Una denuncia por presunta retención de medicamentos y negativa a realizar traslados hospitalarios en el Instituto Aráoz Alfaro, en La Plata, pone bajo cuestionamiento los controles del ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque. La presentación señala a las autoridades del establecimiento y reclama una intervención urgente para proteger a los jóvenes privados de libertad, alojados bajo responsabilidad del Estado bonaerense.

La carta, que fue enviada al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), describe situaciones que afectarían la continuidad de tratamientos y el acceso a atención médica. El centro pertenece a la estructura del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), encabezado por Andrea Cáceres, dentro de la cartera de Larroque.

La responsabilidad política alcanza al gobierno de Axel Kicillof: los adolescentes están en una institución provincial y dependen de sus autoridades para recibir medicación, ser examinados por profesionales y acceder a un hospital. Las denuncias sobre esas condiciones exigen controles sobre el funcionamiento del establecimiento y sobre quienes lo conducen.

El escrito identifica al director como Luciano Nocencio y al administrador como Víctor Ruda, a quienes atribuye las conductas denunciadas. La identidad del emisor permanece reservada. “Por estrictas razones de seguridad y ante el fundado temor a represalias por parte de las autoridades del establecimiento, esta presentación se realiza resguardando la identidad del emisor”, explica el documento.

Medicamentos y traslados bajo denuncia

El primer señalamiento refiere a la presunta interrupción de tratamientos. “No se entrega la medicación prescripta y esencial para los tratamientos de salud mental y afecciones físicas crónicas de los jóvenes alojados”, sostiene la carta.

La presentación afirma que esa falta de suministro provoca “descompensaciones graves, crisis y un sufrimiento evitable”. Son acusaciones que requieren una verificación médica independiente y el examen de las constancias de prescripción y entrega de los fármacos.

El segundo punto denuncia obstáculos para acceder a los hospitales. Según el escrito, “existe una prohibición explícita y arbitraria por parte de la dirección de trasladar a los jóvenes a los centros hospitalarios públicos de la zona”, incluso frente a emergencias o cuadros que necesitarían atención especializada urgente.

La gravedad del planteo radica en las condiciones de encierro. Los jóvenes no pueden salir del establecimiento por sus propios medios para buscar asistencia. El acceso a la salud queda sujeto a decisiones, recursos y procedimientos que administra el gobierno de Kicillof.

Por ese motivo, la denuncia solicita que profesionales ajenos al instituto revisen de inmediato a la totalidad de los alojados. También reclama una “inspección y auditoría sorpresiva” y el resguardo de documentación que permitiría contrastar las acusaciones.

“Se incauten y resguarden los libros de guardia, las historias clínicas y el stock del área de farmacia para corroborar la falta de entrega de los fármacos”, pide el documento.

Esos registros resultan centrales para reconstruir las indicaciones médicas, la disponibilidad de medicamentos, las dosis suministradas y las decisiones adoptadas ante cada episodio de salud. La carta también requiere acciones legales y administrativas para establecer las eventuales responsabilidades de Nocencio y Ruda.

Larroque, Cáceres y los derechos que el gobierno promete garantizar

El señalamiento sobre el Aráoz Alfaro confronta con los compromisos que la propia gestión bonaerense difunde permanentemente sobre la atención de adolescentes privados de libertad.

Este año, Larroque y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, participaron junto al presidente de la Suprema Corte bonaerense, Sergio Torres, de la firma de un convenio destinado a fortalecer la atención integral de los jóvenes alojados en establecimientos del OPNyA. Cáceres también estuvo presente.

En esa actividad, la titular del organismo sostuvo que era una obligación del Estado “garantizar que estos jóvenes tengan todos sus derechos garantizados”. El objetivo anunciado comprendía precisamente la asistencia de una población cuya salud depende de la actuación de las instituciones provinciales.

La denuncia obliga a confrontar ese compromiso con el funcionamiento del Aráoz Alfaro. La provisión de un medicamento indicado y la derivación a un hospital constituyen obligaciones concretas de la administración que conduce Kicillof.

El gobierno provincial también anunció recientemente la formalización de un programa de capacitación en buen trato hacia niños y adolescentes, desarrollado desde el organismo de Cáceres. La formación de funcionarios y trabajadores debe acompañarse de supervisión efectiva dentro de los establecimientos.

El discurso kirchnerista que reivindica los derechos humanos debe responder por las condiciones de encierro bajo su propia gestión. La carta solicita la intervención del Comité contra la Tortura, un área de la CPM que realiza inspecciones en lugares de detención y recibe denuncias sobre vulneraciones de derechos. 

Larroque, Cáceres y Kicillof tienen responsabilidades de gestión sobre el sistema señalado. Los derechos de los adolescentes alojados en el Aráoz Alfaro deben garantizarse dentro del instituto, con tratamientos, atención médica y controles efectivos. Allí se mide la política de derechos humanos que la Provincia proclama. (www.REALPOLITIK.com.ar)