Las demoras en la obra pública no siempre se traducen únicamente en proyectos inconclusos, ampliaciones de plazos o presupuestos que deben ser actualizados. En ocasiones, los retrasos de la administración también generan obligaciones financieras que terminan incrementando el gasto estatal, sin que ello implique la ejecución de nuevos trabajos.

Es lo que ocurrió con una obra de mejoramiento del tramo medio del río Luján, por la cual el gobierno de la provincia de Buenos Aires reconoció una obligación de casi 40 millones de pesos en intereses debido a pagos realizados fuera de término.

La decisión quedó formalizada mediante la resolución 810/2026 del ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmada por Gabriel Katopodis el 23 de octubre y publicada este jueves 29 en el Boletín Oficial bonaerense. El acto administrativo reconoce a favor de la empresa Briales SA la suma exacta de 39.995.473,78 de pesos, correspondientes a los intereses generados por la demora en la cancelación de los certificados de obra números 20, 21 y 22.

No se trata de una redeterminación de precios motivada por la inflación ni de una ampliación del contrato para ejecutar nuevas tareas. El monto surge exclusivamente del reconocimiento de intereses por la mora en los pagos. En otras palabras, son casi 40 millones de pesos que la Provincia debe reconocer como consecuencia de no haber cumplido oportunamente con los plazos establecidos para cancelar obligaciones previamente contraídas.

Una obra adjudicada por más de 2.471 millones

La contratación corresponde al proyecto denominado Mejoramiento del Tramo Medio del río Luján - Etapa II A, Lote 4, una intervención hidráulica destinada al mejoramiento de ese curso de agua.

Según consta en la documentación oficial, el procedimiento comenzó formalmente en noviembre de 2021, cuando el ministerio de Infraestructura aprobó la documentación necesaria para convocar a una licitación pública internacional.

El presupuesto oficial correspondiente al lote 4 fue establecido en 1.606.509.356,96 de pesos, con un plazo de ejecución previsto de 540 días corridos.

Posteriormente, mediante la resolución 118/2023, del 27 de enero de 2023, el gobierno de Axel Kicillof adjudicó los trabajos a la empresa Briales SA por 2.471.145.527,05 de pesos. La diferencia entre el presupuesto oficial inicial y el importe adjudicado fue de aproximadamente 864,6 millones, equivalente a un incremento nominal del 53,8 por ciento.

Tramo Medio del río Luján.

La provincia reconoció oficialmente los atrasos

Uno de los aspectos más significativos de la resolución es que la propia administración provincial deja constancia de las demoras. El texto señala que, a requerimiento de la dirección Ejecutiva del Comité de Cuenca del Río Luján, su dirección Administrativa y Contable procedió a verificar el atraso en los pagos.

Una vez comprobadas las demoras, el organismo realizó la liquidación de los intereses correspondientes a los certificados 20, 21 y 22. El resultado fue una suma de 39.995.473,78 de pesos, que el ministerio resolvió reconocer a favor de la constructora.

Para calcular ese importe, la administración aplicó la tasa del Banco de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al descuento de certificados de obras públicas, tomando como referencia la fecha de emisión de cada certificado.

La resolución no especifica las fechas originales de vencimiento de cada certificado, cuánto tiempo permanecieron impagos ni cuáles fueron las causas administrativas o financieras de los atrasos. Tampoco identifica responsabilidades individuales por las demoras.

Axel Kicillof y Gabriel Katopodis.

Casi 40 millones que no representan más obra

La principal particularidad de este reconocimiento económico es que el gasto adicional no tiene como contrapartida una mayor cantidad de trabajos ejecutados. Mientras que una modificación contractual puede responder a nuevas necesidades técnicas y una redeterminación puede procurar compensar variaciones en los costos, el pago de intereses por mora tiene una naturaleza diferente.

En este caso, se trata de una obligación financiera surgida de pagos efectuados después de los plazos correspondientes. Los casi 40 millones de pesos reconocidos a Briales SA constituyen, por lo tanto, un costo adicional para el Estado provincial.

El caso abre un interrogante que excede a esta contratación puntual. Las obras públicas provinciales involucran cientos de contratos y numerosos certificados de avance que deben ser tramitados, aprobados y abonados por distintos organismos administrativos.

Cuando esos pagos se realizan fuera de término, la legislación permite que los contratistas reclamen los intereses correspondientes. Se trata de una protección legal destinada a compensar los costos financieros que puede provocar la mora estatal.

Pero desde la perspectiva de la administración de los recursos públicos también plantea un problema: cada interés reconocido por un atraso representa dinero que podría no haberse desembolsado si el pago se hubiera realizado dentro de los plazos contractuales. (www.REALPOLITIK.com.ar)