El gobierno de Javier Milei modificó las condiciones de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y eliminó la transferencia de todo su personal a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). Desde ahora, la conducción del organismo que preside Pablo Plaza determinará cuántos trabajadores necesita incorporar, mientras que quienes queden afuera deberán afrontar una evaluación de su situación laboral, sin una garantía general de continuidad.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, firmado el 27 de octubre y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. La norma modifica el esquema que el propio Ejecutivo había establecido en febrero y abre un nuevo frente en la transición conducida por el ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti.

El cambio afecta una garantía concreta: el artículo 7 del decreto 88/2026 preveía la transferencia total de los activos y del personal de IOSFA a OSFA. La nueva redacción reemplaza ese mecanismo por una incorporación limitada a los empleados que la obra social considere necesarios para cumplir sus funciones.

La continuidad laboral deja así de estar asegurada por el traspaso general y pasa a depender de decisiones administrativas posteriores. El decreto no informa cuántos trabajadores serán incorporados, cuántos quedarán excluidos ni qué destinos alternativos tendrán disponibles.

Trabajadores de IOSFA: qué pasa con quienes no sean transferidos a OSFA

El directorio de OSFA deberá establecer los puestos de trabajo requeridos y la dotación necesaria según su estructura y sus necesidades operativas. Sobre esa base, identificará al personal de IOSFA que será transferido, de acuerdo con el régimen jurídico correspondiente a cada situación de revista.

Para los empleados que no resulten seleccionados, la responsabilidad recaerá en el administrador de IOSFA, Gonzalo Secchi. La norma le encomienda evaluar su situación y disponer las medidas que correspondan dentro del marco legal aplicable.

El decreto también establece qué sucederá cuando termine la liquidación: Defensa asumirá los compromisos y obligaciones pendientes vinculados con el personal que no haya sido transferido. En el caso de los trabajadores de planta permanente con estabilidad que se encuentren en disponibilidad, continuarán en esa situación bajo la órbita del ministerio hasta su reubicación o baja.

La disposición no implica un despido automático de todos los empleados que queden afuera. Sin embargo, contempla expresamente la baja como un posible desenlace para quienes estén en disponibilidad y no establece una obligación de reubicar a la totalidad de la dotación.

Para los contratados y otras modalidades de empleo, la resolución dependerá del régimen correspondiente. El nuevo texto tampoco incorpora una garantía general de renovación o continuidad de esos vínculos.

Los integrantes de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval que presten servicios en IOSFA en comisión o adscripción deberán reincorporarse a sus respectivas fuerzas.

El argumento del gobierno para restringir el traspaso

El Ejecutivo fundamenta la modificación en la separación de los afiliados de Gendarmería y Prefectura, que pasaron a integrar la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Sostiene que OSFA quedó con una población beneficiaria sustancialmente menor y que necesita adecuar su personal a los recursos disponibles.

También invoca el límite del 8 por ciento de los recursos para gastos administrativos y de funcionamiento. Según los considerandos, recibir a toda la dotación podría provocar un desequilibrio financiero, operativo y presupuestario que afectara la sostenibilidad de las prestaciones.

La explicación expone una corrección del diseño que el mismo gobierno aprobó en febrero: la separación de las fuerzas ya formaba parte de aquella reorganización, pero el traspaso integral del personal se modifica casi nueve meses después.

En ese escenario, Plaza tendrá a su cargo la definición de los puestos que recibirá OSFA; Secchi resolverá la situación de quienes permanezcan en el organismo en liquidación; y Defensa asumirá las obligaciones laborales que queden pendientes al concluir el proceso.

El gobierno fijó el mecanismo para seleccionar al personal que continuará, pero todavía no precisó cuántos trabajadores quedarán afuera ni cómo garantizará su reubicación. Esa incertidumbre laboral se suma a una transición en la que las decisiones sobre estructuras, establecimientos y servicios siguen avanzando bajo la conducción política de Presti. (www.REALPOLITIK.com.ar)