La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tiene responsabilidades dentro del propio gobierno de Gustavo Melella. Mientras la provincia acumulaba deudas millonarias con el organismo, su entonces presidenta, Mariana Hruby, ordenó transferir 937.119.449,74 de un fondo reservado para enfermedades de alto requerimiento a la cuenta general de recaudación y pagos. La operación derivó en una denuncia penal impulsada por la fiscalía de Estado.

El caso quedó documentado en el dictamen 05/26, del 19 de marzo de 2026, y en la resolución 16/26. El fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, dispuso denunciar los hechos ante el ministerio Público Fiscal y notificar al gobernador, a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas.

Los recursos tenían un destino protegido por ley: medicamentos, insumos y tratamientos para pacientes con patologías graves y de alto costo. La controversia se concentra en la decisión de trasladarlos al circuito general de pagos mediante resoluciones administrativas de la presidencia de OSEF.

La obra social sostuvo posteriormente que utilizó el dinero para obligaciones vinculadas con medicamentos y que lo restituyó el 20 de marzo, un día después del dictamen. Esa respuesta integra el expediente público del conflicto, pero no permite presentar como resuelta la denuncia sobre la legalidad de la transferencia.

La decisión de Hruby y las advertencias internas

El Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento fue creado mediante la ley provincial 1596 para sostener prestaciones que requieren financiamiento continuo. Entre ellas se encuentran tratamientos vinculados con fibrosis quística, hemofilia, esclerosis múltiple y trasplantes.

Hruby dispuso el movimiento de los 937,1 millones de pesos mediante las resoluciones de presidencia 170/26 y 171/26. Los recursos pasaron de la cuenta del fondo específico a otra utilizada para la recaudación y los pagos generales de OSEF.

La conducción presentó la operación como una readecuación financiera transitoria y estableció que sería compensada con ingresos ordinarios durante marzo. La fiscalía rechazó que una decisión administrativa pudiera alterar la afectación fijada por la Legislatura y cuestionó que las resoluciones no precisaran suficientemente las obligaciones que se cancelarían.

El dictamen también examinó la resolución 117/26, posteriormente dejada sin efecto, que había pretendido utilizar recursos del fondo para pagar a proveedores. Los apercibimientos dirigidos a funcionarios de Tesorería y Contaduría agregaron otro señalamiento: la posible existencia de presiones sobre quienes debían intervenir en los pagos.

La fiscalía planteó que los hechos podían encuadrar en malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y coacción agravada. Se trata de la calificación propuesta por el organismo de control, cuya evaluación corresponde a la Justicia.

Las observaciones surgieron también desde adentro de OSEF. En el informe 006/26, del 27 de febrero, la Contaduría General dejó asentado que no había intervenido previamente en la elaboración de la resolución que ordenó la transferencia.

El área describió fallas en la planificación de medicamentos, falta de criterios claros para priorizar adquisiciones y compras urgentes que elevaban los costos. También advirtió sobre la derivación de operaciones a terceros y la ausencia de un padrón que permitiera organizar las adquisiciones correspondientes al fondo.

La emergencia financiera invocada por las autoridades quedó así atravesada por cuestionamientos a su propia administración. El organismo encargado de garantizar tratamientos debía responder, además, por las decisiones que encarecían las compras y debilitaban su planificación.

Mariana Hruby.

Melella, deudor de la obra social provincial

El dictamen incorporó otro dato políticamente decisivo: al 12 de febrero de 2026, el gobierno de Melella registraba una deuda de 6.942.037.621,91 por aportes y contribuciones. Los registros también consignaban 9.376.452.028,21 por prestaciones a beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Eran conceptos diferenciados, con condiciones que debían analizarse por separado.

El Ejecutivo provincial aparecía como deudor de la institución que necesitaba recursos para sostener la cobertura de los estatales y sus familias. La responsabilidad de Melella alcanza esa política de financiamiento y el cumplimiento de las obligaciones de su administración.

La fiscalía cuestionó, además, la actuación de las autoridades obligadas a pagar y de los administradores encargados de reclamar. Los convenios de regularización comenzaron a suscribirse cuando ya se habían promovido actuaciones penales por el funcionamiento de la obra social.

En abril, OSEF respondió a requerimientos de la Legislatura y defendió el destino de la transferencia. Según la respuesta reseñada públicamente, se informaron pagos por 833.716.918,43 a la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, por medicamentos de alto costo, y 92.500.000 por un acuerdo judicial con la droguería Afrodina.

La institución afirmó que restituyó los fondos con ingresos corrientes y que las decisiones estaban documentadas y convalidadas administrativamente. La explicación debe contrastarse con los movimientos bancarios y los expedientes de pago; la devolución informada no acredita por sí misma una resolución judicial favorable sobre la operación original.

También en abril, Gustavo Andrés García reemplazó a Hruby en la presidencia de OSEF, tras la jubilación de la funcionaria. El recambio fue acompañado por anuncios de auditorías, revisión de deudas y controles sobre las prestaciones. Las resoluciones cuestionadas corresponden a la conducción anterior.

La responsabilidad administrativa por la transferencia tiene una autoridad identificada; la responsabilidad política por el financiamiento provincial llega hasta Melella. La denuncia expuso una obra social presionada por obligaciones impagas del propio Estado y una conducción que recurrió a recursos legalmente reservados para tratamientos graves. Ese es el núcleo del caso que la fiscalía llevó a la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)