La docencia argentina atravesaba una jornada de dolor por el crimen de Nancy Godoy, mientras UDOCBA mantenía su congreso en Barracas con una agenda que incluía el tratamiento de memoria y balance. La coincidencia plantea un doble cuestionamiento: la insensibilidad de sostener esa actividad y la decisión de discutir la administración de los recursos sindicales cuando la atención de los trabajadores estaba concentrada en una tragedia.
La responsabilidad política tiene nombres. Alejandro Salcedo, secretario General, y Adriana Monje, secretaria Adjunta, encabezan la conducción provincial de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires. Ambos fueron reelegidos al frente de la organización en noviembre de 2025.
Este jueves 29 de octubre, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevó adelante un paro nacional y una jornada de duelo para exigir justicia por Godoy. Hubo movilizaciones y acciones en distintas provincias, con un reclamo que también puso en discusión la precariedad y el aislamiento en los que trabajan numerosos docentes rurales.

En ese contexto, el sostenimiento de una agenda de balances fue interpretado como un desacierto político y una falta de sensibilidad institucional: "La capacidad de acompañar también se expresa en decisiones concretas sobre qué asuntos pueden esperar", confió una docente indignada.
Pero el problema no termina en el gesto. Una memoria y un balance ponen a consideración la gestión de una organización y la administración de sus recursos. Su tratamiento merece atención, información y posibilidades de control. Los aportes de los afiliados requieren una rendición de cuentas con la mayor visibilidad posible, especialmente cuando se somete a evaluación el desempeño de quienes los administran.
Llevar esa discusión a una jornada dominada por el duelo coloca una decisión relevante sobre los recursos gremiales en un momento poco propicio para que reciba atención. Mientras los docentes seguían las noticias sobre Godoy, participaban de protestas o acompañaban el pedido de justicia, el sindicato sostenía su agenda interna.
Aunque no sería correcto afirmar que existió una maniobra deliberada para ocultar la aprobación de cuentas, sí es cuestionable la decisión política de mantener su tratamiento en esas circunstancias. La conducción de Salcedo y Monje debe poder explicar por qué consideró adecuado sostener esa agenda y cómo garantizó que los afiliados pudieran conocer y examinar la documentación.

Nancy Godoy tenía 52 años y trabajaba en la Escuela Rural Nro. 626 del paraje El Malezal, en Corrientes. Antes de desaparecer había documentado el abandono del establecimiento, la falta de agua potable y las dificultades para acondicionar las instalaciones. Su historia expuso las condiciones en las que una trabajadora intentaba garantizar que sus alumnos pudieran tener clases.
Frente a esa pérdida, la representación sindical exige sensibilidad, presencia y responsabilidad. También exige transparencia y empatía cuando se discute el dinero de los afiliados. Salcedo y la conducción de UDOCBA tienen una responsabilidad política sobre ambas dimensiones: acompañar a los docentes y procurar que las cuentas del gremio reciban toda la atención que merecen. (www.REALPOLITIK.com.ar)