El proyecto de 40 viviendas en Castelar Sur terminó convertido en un expediente de incumplimientos, fallas constructivas y reclamos de devolución de fondos públicos. La gestión de Lucas Ghi rescindió dos veces el contrato con PMP Construcciones SRL: primero en 2024 y nuevamente en agosto de 2026, después de haberle permitido retomar los trabajos. Para entonces, la obra registraba apenas un 41,38 por ciento de ejecución y la inspección había documentado hierros expuestos, cavidades en el hormigón y desalineaciones entre columnas.

La secuencia está reconstruida en el decreto 1615/2026, firmado el 7 de agosto por el intendente de la municipalidad de Morón, el secretario de Economía y Finanzas, Guido Adrián Napolitano, y la secretaria de Jefatura de Gabinete, Estefanía Franco. El documento dispuso la rescisión por “exclusiva culpa de la contratista”, exigió reintegros y eliminó a la empresa del registro municipal de proveedores por dos años.

Pero la decisión llegó después de una segunda oportunidad otorgada por el propio gobierno municipal. Ghi ya había rescindido el contrato el 19 de junio de 2024, mediante el decreto 951/2024, por los incumplimientos de órdenes de servicio acumulados por PMP.

Tres meses después y sin motivos aparentes, el Ejecutivo cambió de posición. Según reconoce el decreto de agosto, tras mantener conversaciones con la empresa se acordó retomar la construcción, dejar sin efecto la rescisión y establecer un nuevo plazo, un plan de trabajo y una curva de inversión. También se reformuló el presupuesto para expresar los montos en unidades de vivienda, conocidas como UVI.

La continuidad quedó instrumentada mediante los decretos 1689/2024 y 4/2025. Los trabajos reiniciaron el 6 de junio de 2025. La contratista que había perdido la obra por incumplimientos volvía a tener a su cargo las mismas viviendas.

Boletín Nro. 15, publicado el 19 de agosto de 2026, páginas 7 a 9. Decreto 1615/2026, antecedentes de la primera rescisión y la segunda oportunidad, fallas constructivas, avance del 41,38 por ciento, reclamos de devolución y exclusión de PMP del registro de proveedores.

Hormigón deficiente y advertencias sin respuesta

La nueva etapa tampoco resolvió los problemas. El 10 de septiembre de 2025, la inspección recordó a PMP que debía avisar con al menos 24 horas de anticipación las tareas de hormigonado, para permitir la verificación de encofrados y armaduras. Además, le requirió un informe del ingeniero estructuralista y del representante técnico.

El 6 de octubre, otra orden de servicio dejó constancia de la deficiente calidad del hormigonado realizado el 9 de septiembre en el bloque 2 Bis. Las observaciones involucraban elementos centrales de la construcción: recubrimiento insuficiente de armaduras, hierros expuestos, cavidades y oquedades, desalineaciones entre columnas y terminaciones irregulares en vigas, columnas y escaleras.

La inspección determinó que la calidad de los elementos estructurales no se correspondía con los estándares exigidos para la obra. Intimó a la empresa a presentar en 72 horas un informe sobre el procedimiento utilizado, la trazabilidad del hormigón y las medidas de reparación previstas. Un ingeniero estructuralista también señaló deficiencias en las escaleras de las unidades dúplex.

Las observaciones alcanzaron al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, organismo actualmente conducido por Diego Menéndez que participaba del financiamiento del proyecto. Una nueva orden de servicio, del 4 de noviembre de 2025, incorporó el acta de auditoría provincial y exigió una respuesta formal en 24 horas sobre las acciones correctivas.

El decreto de agosto de 2026 sostiene que la contratista había guardado silencio frente a esas órdenes. Las advertencias técnicas estaban documentadas desde septiembre, octubre y noviembre del año anterior.

Al fundamentar la segunda rescisión, el municipio describió incumplimientos graves vinculados con las bases y la seguridad de la obra y cuestionó la falta de profesionalismo y responsabilidad de PMP. Esa misma administración había dejado sin efecto la primera rescisión para sostener a la empresa al frente del proyecto.

Con un 58,62 por ciento de los trabajos pendiente, el Ejecutivo exigió devolver la parte del anticipo financiero que no había sido compensada mediante certificados de avance. El reclamo ascendió a 334.154,42 UVI, actualizables al momento del pago, con un plazo de 48 horas desde la notificación.

El municipio argumentó que reclamar el dinero a valores históricos, cuando el contrato había sido actualizado en UVI, beneficiaría a la empresa en perjuicio de las cuentas públicas.

Por separado, intimó a PMP a depositar 11.449.261,04 en concepto de garantía de cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de cobro judicial o ejecución de la póliza emitida por Gestión Compañía Argentina de Seguros SA.

También ordenó tomar posesión de la obra, realizar mediciones e inventarios, retener créditos y fondos de garantía e iniciar, si correspondía, acciones judiciales contra la contratista o su aseguradora. La exclusión del registro de proveedores impide una nueva inscripción durante dos años.

Las viviendas no fueron el único contrato de PMP que terminó rescindido en Morón durante 2026. En enero, la gestión de Ghi había dispuesto la finalización del vínculo para construir el nuevo edificio de la escuela primaria Nro. 50, adjudicado por 389.426.265,50.

Boletín de la segunda quincena de enero de 2026, páginas 14 y 15. Decreto 72/2026: rescisión de la obra de la escuela primaria Nro. 50 y reclamo de los 29.467.309,08 pendientes del anticipo.

En aquel expediente, el municipio dejó asentado un saldo de 29.467.309,08 del anticipo financiero sin reintegrar e intimó a devolverlo. La rescisión escolar se encuadró en fuerza mayor por el desequilibrio económico del contrato. En las viviendas, en cambio, el Ejecutivo atribuyó expresamente la responsabilidad a la contratista.

Documentos posteriores revisados por REALPOLITIK, por lo menos hasta la primera quincena de octubre, no aportan una confirmación de que se haya recuperado aquel saldo de la escuela. Tampoco acreditan el cobro de los reintegros exigidos por las viviendas.

El balance documentado del proyecto habitacional es concreto: una licitación de 2021, dos rescisiones, una continuidad negociada con la misma empresa y menos de la mitad de la obra ejecutada al momento de la ruptura definitiva. La segunda oportunidad que autorizó Ghi terminó con nuevas fallas constructivas, reclamos sobre fondos anticipados y la expulsión de PMP del registro municipal. (www.REALPOLITIK.com.ar)