Una operatoria inmobiliaria que comenzó en 1999, tres empresas constructoras, terrenos ubicados en cuatro municipios bonaerenses y un proyecto destinado a facilitar el acceso a la vivienda de familias de bajos recursos. Lo que originalmente debía convertirse en una iniciativa habitacional terminó transformándose en un conflicto que lleva casi tres décadas y que, según reconoce el propio gobierno de Axel Kicillof, podría derivar en situaciones de desalojo.

La historia quedó expuesta en la resolución 2218/2026 del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, firmada por Andrés Larroque el pasado 22 de octubre y publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense.

Mediante ese acto administrativo, la provincia decidió rechazar la suscripción de un acuerdo con las empresas Luen SA, Catangel SA e ITV SA, que pretendía resolver reclamos pendientes derivados de una operatoria inmobiliaria iniciada hace 27 años.

El motivo es particularmente significativo: los terrenos que las empresas buscaban recuperar se encuentran, en buena parte, ocupados por familias que los utilizan como vivienda permanente. Y el convenio proyectado no contemplaba qué ocurriría con ellas en caso de concretarse la restitución de los inmuebles.

Un negocio inmobiliario que comenzó hace 27 años

Los antecedentes del caso se remontan a 1999, cuando las tres empresas participaron de una operatoria impulsada por la entonces subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda, en el marco del programa de Asentamientos Planificados.

El mecanismo contemplaba la participación de desarrolladores privados en proyectos destinados a facilitar el acceso al suelo y a la vivienda. Según consta en la resolución, las empresas transfirieron a la provincia el dominio fiduciario de cuatro inmuebles por un plazo de 30 años.

A cambio, asumieron el compromiso de construir viviendas y ejecutar las obras de infraestructura necesarias para permitir el asentamiento de familias. El Estado provincial, por su parte, debía transferir finalmente el dominio pleno de las parcelas subdivididas a los beneficiarios designados.

No se trataba, por lo tanto, de una donación de tierras ni de un emprendimiento inmobiliario tradicional. Era una operatoria que combinaba la participación empresarial con una finalidad social y obligaciones asumidas por ambas partes.

Sin embargo, al poco tiempo del inicio de las obras, ocurrió lo que ya se transformó en una historia repetida en la provincia de Buenos Aires. Numerosas familias aparecieron en micros y camiones y, de un día para el otro, tomaron los predios y se instalaron en las casas a medio hacer por las empresas desarrolladoras.

Daniel Scioli.

Un intento de acuerdo durante el gobierno de Scioli

El conflicto llegó formalmente a una instancia de negociación durante la gobernación de Daniel Scioli. El 2 de junio de 2015, la entonces subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda elevó a consideración de los organismos de control un proyecto de convenio con las tres empresas, que se habían quedado sin el proyecto de urbanismo y, hasta el momento, perdieron además las tierras.

En representación de las compañías intervino Eduardo Caccianini, quien actuaba en nombre propio y como apoderado de LUEN SA, Catangel SA e ITV SA.

El propósito del acuerdo era poner fin a los reclamos pendientes derivados de la operatoria iniciada en 1999. La solución contemplaba la restitución de inmuebles a las empresas, aunque el documento publicado no precisa las contraprestaciones ni las condiciones completas de esa eventual devolución.

Lo llamativo es que el convenio nunca llegó a concretarse y, más de una década después de su presentación, continuaba bajo análisis administrativo.

La documentación pasó por distintas instancias y llegó a un nuevo expediente iniciado en 2024, ya durante la gestión de Kicillof. Finalmente, en octubre de 2026, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, decidió rechazarlo. Es decir, entre la propuesta original de acuerdo y su desestimación transcurrieron más de once años, mientras que el conflicto inmobiliario que se pretendía resolver llevaba 27.

Andrés Larroque y Axel Kicillof.

Terrenos ocupados y un conflicto sin resolver

La resolución permite conocer la situación actual de buena parte de los inmuebles. Según el propio ministerio de Desarrollo de la Comunidad, los predios involucrados en La Matanza, Quilmes y Merlo se encuentran completamente ocupados por familias que los utilizan como vivienda permanente. Hoy, esos tres distritos se encuentran controlados por el ultrakirchnerismo a través de los intendentes Fernando Espinoza, Mayra Mendoza y Gustavo Menéndez respectivamente.

La documentación también identifica dos de esos asentamientos en los registros oficiales de barrios populares, lo que introduce una dificultad jurídica adicional. En efecto, la legislación nacional contempla la suspensión de las medidas judiciales de desalojo en inmuebles incluidos en el RENABAP. El problema es que esa protección no resuelve automáticamente las obligaciones contractuales originarias, los eventuales reclamos económicos de los desarrolladores ni la regularización definitiva de las viviendas. (www.REALPOLITIK.com.ar)