El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en el proceso para incorporar operadores privados a Fabricaciones Militares, una de las empresas estratégicas del sistema de defensa argentino. A través de una disposición publicada este martes en el Boletín Oficial, volvió a postergar la presentación de ofertas del concurso mediante el cual busca transferir a socios privados la gestión y explotación de distintas líneas productivas de la compañía estatal.

La decisión quedó formalizada mediante la circular modificatoria 03 del concurso público nacional e internacional CPU-2026-SC-001, que trasladó la fecha límite para recibir propuestas al 25 de noviembre de 2026 y estableció la apertura de sobres para el día siguiente.

Sin embargo, detrás de esta nueva prórroga aparece una discusión considerablemente más profunda que el calendario de una contratación: el mecanismo impulsado por el gobierno permitirá que empresas privadas, incluso extranjeras, asuman el control mayoritario de unidades productivas vinculadas con la fabricación de armamento, municiones, explosivos y otros insumos estratégicos para la defensa nacional.

El esquema contempla contratos de entre 10 y 35 años, con participación privada no inferior al 51 por ciento y mayoría de representantes particulares en los órganos encargados de conducir las operaciones.

Aunque los inmuebles, las instalaciones y las maquinarias seguirán perteneciendo formalmente al Estado argentino, las condiciones de la asociación despertaron cuestionamientos sindicales y legislativos sobre la verdadera naturaleza de la operación.

Una privatización sin vender la empresa

El concurso fue lanzado en julio de este año con el propósito declarado de incorporar inversión privada, modernizar la infraestructura productiva, desarrollar nuevas tecnologías y ampliar las posibilidades comerciales de Fabricaciones Militares. Para ello, el gobierno eligió un mecanismo jurídico diferente de una privatización tradicional.

En lugar de vender las acciones de la compañía o transferir la propiedad de sus establecimientos industriales, la convocatoria propone constituir Uniones Transitorias entre Fabricaciones Militares SAU y uno o más socios estratégicos privados. Estas asociaciones tendrán a su cargo el desarrollo, la modernización, la inversión, la operación, la explotación y la comercialización de las unidades productivas alcanzadas por los acuerdos.

El punto más controvertido aparece en la distribución del poder dentro de esas asociaciones. El pliego establece que el socio privado deberá contar con una participación mínima del 51 por ciento, sin fijar un porcentaje máximo.

Además, cada unión transitoria tendrá un Comité Ejecutivo integrado por cinco representantes: tres designados por el operador privado y dos por Fabricaciones Militares. La presidencia también corresponderá al sector privado. De este modo, aunque el Estado continuará siendo propietario de las instalaciones, quedará en una posición minoritaria dentro de los órganos de conducción de las asociaciones.

La diferencia no es menor: conservar la titularidad de una fábrica no necesariamente significa mantener el control de su funcionamiento, sus inversiones, sus decisiones productivas o sus operaciones comerciales.

Contratos que podrían extenderse hasta 2061

Otro elemento que genera controversia es la duración prevista para las asociaciones. Los acuerdos podrán extenderse por períodos de entre 10 y 35 años, según las condiciones que finalmente se establezcan con los adjudicatarios. Esto significa que, si se concretaran contratos por el plazo máximo durante 2026, algunos podrían permanecer vigentes hasta 2061. El diseño también contempla una condición económica relevante para una eventual recuperación anticipada del control operativo.

Según el modelo contractual difundido, si el Estado decidiera finalizar anticipadamente la explotación privada por razones de defensa nacional o interés público, debería compensar al operador por la inversión pendiente de amortización, más un adicional del 10 por ciento.

En consecuencia, los acuerdos no solamente comprometerían la organización industrial durante el actual gobierno, sino que podrían condicionar decisiones de sucesivas administraciones nacionales durante varias décadas.

Fabricaciones Militares.

Empresas extranjeras podrán controlar líneas de producción militar

El concurso tiene alcance nacional e internacional y admite expresamente la participación de personas jurídicas constituidas en el exterior. Las áreas involucradas abarcan actividades de significativa importancia para la industria argentina de defensa, entre ellas la producción de químicos, explosivos, pólvoras, municiones, armamento, elementos de protección balística y desarrollos metalmecánicos.

Fabricaciones Militares posee establecimientos industriales en Río Tercero y Villa María, provincia de Córdoba; Fray Luis Beltrán, en Santa Fe; y Azul, en territorio bonaerense. La posibilidad de que compañías extranjeras accedan al control operativo de estas actividades plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión estatal, la protección de conocimientos tecnológicos sensibles y las decisiones relacionadas con la producción y comercialización de materiales destinados a la defensa.

Desde la perspectiva gubernamental, la incorporación de socios estratégicos representa una herramienta para obtener inversiones, modernizar instalaciones, desarrollar capacidades industriales y ampliar mercados sin desprenderse formalmente del patrimonio público. Sus críticos, en cambio, sostienen que mantener la propiedad de los edificios y las máquinas resulta insuficiente si las decisiones fundamentales sobre su utilización quedan en manos privadas durante décadas.

El desenlace dependerá de las ofertas que efectivamente se presenten, las empresas seleccionadas y los contratos que finalmente se suscriban. (www.REALPOLITIK.com.ar)