La exoneración de una investigadora que estudió la presencia de agroquímicos en el ambiente y el cuerpo humano desató cuestionamientos contra las autoridades del organismo. Sebastián Fajardo, delegado de ATE, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y denunció presiones del agronegocio, persecución a trabajadores y un fuerte recorte presupuestario que amenaza el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Fajardo explicó que la doctora Virginia Aparicio, investigadora con más de 20 años de trayectoria en el organismo, fue exonerada por su participación en un proyecto internacional que analizó la presencia de residuos de agroquímicos en el agua, el ambiente y las personas. "La exoneración es la máxima pena que te puede dar el Estado Nacional porque a partir de esa medida no puedes trabajar más en ninguna repartición del Estado nacional", advirtió.

El delegado de ATE detalló que el trabajo se desarrolló entre 2021 y 2022 en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con la participación de 73 voluntarios. Se realizaron análisis de sangre, orina y materia fecal, además de estudios del polvo de los hogares. Según indicó, la publicación de los resultados fue prohibida inicialmente en 2023. "Los resultados han arrojado que en la orina el glifosato se ha encontrado en el 84 por ciento de las pruebas", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que una investigación desarrollada con autorizaciones institucionales terminara con la máxima sanción disciplinaria para su responsable. "Ella hizo todo un trabajo institucional, no es que se largó en forma solitaria, sino que fue teniendo todas las autorizaciones necesarias a nivel institucional para avanzar en este proyecto internacional", remarcó.

Fajardo también vinculó la medida con las presiones de los sectores económicos relacionados con la producción agropecuaria. Según planteó, los resultados de la investigación generaron incomodidad entre empresas y organizaciones vinculadas al agronegocio. "Acá se superponen una cuestión comercial a la salud pública", denunció, y señaló que el Consejo Directivo del INTA cuenta con representantes de organizaciones de la Mesa de Enlace.

Al referirse a las razones administrativas utilizadas para justificar la exoneración, el dirigente sindical consideró que los argumentos no son sólidos y que la medida tiene un carácter disciplinatorio. "Quieren dar el ejemplo también para que a cualquiera que se le ocurra investigar algo parecido a esto lo piense dos veces antes de hacerlo", afirmó. Además, recordó que otros trabajadores fueron suspendidos por cuestiones vinculadas con el mismo expediente.

El delegado advirtió que el caso de Aparicio no constituye un episodio aislado, sino que se inscribe en un proceso de restricciones a la investigación científica. Como antecedente, mencionó situaciones de investigadores que dejaron de recibir financiamiento por estudiar los efectos de determinadas prácticas productivas. "Hay distintas herramientas disciplinatorias que van de menor a mayor", explicó, al tiempo que sostuvo que la exoneración representa el extremo de ese mecanismo.

El achicamiento del organismo y la pérdida de trabajadores

Por otra parte, Fajardo recordó el cierre de la experimental AMBA y de la Agencia de Extensión Rural de La Plata, decisiones que afectaron las tareas territoriales que desarrollaba el organismo. Aunque la intervención sindical permitió evitar despidos y reubicar trabajadores, aseguró que se perdió capacidad de trabajo en las áreas para las que fueron formados. "Hoy no estamos pudiendo trabajar en el territorio, nos estamos dedicando a otras tareas diferentes a las que nos hemos formado", lamentó.

En relación con la reducción de personal, precisó que el INTA comenzó la actual gestión nacional con aproximadamente 7.000 trabajadores y actualmente cuenta con menos de 5.000. Entre retiros voluntarios, despidos y contratos no renovados, también se produjo la salida de investigadores con amplia trayectoria. "Hemos perdido compañeros de trabajo con mucha trayectoria que probarán suerte por otro lado, por el sector privado o en algún otro país", señaló.

Finalmente, Fajardo alertó sobre el impacto que podría tener el proyecto de presupuesto nacional para 2027 en el funcionamiento del INTA. Según explicó, la iniciativa elimina una fuente de financiamiento vinculada con un porcentaje de las importaciones, que representa más de la mitad de los recursos presupuestarios actuales del organismo. "Si se llega a aprobar el presupuesto 2027 que tiene armado el gobierno, el año que viene el INTA no sé qué va a hacer directamente", advirtió.

En cuanto a las medidas gremiales, sostuvo que ATE combina movilizaciones, acciones sindicales y propuestas para discutir el futuro de la institución con sus autoridades y representantes sectoriales. En ese marco, convocó a participar de una concentración el miércoles a las 10 en el INTA Central, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar la exoneración de Virginia Aparicio y reclamar por la situación del organismo.(www.REALPOLITIK.com.ar)