Las denuncias por presunta contaminación ambiental y hostigamiento en un predio de Villa Martelli ponen bajo cuestionamiento la respuesta de la municipalidad de Vicente López, encabezada por Soledad Martínez. Andrés Raúl Gaioli y Susana Beatriz Entenza, vecinos de la calle Lavalle, sostienen que llevan décadas conviviendo con actividades que afectan su salud y la tranquilidad de su vivienda. Los documentos a los que accedió REALPOLITIK incluyen reclamos formalmente recibidos por el municipio y una resolución judicial que ordenó medidas de protección para el matrimonio.

El conflicto se concentra en el inmueble de Lavalle 3941/3945/3949, lindero a la casa de los denunciantes. Según la reconstrucción de la familia, allí funcionó durante años un taller de chapa y pintura, posteriormente un establecimiento textil y, desde mayo de 2026, una nueva actividad vinculada con la reparación de automotores.

Los vecinos aseguran que los cambios de ocupantes y de rubro no terminaron con las molestias. Denuncian ruidos, vibraciones, olores y presencia de recipientes con sustancias que vinculan con la actividad mecánica. También atribuyen problemas de salud a la exposición que describen y reclaman que las autoridades determinen las condiciones de funcionamiento del lugar.

Denuncia recibida por la gestión de Soledad Martínez.

Denuncias ambientales en Villa Martelli: los reclamos a Soledad Martínez

La responsabilidad política del municipio aparece en un punto concreto: existen constancias de que recibió advertencias y pedidos de intervención. La presentación identificada como TRMVL-15367-2026, ingresada el 22 de junio, reiteró un reclamo anterior y solicitó verificar la actividad del establecimiento, sus condiciones de seguridad y los posibles efectos sobre el ambiente y la salud de los vecinos.

En ese escrito, dirigido a la intendenta Soledad Martínez, Gaioli también relató circunstancias de una inspección municipal del 9 de junio que le generaron preocupación. Solicitó que se evaluara lo ocurrido para preservar la transparencia y la objetividad de las actuaciones. La presentación tiene constancia de recepción municipal.

Denuncia por nuevos episodios de octubre..

La Justicia ordenó proteger a los vecinos de Vicente López

La discusión sobre los controles se superpone con otra dimensión del conflicto: las denuncias de hostigamiento. El 28 de septiembre de 2026, el juzgado de Garantías Nro. 1 de San Isidro dictó una medida cautelar contra José María Leston, identificado en la resolución como abogado y señalado en las actuaciones como propietario del galpón.

El juzgado le impuso una prohibición absoluta de contacto con Gaioli y Entenza, tanto personalmente como por intermedio de terceros y a través de cualquier medio. Además, le ordenó “cesar en forma inmediata todo acto de perturbación” contra el matrimonio, su familia o sus bienes.

La resolución estableció una duración de sesenta días desde la efectiva notificación al destinatario y advirtió sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento. También encomendó al ministerio Público Fiscal impulsar las diligencias necesarias para investigar los hechos denunciados. La cautelar protege a los vecinos frente a contactos y perturbaciones; no dispone la clausura del establecimiento ni resuelve la denuncia ambiental.

La familia sostiene que, aun después de esa decisión, las molestias continuaron. En una nueva presentación denunció ruidos provenientes del predio durante los días 23 y 26 de octubre, compatibles, según su descripción, con motores, herramientas y amoladoras.

El escrito identifica intervenciones de los móviles de la Patrulla Municipal 75 y 84, respectivamente. Los denunciantes afirman que exhibieron la resolución judicial a los agentes y pidieron que se requieran al municipio los registros de los llamados al servicio 109, las comunicaciones, las actas y los informes de ambas actuaciones.

Resolución judicial y reclamos municipales.

En esa misma presentación, Gaioli y Entenza solicitaron una inspección del establecimiento, la evaluación de una clausura preventiva y la prórroga de la medida de protección. También reclamaron que se determine la identidad de quienes desarrollan actualmente la actividad y la existencia de las habilitaciones y permisos exigibles.

El componente sanitario es otro de los aspectos centrales del reclamo. En el material remitido a este medio, la familia describe afecciones respiratorias y neurológicas, intervenciones quirúrgicas y evaluaciones de incapacidad. Asimismo, reproduce conclusiones médicas que atribuyen lesiones a la exposición a sustancias del antiguo taller y a partículas de la posterior actividad textil. Los informes originales completos no integran la documentación recibida.

La secuencia de actividades deja planteado un reclamo verificable sobre la actuación estatal: los vecinos pidieron conocer las habilitaciones, acceder a las inspecciones y obtener controles sobre las condiciones ambientales del predio.

Para la gestión de Soledad Martínez, el cuestionamiento pasa por la ineficacia de esa respuesta. La existencia de trámites y visitas municipales debe poder traducirse en información concreta sobre lo inspeccionado, las condiciones autorizadas y las medidas adoptadas. Mientras la familia denuncia que las perturbaciones persisten, esos antecedentes resultan decisivos para evaluar cómo actuó el gobierno local. (www.REALPOLITIK.com.ar)