Rubén López, secretario General de la junta interna de ATE IOSFA, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas y la incertidumbre que enfrentan sus trabajadores ante el proceso de reorganización impulsado por el gobierno nacional. En ese sentido, manifestó: "Estamos realmente muy pero muy angustiados con la situación que estamos atravesando", y advirtió sobre el riesgo de que miles de familias pierdan su fuente de ingresos.

El dirigente gremial cuestionó la resolución 709 del liquidador de IOSFA, Gonzalo Secchi, que modificó las condiciones de contratación del personal. Según explicó, trabajadores que pertenecían a la planta permanente fueron pasados a contratos laborales con vencimiento el 30 de noviembre. "En esa resolución él pasa a toda la gente que era planta permanente a contrato laboral", señaló López, quien sostuvo que la medida genera una situación de extrema incertidumbre en todas las dependencias del país.

En relación con el impacto sobre los afiliados, López confirmó que las farmacias propias de la obra social dejaron de funcionar y denunció el cierre de centros médicos y delegaciones sin información previa a los usuarios. "El sábado fue el último día que las farmacias abrieron", precisó. También advirtió que hay afiliados que quedaron sin atención médica en lugares donde los centros propios representaban la única alternativa sanitaria disponible.

El representante de ATE IOSFA también enumeró el cierre de delegaciones en distintas provincias y localidades, entre ellas Catamarca, San Juan, La Plata y Zárate. Además, cuestionó la centralización de la atención en el Hospital Militar Central, en la Ciudad de Buenos Aires, sin una comunicación clara a los afiliados. "El nivel de brutalidad que está teniendo esta gestión, este liquidador Gonzalo Secchi contra los trabajadores y contra el afiliado", expresó.

López rechazó que las decisiones respondan a una simple reorganización administrativa y reivindicó el papel de los empleados en el funcionamiento de la obra social. En ese sentido, recordó que muchos trabajadores tienen más de tres décadas de trayectoria y mantienen un vínculo directo con los afiliados. "Somos los principales hacedores de que esta obra social funcionara y funcionara siempre, independientemente del gobierno de turno", remarcó, al cuestionar la falta de reconocimiento a la experiencia del personal.

Despidos e incertidumbre entre los trabajadores

Sobre la situación laboral, el dirigente confirmó que comenzaron a llegar notificaciones electrónicas que establecen el vencimiento de los vínculos contractuales para el 30 de noviembre. Según explicó, se trata de empleados que durante años pertenecieron a la planta permanente y que ahora fueron alcanzados por una modificación de su situación laboral. "Ahí tenés la trampa que ha hecho el gobierno", sostuvo al describir el mecanismo que, a su entender, facilita la desvinculación de los trabajadores.

En esa línea, López cuestionó que las autoridades pretendan conformar una estructura de apenas mil empleados, sin informar quiénes continuarán trabajando. Frente a los aproximadamente 2.450 trabajadores que integran actualmente la obra social, denunció que no existen garantías sobre la continuidad laboral de ninguno. "No hay ningún trabajador que te pueda dar garantía que sigue o que no, de los 2450 que somos", advirtió, y expresó la bronca y la impotencia que atraviesa el personal.

El secretario General también cuestionó la incorporación de nuevos funcionarios y asesores externos mientras avanzan las desvinculaciones. Mencionó la llegada de profesionales provenientes del PAMI y de hospitales privados, y denunció diferencias entre los salarios de los trabajadores que podrían perder sus puestos y las remuneraciones de los nuevos integrantes de la estructura. "Te echan trabajadores que están cobrando entre 700 y 1.700 y te traen gente con sueldos millonarios", afirmó.

Frente a este escenario, López adelantó que el gremio recurrirá a la Justicia para cuestionar la resolución del liquidador y continuará con las medidas de protesta en todo el territorio nacional. Tras una reunión virtual con cerca de 40 delegados de distintas provincias, explicó que comenzaron a organizar acciones locales y que evalúan realizar una marcha federal antes de fin de mes. "Nosotros vamos a judicializar esta medida, esa resolución obviamente, pero también vamos a empezar a hacer medidas gremiales locales en cada provincia", anticipó.

Finalmente, el dirigente cuestionó la falta de respuestas del ministerio de Defensa y reveló que el canal de diálogo que se había habilitado quedó cerrado, sin reuniones previstas con el ministro. Además, reclamó que las autoridades escuchen a los trabajadores antes de avanzar con la desintegración de la estructura actual. "Si él quiere realmente tener una obra social tiene que ser con los trabajadores adentro, no echando trabajadores", concluyó López, quien insistió en que el personal constituye el principal patrimonio de IOSFA. (www.REALPOLITIK.com.ar)