Luis Arias, secretario de Coordinación de la municipalidad de La Plata, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre las irregularidades vinculadas al desarrollo inmobiliario durante la gestión del exintendente Julio Garro, la falta de planificación urbana y la necesidad de reformar el sistema judicial. En ese marco, cuestionó los negocios detrás de los loteos y sostuvo: "La gestión de Garro particularmente estuvo muy ligada a los intereses inmobiliarios, a los negocios inmobiliarios".

El exjuez y actual funcionario municipal recordó que durante su paso por el Concejo Deliberante había denunciado reiteradamente las irregularidades vinculadas con los desarrollos inmobiliarios. En particular, apuntó contra los emprendimientos realizados sobre el eje de la avenida 467 y la zona de 141, donde, según explicó, existieron operaciones que beneficiaron a desarrolladores privados. Sobre uno de esos emprendimientos, afirmó: "La Cañada II fue el emblema máximo de la corrupción".

Para explicar el mecanismo de estas operaciones, Arias describió cómo la rezonificación de tierras rurales permite multiplicar su valor sin realizar inversiones proporcionales. Según ejemplificó, un terreno adquirido por 30 mil dólares puede subdividirse y comercializarse en lotes de 100 mil dólares cada uno. En ese sentido, estimó que uno de los desarrollos cuestionados representó una ganancia millonaria para sus impulsores: "Nosotros calculamos un negocio de 52 millones de dólares, que se queda el desarrollador".

Arias también cuestionó el destino de los recursos que debían ingresar al municipio por la plusvalía generada a partir de esos cambios urbanísticos. Según explicó, esos fondos no fueron destinados a los barrios populares, como establece la Ley de Hábitat, sino que terminaron favoreciendo al propio emprendimiento inmobiliario. "La cesión de tierra que tienen que hacer obligatoriamente por la subdivisión, en vez de hacer una delegación en Colonia Urquiza como se pensaba u otras obras a favor del municipio, hicieron la rotonda a favor de ellos mismos", denunció.

El funcionario sostuvo que la especulación inmobiliaria no constituye un fenómeno aislado, sino que atraviesa distintas administraciones de la ciudad. En ese sentido, recordó antecedentes de gobiernos anteriores y cuestionó la rentabilidad que obtienen los desarrolladores a partir de las modificaciones normativas. "No creo que haya un negocio más grande que subdividir la tierra", afirmó, y advirtió que la densificación urbana también genera beneficios privados mientras los costos de infraestructura terminan siendo absorbidos por el conjunto de los usuarios.

Al referirse a las inundaciones, Arias planteó que el problema de La Plata no puede analizarse exclusivamente desde la falta de obras hidráulicas, sino que requiere revisar el modelo de ocupación territorial. Recordó que muchos barrios se desarrollaron sobre antiguos cauces y planicies de inundación, sin contemplar adecuadamente las características del suelo. "La inundación no fue un problema de la naturaleza. Mucha gente dice lo ve de esa manera, como que es un problema de la naturaleza y no es un problema de la naturaleza", explicó.

En esa línea, el secretario de Coordinación advirtió que la ciudad debe abandonar la idea de que la infraestructura puede imponerse sobre cualquier condición ambiental. También señaló que las obras hidráulicas tienen límites de diseño y no pueden garantizar la protección absoluta frente a precipitaciones extraordinarias. "Tenemos que urbanizar en lugares seguros", remarcó, y agregó que es necesario desarrollar políticas de relocalización para quienes viven en zonas de riesgo y preservar los terrenos inundables.

Una empresa social para generar lotes a bajo costo

Frente a esta problemática, Arias adelantó que trabaja desde el Centro de Estudios Interdisciplinarios en un proyecto regional para crear una empresa social de hábitat. La iniciativa buscaría replicar el mecanismo de los desarrolladores inmobiliarios, pero con una finalidad distinta: generar terrenos urbanizados a precios accesibles, incorporando servicios y alternativas de financiamiento. "Queremos crear una empresa de hábitat, una empresa social de hábitat que haga lo mismo que los desarrolladores, pero en vez de quedarse con la plata, venda lotes más baratos", explicó.

El proyecto también contempla articular políticas de vivienda, transporte y planificación entre los seis municipios que integran la Región Capital. Para Arias, la generación de nuevos lotes sociales permitiría ampliar la oferta habitacional y contribuir a reducir los costos de las viviendas y los alquileres, especialmente para estudiantes y familias. En ese sentido, consideró que no alcanza con avanzar en las causas judiciales, sino que es necesario evitar que vuelvan a producirse este tipo de operaciones.

Durante la entrevista, Arias también se refirió al libro escrito por Julián Axat sobre su trayectoria judicial y las estructuras de poder dentro de la Justicia. Allí se aborda, entre otros aspectos, el proceso de selección de magistrados y las influencias políticas que intervienen en las designaciones. Al respecto, destacó que el trabajo expone cuestiones que habitualmente permanecen ocultas dentro del sistema: "La verdad, el libro dice absoluta, crudamente la verdad. Me deja muy expuesto".

Finalmente, rechazó la elección popular de los jueces por considerar que podría quedar condicionada por el financiamiento de las campañas y los intereses económicos y mediáticos. Sin embargo, propuso ampliar la participación ciudadana en la designación y remoción de magistrados, además de crear un observatorio que controle el funcionamiento del Poder Judicial. "Tenemos que incorporar al pueblo en las decisiones fundamentales, en este caso audiencias públicas, pero efectivas", sostuvo. Y concluyó que es necesaria "una reforma judicial profunda" para mejorar el funcionamiento de la Justicia y garantizar un mayor control social. (www.REALPOLITIK.com.ar)