciones retroactivas; los documentos aportados no incluyen una pericia que la confirme.

La ampliación reclama ahora documentación municipal, antecedentes societarios, registros audiovisuales y una auditoría informática. El alcance de esas medidas será determinante para establecer si las irregularidades documentales señaladas se vinculan con responsabilidades penales de funcionarios y jueces. (www.REALPOLITIK.com.ar)