El gobierno de Axel Kicillof destinará un total de 185.856.000 pesos a Telecom Argentina SA para acceder a un servicio de análisis masivo de datos que permite estudiar los movimientos, hábitos y comportamientos de las personas que visitan la provincia de Buenos Aires. La contratación, realizada de manera directa bajo una excepción fundada en la exclusividad del proveedor, abre interrogantes sobre los límites del acceso estatal a información de movilidad y las garantías existentes para proteger la privacidad de los ciudadanos.

La operación quedó nuevamente expuesta en el Boletín Oficial bonaerense de este martes 27 de octubre, mediante la publicación de la resolución 52/2026 de la subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, que aprobó una prórroga de doce meses por 92.928.000 pesos. El contrato original, adjudicado en 2025 por el mismo importe, eleva el valor acumulado de ambos períodos a casi 186 millones de pesos.

El servicio, denominado Advanced Analytics, consiste en un conjunto de herramientas de analítica avanzada y Big Data destinado a la subsecretaría de Turismo provincial. Según explica la propia resolución, la tecnología permite obtener información sobre el lugar de residencia de los visitantes, sus características sociodemográficas, la duración de sus estadías, las pernoctaciones, los destinos visitados y sus patrones de desplazamiento.

La información sirve para determinar, por ejemplo, de dónde llegan los turistas, cuánto tiempo permanecen en determinado destino, qué lugares frecuentan y cómo se distribuyen sus movimientos dentro del territorio bonaerense.

Sin embargo, detrás de esa utilidad estadística aparecen preguntas que la documentación contractual no termina de responder: ¿de dónde provienen los datos utilizados para reconstruir esos desplazamientos? ¿Qué nivel de detalle recibe el Estado? ¿Qué mecanismos impiden identificar a las personas? ¿Y quién controla que la información sea utilizada exclusivamente para los fines turísticos declarados?

Datos históricos desde julio de 2021

Uno de los aspectos más llamativos surge del pliego de especificaciones técnicas. Su artículo tercero establece que el servicio deberá contemplar el procesamiento de información histórica disponible desde julio de 2021, además de entregar datos actuales durante los doce meses de vigencia del contrato.

Es decir, la provincia no solamente contrató una herramienta para conocer el comportamiento turístico presente, sino también para analizar información correspondiente a más de cuatro años anteriores a la adjudicación original.

El pliego no precisa qué información histórica se conserva, cuáles son sus fuentes, con qué nivel de detalle territorial se procesa ni bajo qué condiciones fue recopilada originalmente. Tampoco explica por qué se fijó julio de 2021 como punto de partida de la serie histórica.

Una plataforma con acceso a datos descargables

La documentación contractual también revela que el ministerio no se limita a recibir informes periódicos elaborados por la empresa. El artículo cuarto del pliego técnico exige que Telecom entregue información cada quince días mediante una plataforma de visualización, para la cual deberá proporcionar tres licencias de acceso.

Los pliegos no describen qué campos contienen esos archivos, cuál es su grado de desagregación ni si incluyen registros individualizados o exclusivamente estadísticas agrupadas por destinos, períodos y categorías.

La diferencia es sustancial. No es lo mismo conocer que miles de personas se desplazaron desde el conurbano bonaerense hacia Mar del Plata durante enero que disponer de trayectorias correspondientes a dispositivos determinados, aunque estos no estén identificados mediante nombres y apellidos.

Los documentos obtenidos no permiten afirmar que el gobierno acceda a esa segunda clase de información. Pero tampoco detallan expresamente qué mecanismos técnicos impiden que suceda.

La resolución provincial sí confirma que los reportes incluyen localización, lugares visitados y matrices de origen y destino, además de estimaciones sobre pernoctaciones, frecuencia de los desplazamientos y características sociodemográficas.

La pregunta, entonces, no es solamente qué información puede elaborar Telecom, sino qué información recibe efectivamente el Estado y hasta dónde llega su capacidad de análisis.

Axel Kicillof y Augusto Costa.

La protección de los datos: una obligación de confidencialidad sin precisiones sobre anonimatos

Otro aspecto significativo aparece en el artículo noveno del pliego de bases y condiciones particulares. Allí se establece un compromiso de confidencialidad entre Telecom y el ministerio de Producción respecto de los datos y la información producidos durante la prestación del servicio. Esa obligación también alcanza a empleados, asociados, agentes y terceros subcontratados.

Sin embargo, los pliegos no especifican procedimientos de anonimización de registros, niveles mínimos de agregación estadística, mecanismos para prevenir la identificación de personas ni plazos de conservación o eliminación de la información.

Tampoco detallan auditorías destinadas a verificar qué usuarios consultan o descargan los datos, ni las condiciones bajo las cuales podrían compartirse con otras dependencias estatales.

La confidencialidad y la anonimización no son conceptos equivalentes. La primera obliga a preservar la información frente a divulgaciones no autorizadas. La segunda busca impedir que los registros puedan asociarse con personas identificadas o identificables. Un archivo puede ser confidencial y, al mismo tiempo, contener datos personales. (www.REALPOLITIK.com.ar)